lunes, 30 de diciembre de 2013

2013: interés público, libertad y regulación, o destazemos al monstruo.

Fijarnos en tecnologías el 2013 es como medio inútil. Ha sido un año sin nada particularmente destacado. A nivel peruano, la relativa decepción que ha sido la concesión de la red troncal de telecomunicaciones indica que el despliegue de infraestructura de alta velocidad puede ser problemático, pero ya tenemos el fracaso de Viettel como cuarto proveedor de móviles como ejemplo que no se está haciendo la tarea bien y que nuestras concesiones en telecomunicaciones no están resultando atractivas. Problemilla por enfrentar, ojalá que con decisión, y pronto.

Lo más interesante en el mundo y en el Perú está en lo político, específicamente en el tema de las libertades individuales. A nivel global, Edward Snowden ha puesto en el disparadero el grado de intrusión cotidiana que los Estados pueden ejercer sobre sus ciudadanos, y sobre todos los individuos del mundo; en el Perú, la libertad individual ha sido enarbolada por grupos empresariales para justificar comportamientos pre-modernos. Llamativo contraste.

Personalmente asumo que la libertad individual es el valor supremo, y lo mismo hace nuestra constitución, que coloca a la persona como el fin de la sociedad y por lo tanto del estado. Se supone que todo lo que hace o hará el estado será para mejorar las condiciones de vida de las personas, y el primer paso en esa dirección es el respeto de sus derechos. Lo demás debe estar subordinado a lo primero, tanto la acción del Estado como la acción de los mal llamados "ciudadanos corporativos", es decir las personas jurídicas, que solo son sujetos económicos, no ciudadanos integrales. Los derechos de las personas jurídicas son una ficción: se trata de garantías y seguridades jurídicas para su funcionamiento, pero no son comparables, no deben ser comparadas, con los derechos de las personas.

Entonces nos quedan las libertades individuales, de las cuales la de expresión es fundamental. Sin libertad de expresión no hay democracia ni actividad política que valga la pena: así de simple. Por ello la libertad de expresión y su secuela, la libertad de prensa, son incuestionables.

Pero esto es válido para los ciudadanos, no para las corporaciones. Las empresas de medios tienen libertad de expresión no porque ellas sean sujeto de esta libertad, sino por extensión de los ciudadanos que las constituyen. Hace tres siglos, esos ciudadanos podían necesitar de la libertad de prensa como garantía de su libertad de expresión, pero en la actualidad la inversión necesaria para hacer prensa es tan alta y la sostenibilidad tan dependiente de publicidad y similares, y la Internet facilita tanto la creación y distribución de contenido alternativo, que el resultado es que realistamente, los sujetos de la libertad de prensa son, casi en su totalidad, actores económicos, que no son sujetos de derechos, y ciertamente que no tienen libertad de expresión.

Tampoco es cuestión de negarle a los agentes económicos la libertad de expresión, pero la realidad indica que lo primero que busca el que monta un medio es defender su visión de la sociedad, que suele estar asociada a sus intereses. Entonces esto crea asimetrías: algunos exitosos agentes económicos terminan controlando el debate público. Esto no tiene que ser bueno, y demanda varios niveles de control.

Bajo el mismo principio que Snowden resulta siendo el héroe del año, y que llevó al cierre del News of the World en Inglaterra, el respeto a la intimidad es la primera clave, cosa que el Perú no funciona como es debido. Patéticas exhibiciones de morbo como el "caso Ciro", y la liberalidad con la que se usan grabaciones de origen ilegal y de interés público ínfimo sino inexistente, son un ejemplo de la absoluta falta de respeto de los medios por la intimidad. Primera falla del argumento mediático: si quieren que se respete su supuesta libertad de expresión, comiencen por respetar derechos más básicos, como el de la intimidad.

Pero en realidad el argumento es todavía más débil, porque si estamos ante corporaciones que no son sujeto de derecho, entonces lo único que corresponde es contrastar el ejercicio por extensión del derecho individual de expresión que hace un medio, con el interés público. Este último no está construido bajo principios comunistas, sino estrictamente liberales: el interés público es el interés por garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a sus derechos. Estar informados es uno de ellos. No tienen que estar correctamente informados, pero sí se puede exigir que los medios actúen de buena fe, y que no deformen el mercado de las ideas con sus intereses privados y sus posiciones de dominio, que alteran el flujo de las ideas porque alteran el funcionamiento "correcto" del mercado.

Entonces: si un medio o grupo de medios no respeta el interés público, sino que solo se dedica a defender sus intereses, debe ser sujeto de regulación. El Grupo El Comercio (GEC) no lo hace, y sigue actuando bajo el principio que lo único que debe representar es lo que le conviene; por lo tanto debería ser regulado. ¿Cómo? Simple: que venda parte de sus marcas y que su comportamiento en el mercado de distribución sea monitoreado y de ser necesario, sancionado. Dado su peso relativo y su ausencia de interés en el interés público, GEC debería ser obligado a desprenderse de las marcas que le permiten subvención cruzada y a retirarse de los mercados que le permiten amplificar su mensaje, reduciendo la diversidad. Que solo se dedique al negocio del diario que lleva su nombre; puede regresar a editar diarios si quiere, pero las marcas que han creado deben ser desprendidas y puestas a disposición de otros. Si un estudio serio determina que hay posición de dominio en el mercado de distribución y comercialización de impresos, debe obligarselo a que contrate servicios de terceros para esas actividades, terceros que deben tratar igual a todas las partes. Destazar al monstruo para que no vuelva a hacer daño...

Claro, jamás va a pasar. Esto requeriría que el presidente tenga interés real en el tema, que quisiera gastar capital político, que en el congreso hubiera un grupo organizado de congresistas pensantes capaces de enfrentar a las varias mafias... Esto no es un tema que se arregla con un Snowden, se arregla haciendo política, pero no parece haber quién la encarne.

Solo queda soñar con el paraíso liberal uruguayo, sanamente nombrado país del año por ese bastión stuartmilliano que es el Economist, y con que algún día no muy lejano Edward Snowden, el verdadero hombre del año (sorry, pero Bergoglio es el retórico del año), sea reconocido por la deuda que hemos contraido con él al mostrarnos la verdadera entraña de la razón de estado contemporánea. Ah, claro, siempre se puede soñar con un mundo mejor el 2014. Soñar no cuesta nada.

sábado, 14 de diciembre de 2013

Ley Universitaria: lo (mucho) malo, lo bueno (ausente)

El dictamen del proyecto de ley universitaria merece una revisión detallada: espero colgar una versión apostillada en unos días. Pero sí tengo una opinión general que es bien poco favorable de este proyecto, que en general abusa de retórica innecesaria, es redundante, demasiado regulatorio en donde no debería, y en exceso ingenuo respecto al poder de ciertas normas para controlar los peores aspectos de la tarea universitaria en el Perú.

Quizá la manera más simple de ilustrar el punto es destacar algunos vacíos llamativos, que hacen pensar en la coherencia general del trabajo realizado. Por ejemplo, miremos el artículo 3, la definición de universidad, que dice que la universidad es "una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia para brindar una formación humanista, científica y tecnológica a los futuros profesionales". Inmediatamente salta a la vista la insistencia en "futuros profesionales", es decir el énfasis en el pregrado; sin embargo, esta misma ley crearía obligatoriamente vicerrectorados de investigación e institutos de investigación en todas las universidades. Es perfectamente posible formar futuros profesionales de manera completamente adecuada sin tener burocracia de investigación, con poca o nula investigación sino apenas actualización (cosas distintas), incluso sin ser una comunidad académica; es decir, podemos tener buenas universidades orientadas a la formación profesional, distintas a aquellas que buscan concentrarse en la formación de graduandos en maestrías o doctorados. Esta distinción no aparece por ninguna parte, y más bien se insiste en el carácter formativo básico como universal, al mismo tiempo que se plantea la misma exigencia de investigación, como aspecto burocrático, en cada caso.

Por otro lado, se crea una autoridad nacional, la SUNEU, que tiene atribuciones generales como "diseñar políticas", junto con autoridad final sobre cosas tan precisas como la creación de programas o la cancelación de autorización de una universidad, supervisar el otorgamiento de grados y títulos mediante un procedimiento unificado, etcétera. Aclaro: no me parece mal la supervisión como principio, pero aquí se está planteando una burocracia enorme que tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para estar al día en todos los temas que puedan interesarle a una universidad. Pienso en cómo hará esta institución para supervisar a los colegas de Física o de Filosofía sin contar con gente tan bien acreditada como aquellos que estarían en las universidades mismas, tomando decisión sobre la formación doctoral en estas materias; inevitablemente, me pregunto si tiene sentido hacerlo, puesto que se supone que si estas personas abundasen en el país, no tendríamos una formación universitaria tan deficiente.

En suma: la ley pretende crear un modelo universal de educación superior sin considerar su conveniencia y viabilidad, a partir de un diseño institucional rígido y más bien arcaico. Al mismo tiempo se propone un sistema muy poderoso de control estatal de la educación superior universitaria, el cual sería ideal si no tuviera algunas rigideces innecesarias.

Este proyecto está claramente inspirado en la noción intuitiva que basta una buena ley para crear la realidad que queremos. Aparte de este voluntarismo, de por sí discutible, ignora lo que me voy a permitir llamar el Principio Dargent: todas las instituciones en el Perú se criollizan. Es decir, en el fondo el problema de la universidad no yace en la ley, sino en la manera como actuan las personas que constituyen las organizaciones y en lo que están buscando. Creer que impedir la reelección de autoridades universitarias hará que desaparezca la corrupción o que la calidad aumentará gracias a vicerrectorados de investigación y tesis de bachillerato, es ignorar que las universidades buenas hacen su trabajo porque se lo toman en serio y que las malas encontrarán la manera de funcionar bajo esta ley y seguir siendo corruptas o mediocres. El daño potencial para las buenas instituciones será rigidez y falta de continuidad, mientras que para las malas el efecto será trasladar la corrupción a otro nivel.

El riesgo de aprobar esta ley es terminar amarrados a un ordenamiento legislativo que por otros 20 años nos mantenga bajo las mismas condiciones que ya tenemos pero con apariencias distintas. Por eso no debería ser aprobada; no porque afecte la autonomía, sino porque no servirá para cambiar lo que necesitamos cambiar y hará que lo malo predomine sobre lo bueno.

Añadido del domingo 15: aquí está mi versión comentada del dictamen del proyecto de ley. Me reafirmo: es un proyecto nocivo y peligroso, y no por la SUNEU, sino por el controlismo y la rigidez con la que se ve el sistema universitario, y las inconsistencias y vacíos de la propuesta.