viernes, 1 de febrero de 2008

¿Leyes para atrás o para adelante?

Dos normas legales de reciente aparición motivan mi interés. El contraste entre ambas no puede ser más llamativo.

Por un lado, la ley de Promoción del Desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la Nación (29164), es motivo de discusión pública apasionada; en mi opinión, es una clara exhibición de desencuentros que hay que leer con atención. La otra ley, en cambio, es francamente oscura: la 29181 - Ley de Ejercicio Profesional del Bibliotecólogo, que nos muestra cómo un grupo pequeño de profesionales puede intentar crear un entorno laboral ridiculamente estancado solo para "proteger" a dicho grupo. Pero en ambas se ve claramente que nuestro sistema político es incapaz de comunicar con claridad, pero tampoco de identificar cuáles son los verdaderos cuellos de botella para hacer avanzar al país.

Me explico: la controvertida ley 29164 ha sido rebautizada como "ley privatizadora de monumentos", lo que es francamente risible. Queda claro en su texto que se trata de facilitar el aprovechamiento de los espacios circundantes de los monumentos nacionales, lo que en principio está bien. Queda claro también que no se trata de una idea de implementación automática, no solo porque se consideran ciertos controles, sino porque es obvio que no todos los monumentos resultarán atractivos para el tipo de inversión que se quiere buscar, digamos apitucada o de turista caro. El jueves por la noche, Cecilia Bákula, directora del INC, decía que la intención era lograr crear espacios en donde se pudiera tomar un café, o visitar una librería, en un ambiente simpático gracias al monumento. Una especie de bella música de fondo, o un papel tapiz simpático.

Se repite constantemente el ejemplo de la Huaca Pucllana, donde hay un restaurant (que no conozco porque nadie me ha invitado a ir) que apunta a ser no solo caro, sino a esa indefinible categoría que en Lima llamamos simplemente regio. Similarmente, pero en un espacio privado, el museo Larco Herrera, en la avenida Bolívar de Pueblo Libre, cuenta con un café Gastón Acurio design, con carta regia, tragos regios y ambiente ídem, y precios altos.

Ergo, ahí está el problema inicial: este diseño apunta a tirar para arriba la experiencia patrimonial, a convertir espacios monumentales en sitios regios en donde uno se pueda sentir ídem, y que con la plata que generan permitan sostener el monumento. Obviamente, esto implica inversiones altas a cargo de operadores con bolsillos hondos; obviamente, fuera de Lima, esto implica sacar de juego a los operadores locales, desde el señor con su restaurant decente pero finalmente modesto, hasta a la mamacha que vende chups, para ser reemplazados por Gastón Acurio, Crisol o quizá hasta Starbucks. Así se pone en valor el monumento, sin duda, pero también se lo arranca de la comunidad y se lo "privatiza", no porque sea de otros, sino porque ahora es usado, usufructuado y produce plata para otros.

¿No hay nadie que se dé cuenta que esto es garantía de pleito? Personalmente no creo que sea una mala idea pero lo que en inglés se conoce como gentrification es un proceso que efectivamente transforma los espacios públicos de locales a globales, quitándoles personalidad y ablandándolos hasta hacerlos no más que otra versión de lo que hay en todas partes. Es la crítica a lo que Giuliani hizo en Times Square, que dejó de ser un antro con personalidad para pasar a ser Disney con tráfico. El "color local" en nuestro país puede ser infame, y arruinar la experiencia a muchos turistas, pero eso no le quita que a lo que apunta esta ley es a sacar de juego a los locales en beneficio de la experiencia "globalizada".

Por lo menos, esto debería ser motivo de comprensión y de diálogo abierto. Claro está, hay cavernícolas de izquierda que aprovechan esto, hay intereses creados que alucinan la oportunidad perfecta, y finalmente hay un sentido de propiedad completamente necio, que hace preferible, hasta deseable, la exhibición constante de pobreza antes que la modernización, si esto significa el abandono de lo "nuestro" y la salida de los "nuestros". Pero todo esto no niega que hay una razón para que este intento de modernización sea mal visto por muchos, y que merecería una discusión menos excluyente que la promovida por Jaime de Althaus y similares liberales.

Y por el otro lado, mientras el gobierno y el Congreso apuestan a la modernización con forma de gentrification, tenemos la ley de ejercicio de los bibliotecólogos (bibliotecarios, prefiero yo, que me parece menos acomplejado). Mis colegas buscan desde que tienen colegio, hace 18 años, una ley que prohiba que nadie sin título y colegiación pueda trabajar en una biblioteca, centro de documentación o unidad de información. Ya tienen su ley.

Asumo que ocurrirán dos cosas: nadie le hará caso, cambiándole el nombre a la biblioteca, evadiendo lo que haya que evadir o simplemente cerrando la biblioteca o unidad de información cuando el ministerio de trabajo moleste mucho con el tema (si lo llega a hacer, considerando que hay abusos laborales mucho más importantes que enfrentar). La otra cosa que asumo es que la condición de las bibliotecas no mejorará ni empeorará, y que la calidad de la educación, los servicios de información y un largo etcétera seguirán siendo determinadas por las mismas variables de siempre: cantidad y calidad de inversión, constancia de la inversión, y seriedad del esfuerzo, pero fundamentalmente lucidez a la hora de percibir la importancia de contar con buenos servicios de información en manos de buenos profesionales. Así como hay buenos, bibliotecarios colegiados malos los hay; gente competente, hábil y profesional, con estudios parciales de bibliotecología o con cursos cortos apenas, también la hay. Nada logramos dejando a los primeros y negándoles espacio a los segundos.

¿Y cómo es posible que un Congreso que apuesta a modernizar con una ley haga algo tan decimonónico con otra? Pues qué mejor demostración de la ceguera de nuestra clase política. No la ven, solo hacen lo que algunos les dicen que hay que hacer...

Este post sirve además como confirmación ulterior de que este blog no es sobre tecnología...

3 comentarios:

Roberto dijo...

eduardo, sobre la ley 29164, creo que hay ciertas confusiones. en primer lugar, porque hay un problema de fondo, y es el relacionado con la protección del patrimonio arqueológico. a partir de esa ley, en efecto, el estado cede una vez más la inversión sobre los restos arqueológicos y entra a la lógica del autosostenimiento sobre la cultura. en resumen, el estado se lava las manos para invertir en investigación y conservación en arqueología.

el caso de la huaca pucllana, por otro lado, es sumamente interesante. interesante porque el modelo regio, como le llamas tú, es reciente y terminó en el cese de las investigaciones allí (con la salida de isabel flores). la inversión privada no aseguró la continuidad de un equipo de investigación y conservación. y si estamos hablando de un modelo regio, ¿cómo serán los otros modelos?

eso es básicamente porque le estás entregando la política de manejo del patrimonio arqueológico a las operadoras de turismo. ¿privatización? claro, porque lo que vas a hacer es privatizar el manejo.

Eduardo Villanueva dijo...

Roberto, coincido contigo en todo. Esto no me impide pensar que en ciertos casos y lugares, podría ser interesante este tipo de actividad. Lamentablemente, la lógica predominante en nuestra patria haría que, en base a la ley, la única manera de gestionar patrimonio fuese la concesión regia, ignorando las necesidades de investigación y la identificación popular con ciertos espacios. Es un tema que debería conversar más, no simplemente acribillar al enemigo con epítetos que no llevan a nada.

javier dijo...

Eduardo:

En última instancia ¿Se ha abandonado ya el concepto de servicio público que se tenía en el siglo XX? ¿La idea de un Estado garante del patrimonio -cuyo deber ha de ser el protegerlo y hacerlo accesible a todos sus ciudadanos- ha quedado en el desván (de piedra) de los cavernícolas de izquierda?