No es que se haya avanzado mucho en esta área el último lustro. Si bien hay un gran trabajo en la comisión nacional de banda ancha, los logros vendrán cuando se implemente lo que se busca, no antes. No se ha logrado competencia significativa en telefonía fija, aunque algo hay en Lima; en teléfonos móviles ni siquiera el tercer operador (Sprint Nextel) ha hecho algo, para no mencionar el cuarto, casi fantasma al parecer, Viettel.
Las tarifas siguen altas, por falta de competencia: aunque hay estudios que dicen que 10% de rebaja en las tarifas podrían producir un aumento de 19% de suscriptores, no hay quién se atreva, y el Estado Peruano no parece contar con las herramientas para empujar las cosas en esa dirección.
¿Qué esperar entonces? Primero que nada, que una asociación público privada dé nacimiento a la troncal de banda ancha en el Perú, siguiendo la propuesta que la citada comisión está trabajando. Con esto se podría contar con mejores tarifas, siempre y cuando se haga lo segundo: un ejercicio legislativo para lograr mejores herramientas regulatorias, además de una política más clara de logros de inversión, para que los operadores que ya tienen concesiones las usen y compitan en serio con los ya existentes.
Esto no requiere una empresa pública, aunque sí podría ser el caso que algún gobierno regional promueva una cooperativa de usuarios (poco probable dada la precariedad gerencial de estos gobiernos, pero quién sabe). En realidad se trata de lograr que el estado haga su chamba mejor de lo que ha hecho hasta ahora, no porque la haya hecho mal, sino porque no la ha hecho completa. Cosas como fomentar la consolidación de infraestructura física, para disminuir los mástiles de antenas móviles, podría ser un paso interesante, pero toma tiempo y dedicación lograr cosas así.
También está pendiente la parte opuesta: procesos de autorización y gestión pública más ágiles. Mientras el gobierno central es sumiso al fetiche de la inversión, y por ello a veces en exceso contemplativo frente a las empresas, los gobiernos regionales y municipales ven a las operadoras de telecomunicaciones como oportunidades de negocios. Excesivas vueltas y costos no ayudan, sobre todo cuando son arbitrarias y poco claras. Ahí también es necesario liderazgo estatal.
¿Habrá el compromiso político? Difícil de saberlo. Pero lo cierto es que si se sigue teniendo la actitud actual, de creencia más o menos pasiva en la mano invisible combinada con displicencia estatal, causada a su vez por la actitud excesivamente reverente ante los inversionistas, seguiremos con tarifas caras y un mercado a medio desarrollo.
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