El debate ha continuado, aunque no logro encontrar muchos argumentos, apenas opiniones. Hugo Guerra, en El Comercio, logra confundir al proponer que es anti democrático descartar la figura del tercio representativo por la de la elección universal por tercios; La República anuncia la intención de la hiper representativa FEP de demandar paridad electoral con los docentes por el mismo motivo democrático.
En medio hay dos realidades: las universidades privadas de claustro pueden organizarse bajo sus propios principios, con lo que se abre una puerta muy grande para entramparse con este tema, que probablemente termine en lavadas de mano varias de parte de las distintas autoridades. La otra realidad: el optimismo de muchos no niega que la realidad de las universidades no se solucionará con leyes puntuales, sino con un cambio del sistema para modernizarlo, incluyendo acreditación, evaluación transparente de los docentes y un sistema nacional de financiamiento competitivo que incluya a todas las universidades, aparte de una mejora del presupuesto de cada universidad, con compromiso mayor de los gobiernos regionales para los casos que corresponda.
Mi posición: mi Universidad, la PUCP, debería aceptar la elección universal por tercios de las autoridades, pero no aceptar la disposición sobre la reelección, que es francamente una solución facilista a un problema mucho más complejo. Descartar a las autoridades para evitar la corrupción solo la desplaza hacia otros niveles, produciendo además la pérdida de experiencia y la falta de continuidad, además de ir contra el deseo democrático y ecuánime de una comunidad universitaria de reelegir a una autoridad, dado que a pesar de la realidad sanmarquina, no todas las universidades tiene autoridades corruptas ni incapaces.
También pienso que el principio del tercio estudiantil debe mantenerse. Una universidad no es el equivalente de la sociedad, en donde todos somos iguales por principio, sino que es una comunidad con escalafón, en donde algunos por experiencia y trabajo son más importantes que otros. Así de simple. El cachimbo recién ingresado no es el equivalente de un profesor principal con diez libros a sus espaldas, hasta el punto que es por eso que el cachimbo ha ingresado a esa universidad, para tener contacto con ese profesor principal. Mantener la representación estudiantil garantiza la posibilidad de transparencia y además forma a los estudiantes, sin convertir la administración de la universidad en un toma y daca permanente entre dirigencias que por lo general no representan únicamente a los estudiantes, sino sus propios intereses.
La falta de interés de los estudiantes suele ser un contraste llamativo con la convicción de sus dirigentes: en la PUCP la administración universitaria tiene que promover las elecciones, aparte de poner multas, para que el acto de votar sea cumplido. No tiene nada de sorprendente, pues para muchos estudiantes la relación con su universidad es utilitaria, un camino al cartón.
Finalmente: la estructura del cuerpo docente tiene que ser revisada, y ese es un pendiente de la ley universitaria. La situación actual en que algunos profesores contratados pueden permanecer en esa condición por décadas no es saludable, pero tampoco es necesariamente cierto que en todos los casos los profesores tengan que ser incorporados al cuerpo docente ordinario, por muchas razones, desde interés personal hasta tamaño de las respectivas secciones o departamentos. Ahí surgen dos problemas distintos: los derechos laborales y la representación política, y ambos deben ser revisados con imaginación. No tengo idea cómo, pero que no debería dejarse el status quo tal cuál, no debería.
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