jueves, 30 de marzo de 2017

El espía en la caja: electrodomésticos, teléfonos y otras formas de saber qué es lo que estás haciendo

(Publicado en Brújula, de la Asociación de Egresados PUCP, marzo 2017).

Las recientes revelaciones sobre la capacidad de espionaje de la CIA usando electrodomésticos han causado una natural sorpresa. Si bien se refiere a aparatos relativamente antiguos, y en algunos casos con fallas corregidas por sus fabricantes, esta situación nos recuerda también revelaciones que en 2014 hizo Edward Snowden, de herramientas similares usadas por otra agencia de espionaje de EEUU, la NSA. Estamos ante casos de lo que se conoce como MASINT, o inteligencia de mediciones y reconocimiento, en donde se usa las características de un equipo para determinar ciertos comportamientos o datos. Esta complementa una forma mucho más tradicional de inteligencia, la llamada SIGINT o inteligencia de señales, que captura datos entre dispositivos con el fin de penetrar redes o computadoras. 

Entre lo más llamativo está un programa muy especifico Weeping Angel, desarrollado con la inteligencia británica y cuyo nombre es referencia a la serie de televisión de la BBC Doctor Who, donde se usa smart TVs para capturar imágenes usando la cámara que tiene el aparato. Aunque esto solo funciona con ciertos televisores Samsung y nada indica que uno actual tenga la vulnerabilidad específica que hace posible que Weeping Angel funcione, la idea que el televisor que tenemos en casa permita que un tercero nos vea es por lo menos inquietante. 

Esto es lo más interesante para el ciudadano de a pie. Pocos de nosotros seremos sujetos de vigilancia de un servicio de inteligencia con herramientas como estas, pero lo cierto es que hay muchas empresas internacionales que tienen acceso, formal o no, a estas herramientas, y que pueden usarlas para sus propios fines. Cada vez más aparatos domésticos están conectados a la Internet, y la seguridad de estos equipos es baja cuando existe; por lo tanto no es inverosímil que un actor privado, criminal o no, pueda espiarnos mediante electrodomésticos o dispositivos digitales. 

Por ejemplo, hace poco en Alemania se sacó de circulación la muñeca Cayla, que podía conversar con los niños y contaba con una cámara; se detectó que era fácil de hackear, y que todo tipo de persona podía obtener imágenes y videos de aquellos que jugaran con ella. Por otra parte, empresas como Hacking Team, de Italia, han vendido servicios a politicos en Mexico para espiar y hostigar a sus rivales, sin que sea posible detectar cómo ocurrió este abuso. Solo la atención de activistas permitió descubrir estos casos de privatización del espionaje, sin que el estado se enterara de nada en cada caso. Errores básicos de seguridad por parte de los usuarios facilitan el espionaje, como pasó con miembros del equipo de Hillary Clinton durante las elecciones de EEUU 2016. 


Es la privatización del espionaje, junto con la fragilidad de la seguridad digital en general, lo que hace necesario estar alertas. Saber qué está pasando en este campo y qué se puede hacer para evitar ser objeto de espionaje es tan urgente como saber como evitar que nos hackeen el correo, o que nos roben las cuentas bancarias. Las comodidades de la vida digital vienen con sus costos, y en este caso se trata de ser vigilantes con la vigilancia. 

viernes, 10 de marzo de 2017

Asuntos internos: 100

Entonces llegamos a ese punto en donde cumplimos 100 años. Nada despreciable cifra para una universidad peruana, especialmente una privada, puesto que la mayoría de estas fueron creadas a partir de los sesenta (andan por los cincuenta) o los noventa (anda por los veinte). Más todavía, cuando somos una anomalía regional: indiscutiblemente entre las primeras, a veces la primera universidad del país, considerando las variables habituales, lo común en América Latina es que ese rol sea de la universidad pública.

Las anomalías no terminan ahí: somos una universidad católica y pontificia que reivindica una herencia pero no obediencia, y que se asume y demanda ser reconocida como autónoma de la iglesia católica, sobre todo en los debates y decisiones en que el consenso académico occidental va a contrapelo de la posición de la iglesia; tras casi un par de décadas, se ha logrado consagrar un status quo aceptable con la jerarquía de la iglesia católica, a pesar de la mala fe de algunos de sus "príncipes", y finalmente se avizora cierta paz y relaciones cordiales, al menos con la curia vaticana. La PUCP además es una universidad con vocación cosmopolita en una sociedad que adolece de provincialismo y de nacionalismo: el Perú no se mira en el espejo de lo que pasa en el mundo y encima, opta por defender lo propio como virtud incluso cuando no lo es.

Sumémosle a eso que la PUCP está aceptablemente bien gerenciada: las cosas funcionan, casi nunca se pierde algo o un trámite se entrampa, se juega limpio y la influencia de familia y amigos es menor, subterránea y casi nunca tiene efectos oficiales (nadie te cambia las notas ya registradas porque es tu pata, digamos). Tiene servicios aceptables, bibliotecas y recursos académicos bastante adecuados, y un campus que a pesar de cierta sobrecarga estudiantil y de una perdida de civismo notoria, sigue siendo un lugar agradable.

Todo lindo, ¿no? Pues no todo. Mucho está pendiente y hay una serie importante de preguntas que hacerse.

Hay turbulencias. Tras los años de conflicto, no está claro el camino a futuro, entre otras cosas porque la necesidad de cohesión interna, el conservadurismo casi ontológico de la institución y la falta de espacios definidos para hacer política interna, han creado un gran vacío de liderazgo. Hace una semana que la Asamblea Universitaria tuvo que optar entre aceptar la entrega a disposición del cargo del equipo rectoral o una decisión sobre su continuidad, lo que era, si se me permite el giro mareado, ponernos entre Escila y Caribdis: no aceptar significaba dos años más de un equipo rectoral re-elegido para terminar un proceso con la iglesia católica que ya terminó; aceptar significaba aventarnos a una elección de rectorado en dos meses con poco o nada de preparación, más allá de manifestaciones individuales de interés que realmente no reflejan posiciones colectivas o siquiera grupos definidos de interés al interior de la universidad. Se optó, como suele ser el caso, por la salida menos desestabilizadora, pero la pregunta obvia es cuándo se comenzará a hacer política entre los profesores para pensar a dónde llevar a la universidad.

Hay un conflicto con los alumnos, de baja intensidad y más reflejo de intereses individuales que de una diferencia fundamental de posiciones sobre el propósito y la gestión de la universidad. Todavía resuena la decisión de acabar con el básico, "un derecho estudiantil", como una agresión institucional; esto demuestra la precariedad de la oposición, que está defendiendo un privilegio (alimentación subvencionada para todos) y no algo que realmente haga más asequible la universidad a aquellos que no cuentan con los recursos para pagarla. Hay protestas por los costos, pero son fragmentadas e inconsistentes. No hay un movimiento estudiantil, hay estudiantes movilizados: esto no es nuevo, sino reflejo de un país en donde la pequeña elite de clase media que formaba la PUCP hace cincuenta o cuarenta años ha sido reemplazada por una gran diversidad de estudiantes que vienen de entornos des-politizados, donde la reivindicación gremial es vista inherentemente como conflicto, en una caricatura del sindicalismo clasista de antaño. Ciertamente hay diferencias, pero estás se convierten en conflictos muy fácilmente, gracias también a la falta de oido de las autoridades, no hay que negarlo.

Hay proyectos superpuestos: mientras se inician grandes ideas como la escuela gastronómica, que parece a veces ser una suerte de refundación de la república por las escalas retóricas sobre la que se monta, facultades con diez o veinte años no están contentas con sus instalaciones o el acceso a recursos. Aparecen nuevas iniciativas y se multiplican las instancias administrativas: la vieja broma sobre la existencia de una versión particular PUCP de la segunda ley de la termodinámica (los puestos no se crean ni se destruyen, solo se transforman) parece ser tan válida como siempre.

¿Hay feudos? ¿Pequeñas provincias que reivindica soberanía casi como un estado federal? Algo de eso hay también. No hay como discernirlo porque la universidad ha optado por no definir con claridad como medir y evaluar el éxito o fracaso de sus varias instancias, con lo que no hay como juzgar si algo o alguien debería dejar de hacer lo que hace. Todo es más o menos intuitivo, lo que se presta a la arbitrariedad o al menos a un laisser passer que no hace mucho bien si nos pretendemos modernos y eficientes.

Pero se podría decir que en realidad todo esto no es más que una secuencia de detalles. Lo importante es el lugar que esta universidad, humanista, comprometida con el pensamiento científico y con la libertad de pensamiento, sin fines de lucro, cosmopolita, tiene o puede intentar tener en un país que parece ser todo lo contrario.

Recuerdo haber escuchado historias sobre el cincuentenario. Hubo un acto académico, naturalmente en el centro de Lima, quizá en el teatro Segura. Luego de los panegíricos, habló el presidente de la FEPUC (se me escapa en el recuerdo su nombre): fue una imprecación donde se le preguntó a la universidad qué estaba realmente haciendo por el Perú en ese momento, qué había hecho durante cincuenta años. Propia de sus tiempos, puesto que en 1967 todo se cuestionaba y se asumía que iba a cambiar de pies a cabeza pronto. Sin duda el país cambió: apenas un año después vino el gobierno más radicalmente transformador del Perú, que cortó con los debates de la época para crear muchos nuevos.

¿Qué habría que exigirle a la Universidad a sus cien años? Fuera de lo cotidiano o lo puntual, digo. Todos queremos mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, menos alumnos que paguen menos. Evidentemente es imposible lograr todo eso al mismo tiempo, evidentemente es necesario escoger y graduar. ¿Qué queda luego que solicitamos y pedimos una gestión clara, de calidad, sistémica?

Yo tengo mis respuestas, pero no paso de ser un mero profesor asociado. Lo importante es la construcción colectiva de esas respuestas, el asumir que la chamba es de todos si queremos que los 110, 120 o 200 años nos agarren con algo más para celebrar que el haber continuado operaciones. Más allá de edificios, misiones y visiones, y de obras, lo que la Pontificia Universidad Católica del Perú necesita, urge, es una comprensión colectiva, deliberada y deliberante, de su rol en la sociedad peruana y de las rutas que debe tomar para lograrlo. Quizá esa comprensión se parezca un montón a los planes y esquemas que ya se han hecho; pero lo importante es que dialoguemos con el país, no solo entre nosotros.

Seamos cosmopolitas con nuestros compatriotas también: incluyamos realmente al país en nuestro destino.

lunes, 27 de febrero de 2017

¿Para qué tenemos una Biblioteca Nacional?

Hace unos 25 años, cuando todavía era bibliotecario, se planteó de manera informal que la Biblioteca Nacional, que sufría las carencias post-ochentas, fuera desactivada. Los materiales históricos, como las colecciones especiales, pasarían a universidades según propuestas; la parte de servicio público, simplemente sería encargada a la Municipalidad. El resto, bueno, nadie lo discutió mucho. El mínimo alboroto que se armó garantizó que no pasara de una idea.

Pero lo que no se llegó a discutir, en esos tiempos ore-digitales, es para qué teníamos una biblioteca nacional. Hoy, que nadie pensaría que hay que desactivarla, igual viene al caso la pregunta, dada la aparente falta de interés, o cuando menos de claridad, que el ministerio de Cultura muestra con esa institución. Más allá de las discusiones sobre las razones que tuvo el ministro anterior para aburrir hasta la renuncia al director anterior, Ramón Mujica, la ausencia de decisiones sigue apuntando a la falta de una idea clara de para qué hemos de mantener una Biblioteca Nacional.

Ni siquiera cuando era bibliotecario en ejercicio fue especialista en bibliotecas nacionales; no pretendo saber al dedillo el trabajo que realiza el personal actual, salvo para acotar que tienen enormes limitaciones dada no solo la falta de dinero, sino de claridad política. Los directores suelen ser personas que, más allá de su buen, mal o indiferente trabajo, no logran articular una visión clara de para qué invertir en la institución; la profesión bibliotecaria, que no es precisamente enorme ni muy presente en el mundo político, tampoco ha logrado crear esa visión, más allá de la mirada tradicional que ve en la Biblioteca Nacional un apostolado y una cuna de la profesión.

Lo interesante es que las bibliotecas nacionales más activas no han cambiado mucho durante los años del desarrollo digital. Sus tres tareas principales se han transformado, pero no han dejado de ser importantes ni han perdido relevancia cuando las hayan tenido: las bibliotecas nacionales siguen preocupándose del patrimonio documental de un país; siguen promoviendo, articulando o respaldando el trabajo de las bibliotecas públicas, de acuerdo a las costumbres de cada país; y siguen siendo el centro nervioso de ciertas políticas, como el derecho de autor y el deposito legal, que pueden ser críticos para un país dependiendo de las circunstancias.

El problema es que en el Perú pensamos solo en lo primero, y los dos otros aspectos son o ignorados o minimizados. Ni la importancia que puede tener la BN para temas de derecho de autor, propiedad intelectual y deposito legal está reconocida ni siquiera implícitamente en la legislación, salvo obligar el deposito legal para ciertos materiales en ciertos circunstancias. La promoción de la lectura, que tiene más formas que la hora del cuento para niños, y la articulación de las bibliotecas públicas casi inexistentes en el país, no aparece para nada.

Pero incluso en patrimonio no tenemos muy presente a la BN, a pesar que debería ser crítica, y no por lo que ya tiene. El punto es que solemos pensar en la BN como una suerte de glorioso deposito de obras del pasado, como un custodio de lo que debemos conservar, porque es importante aunque no esté muy claro por qué. Pero las bibliotecas nacionales han optado hace un buen rato por ser más que custodias de patrimonio (de nuevo, con diferencias específicas de historia de cada país); son las que capturan, promueven y protegen el patrimonio que estamos creando ahora.

Solo un ejemplo, puntualisimo: la Biblioteca del Congreso de los EEUU, que es la biblioteca nacional de ese país, tiene una colección llamada El Registro Nacional de Películas, en el que está incorporadas las películas que se consideran cultural, histórica o estéticamente significativos, para ser preservados por encargo de la Nación. No reemplazan las colecciones privadas o la explotación comercial, sino que estas copias garantizan que el patrimonio de la Nación será cuidado más allá de los intereses individuales. Si tiene  más de 10 años de realizado, el film puede ser uno de los 25 que se incorporan cada año. Duck Amuck acompaña a Duck Soup y a Newark Athlete, de 1891. El patrimonio de una nación, en otras palabras.

Una Biblioteca Nacional es un espacio para crear el patrimonio, no a través de colecciones sino de visiones del país. Un programa activo de rescate de la cultura expresada en distintos formatos y lenguajes serviría para que nuestro país tenga una manera más amplia y diversa de verse a sí mismo. Una institución capaz de construir esa visión sin presiones políticas y sin apuros comerciales sería fundamental para construir nuestra memoria colectiva, que tiene que alimentarse de los productos culturales que hemos ido creando, dispersa y confusamente, por casi 200 años.

Para eso necesitamos una Biblioteca Nacional. Ojalá quien sea finalmente el director o directora tenga el coraje de ir más allá de lo habitual y proponerse mirar el Perú desde todos los ángulos, voces y medios, e intente liderar esa construcción colectiva de nuestra cultura registrada. Ojalá.




miércoles, 15 de febrero de 2017

Looking back in anger: la TDT, AGP y Brasil

Los ajetreos y horrores que Lava Jato ha traído al Perú sirven para rememorar las actitudes políticas de años pasados. Por ejemplo: ¿recuerdan que el gobierno de Alan García básicamente se entregó al Brasil para convertirnos en una suerte de junior partner del gigante regional? Esta disposición a ser los fieles cortesanos de nuestros vecinos se manifestó de muchas formas, y en un caso, se combinó con la disposición, bien conocida en García, por realizar acomodos tras bambalinas con los poderes fácticos, en este caso, los medios.

El caso en cuestión es la Televisión Digital Terrestre (TDT). Esta no tiene la importancia que se pensó iría a tener, cuando se la inventó, en la década de 1990, cuando fue la respuesta a la digitalización incipiente de las telecomunicaciones. Para su mala suerte, se la concibió antes que la Internet se llevara de encuentro a todo. Para cuando se lanzó en el Perú, en abril de 2009, ya estaba claro que entre la TV de pago y la Internet, no había mucho futuro. Ahora, ocho años después, cada vez tiene menos importancia. El futuro es televisión por redes IP aparte de video bajo demanda aparte de video en Internet. Ni siquiera el cable tiene realmente futuro en un mundo de millones de programas a disposición de los caprichos de cada usuario en su televisor, su computadora, su teléfono o su tableta.

Pero, a diferencia de las alternativas tecnológicas que ahora podrían ser predominantes, la TDT sigue teniendo dos características precisas: hace uso del espectro de frecuencias en canales reservados en exclusiva para ella, de manera no concurrente (o sea, si se asigna un canal para un "canal de televisión", no hay otro servicio posible bajo ese canal, salvo que lo provea el que tiene la titularidad de explotación del canal); y está bajo control del Estado del Perú, no de las iniciativas empresariales globales y las empresas de telecomunicaciones transnacionales. Es un activo local, que todavía es definido por la iniciativa de política pública nacional.

Para el 2009, el Perú estaba atrasado: no había decidido un estándar de TDT, es decir estábamos, para variar, llegando tarde. Los tres estándares existentes fueron apoyados de distintas maneras: el norteamericano, ATV-D, no fue promovido por nadie en particular, y claramente quedó fuera. El europeo, DTB, venía con el entusiasmo de la Unión Europea; finalmente, el estándar japonés, ISDB-T, tenia una adaptación regional, el SBTVD. Su ventaja principal era que está optimizado para ser visto en movimiento: si has estado en Brasil, habrás visto que casi todos los taxis tienen una pantalla en la que pueden ver novelas o futbol, sin perdida de calidad cuando están en movimiento.

Pero lo más interesante del proceso es que no fue hecha en público, sino con completa opacidad al mas alto nivel. No hubo ni siquiera el ejercicio de recibir a los representantes de los estandares hasta que todo fue decidido, y se hizo una serie de afirmaciones que nadie recordó que había que cumplir (un mercado de convertidores baratos para televisores analógicos, por ejemplo).

Días antes que se anunciara, sin previo aviso, la elección del estándar brasileño, los radiodifusores peruanos publicaron un pronunciamiento a pagina entera donde proponían la adopción del ISDB-T en versión brasileña. No fue una decisión técnica, o al menos no se la presentó así: fue una decisión política para acercar al Perú al Brasil.

Junto con ella, también se optó por la peor parte de la política: todos los estandares de TDT permitían el aumento de canales, lo que se solía entender como la posibilidad de ampliar la cantidad de radiodifusores. Pues bien, la legislación no incluyó esa parte, sino que entregó TODOS los posibles nuevos canales a los viejos radiodifusores, como si fuera su propiedad y para que hicieran lo que quieran con ellos. Entonces tenemos varios canales de ATV, o un canal digital de la USMP, que no sé de donde salió.

En otras palabras: la jugada fue favorecer al Brasil, con un estándar escogido por razones no tanto técnicas como políticas, y una administración de las frecuencias completamente echada y favorable a los radiodifusores.

No digo que hubo plata de por medio, pero sí se puede especular que el acuerdo de los radiodifusores por el estándar brasileño fue contrapartida de la decisión presidencial de entregarlas las frecuencias, cosa que no era necesaria, para que hicieran lo que quisieran con ella. Favores por aquí, favores por allá. ¿El interés público? No creo que haya nada que decir, ¿no?

Pequeño capítulo de tantos oscuros tratos con Brasil y los poderes locales. Solo falta que lo investiguen los periodistas...