miércoles, 26 de febrero de 2014

Razones para no aceptar el proyecto actual de ley universitaria

Este artículo fue preparado en enero de 2014, pero lamentablemente no pudo ser publicado en su momento. Lo coloco aquí porque creo que los argumentos son válidos. 

El debate de las últimas semanas sobre el proyecto de Ley Universitaria ha devenido en calificativos que demuestran la pobreza de nuestra discusión pública. Sin duda tenemos un serio problema de mala calidad en la oferta universitaria, con universidades públicas y privadas ofreciendo formación pobre, sin recursos y sobre todo sin perspectivas. Se enseña sin mirada de futuro, desde las certezas inconmovibles del pasado; no se ve a la universidad como un camino para definir nuestro porvenir colectivo.

Pero centrar la discusión en la mala calidad, como lo hacen tanto las partes como el proyecto mismo, es el camino menos adecuado para cambiar nuestra universidad. Tampoco sirve que el énfasis del proyecto sea un formalismo singular, con insistencia en medidas universales sin más sustento que un prejuicio positivo. Si se mantienen los mismos docentes, los mismos recursos y las mismas facilidades para el trabajo académico, ¿qué se puede lograr obligando a contar con burocracia institucional para la investigación? Sin duda habrán resultados, pero serán “investigaciones” irrelevantes, sin impacto más allá del juicio burocrático de cada universidad. Es decir, se continuará con la universidad anclada en el pasado y mirando siempre hacia dentro suyo, sin vocación de dirigirse hacia las necesidades de la sociedad, y comparándose con las universidades del resto del mundo.

Se plantea en el proyecto que no haya reelección de autoridades universitarias, y el subtexto que lo explica es que así se combate la corrupción. ¿Y qué pasa con las universidades en donde no hay corrupción pero la continuidad institucional, el aprendizaje de la gestión y la formación de cuadros sí están bien encaminadas? Se demanda que tanto bachilleres como licenciados hagan tesis; ¿acaso las fabricas de tesis disminuirán su trabajo? ¿La calidad de los asesores se incrementará automáticamente? ¿Y qué pasa con las universidades que han diseñado sistemas más efectivos y eficientes para lograr la licenciatura?

Aquí yace el principal problema del proyecto. Obsesionado por acabar con lo malo, decide que el problema es que hay universidades de mala calidad. No se hace nada para lograr que las universidades adecuadas sean mejores, que las universidades regulares sean buenas. Es más, se arrastra a las universidades que ya funcionan hacia un modelo orientado a solucionar problemas precisos con lo que probablemente sean paliativos cuando no fracasos. La corrupción en las universidades no es resultado de la ley: como las normas de adquisiciones del estado, que no impiden la corrupción pero que crean tantas complicaciones que hacen cada vez más difícil lograr objetivos sin perder tiempo que no tenemos, las universidades tendrán más barreras para funcionar bien mientras que la corrupción encontrará cómo filtrarse. La idea que las elecciones generales para elegir autoridades solucinarán el problema de la corrupción ignora que no hay evidencia para sustentar ese punto de vista, pero sí hay suficiente experiencia de caos y parálisis cuando toda la universidad dedica toda su atención a elegir autoridades.

En suma, el proyecto de ley cree que puede crear buenas universidades simplemente haciendo que las malas dejen de serlo. Desde todos los campos se discute la urgencia de repensar las estrategias de crecimiento económico del país, que parecen estar agotándose; no basta con buena gestión de las cuentas públicas y estabilidad macroeconómica. Este proyecto es lo mismo aplicado a las universidades, con el agravante de creer que la ley y los mandatos institucionales serán suficientes para hacer que la desaparición de malas universidades ocurra; luego surgirán solas las buenas. No es así.
Tener buenas universidades requiere tener buenos profesores; requiere que no intenten hacer de todo, sino lo  que funcione en el contexto en que se encuentran: no toda universidad tiene que estar orientada a la investigación, pero tiene que contar con profesores que puedan hacerla si se les da los medios y la oportunidad. Sin duda la acreditación es necesaria, y sin duda necesitamos más investigación. Pero la acreditación por sí misma no soluciona nada, y la investigación no quiere decir que una universidad sea relevante para el país. Estamos confundiendo indicadores con evidencia: la acreditación es un indicador, que se basa en evidencia.

Mucho más positivo para la marcha del país sería financiar el fortalecimiento de un grupo de universidades elegidas por concurso público, no por designación legislativa, y que incluya a las privadas, que ya dan mucho y muy bueno para el país; asegurando que cumplan con estándares internacionales, desde la formación básica hasta la investigación avanzada. La corrupción debe investigarse y extirparse; pero creer que las normas solas se harán cargo, y que no tener corrupción compondrá la universidad peruana, es erróneo, y condenará a esta potencial ley a ser inefectiva y sobre todo, dañina para lo que ya funciona. Mejor descartarla, y definir cómo fortalecer lo bueno y combatir lo malo por separado, con menos intervencionismo y más compromiso de todos.