La crisis, que ya parece terminal, de Panamericana Televisión debería servir para plantearse en serio cómo enfrentar la relación entre la sociedad y las empresas que tienen el privilegio de explotar el espectro de frecuencias para hacer sus negocios.
Ante el apagón analógico y el cambio a la televisión digital, la importancia de reglas inteligentes es más aparente: ¿qué pasa con una empresa que para todo efecto práctico está quebrada, que le debe al fisco todo lo que se puede deber en todas las formas posibles, y cuyo único activo importante es una cesión en explotación de un recurso público? En circunstancias normales, y considerando el interés público, lo lógico es la liquidación de los activos y el inicio de un proceso ordenado de cesión del recurso público a agentes económicos solventes y bien organizados.
Por las razones tradicionales de miedo a, acompañado de contubernio con los medios, los gobiernos no han querido enfrentar la necesidad de crear mecanismos de resolver este conflicto. Ya la caída de América Televisión en el gobierno Toledo fue una señal: la empresa terminó en manos del consorcio plural pero en ningún momento se planteó seriamente la desaparición y el concurso público para reasignar las frecuencias de América. Ahora, con mayor razón debería haberse planteado algo así, pero se ha terminado creando este esperpento intervencionista que no le hace bien a nadie, ni siquiera al gobierno, que sobredimensiona la importancia de Panamericana, a cambio de abandonar cualquier pretensión de juego limpio. Es ridículo que se esté tratando de justificar los cambios de la línea periodística con argumento alguno que no sea el verdadero: acomodos políticos. Las deudas a los trabajadores se pueden resolver liquidando el poco capital que le queda a la empresa (vendiendo el edificio, por último) y el Estado puede resarcirse licitando públicamente, por un precio interesante, las frecuencias que ahora explota Panamericana. Reflotar es inviable y finalmente implica un crédito de los peruanos a esa empresa, puesto que cada día que pasa sin que se recuperen los activos y se paguen las deudas es un día que el Estado peruano está prestándole dinero para intentar recapitalizarse.
Las reglas, pues, deberían ser claras: el mismo trato que cualquier otro deudor del fisco recibe, y sobre todo, no permitirle a la empresa negociar con un recurso público, las frecuencias, como palanca para la supervivencia. No tiene sentido legal, económico ni social. Bajo esta lógica, las empresas fallidas deben salir del mercado, y sus reemplazos deben comprometerse a hacer las cosas mejor. Frecuencia Latina, deudora al Estado, debería ser la próxima en irse; América debió desaparecer, como ahora debería estar haciéndolo Panamericana. No estoy seguro si Andina (canal 9), RBC y Global no debería seguir la misma suerte. Sostenerlas con el dinero de todos por un falso prurito de respeto a la libertad de prensa, que no es más que contubernio entre políticos y empresarios, es una inmensa inmoralidad.
No espero que nadie se plantee en serio este tema. Pero por lo menos, valdría la pena discutirlo. Ojalá que mirando hacia el futuro de la televisión digital, alguien se atreva a decir en la televisión, que no hay que perdonarle la vida a las empresas de televisión cuando no se lo merecen, ni antes, ni ahora, ni en el futuro.
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