La banalidad del mal, o la LDI como ejemplo de la crisis del Estado

Mi opinión sobre la Ley de Delitos Informáticos (LDI), mal llamada ex-Ley  Beingolea, en cualquiera de sus variantes, no ha cambiado. Lo que sí ha emergido es un conjunto de comentarios que nos sugieren que estamos ante una situación reiterativa: un estado incapaz de calibrar su respuesta ante problemas concretos. Una norma que más allá que sea necesario o no, enfrenta problemas reales, debería haber sido consultada ordenadamente a la sociedad civil y a los expertos, para lograr que no terminemos con lo que habitualmente produce el Estado peruano: copias vagamente adaptadas de leyes, o mescolanzas sin orden ni sentido.

En el tema de Internet, tenemos antecedentes. Leyes que jamás han servido para nada, hechas con profunda ignorancia de la realidad, como la que obliga, para combatir la pornografía infantil, a que cada cabina registre a cada usuario y almacene esa información por seis meses. Esta nueva ley de Delitos Informáticos, escrita con tanta vaguedad y falta de claridad conceptual que permitiría, de ser aplicada sistemáticamente, que todos terminemos en la cárcel. Eso, sin contar planes y agendas que realmente no dicen nada ni sirven para cambiar nada.

Esto nos debería llevar a un consenso sobre el problema de nuestro Estado, que no es nuevo ni tampoco exclusivo de la cuestión informática: leyes que no responden a un modelo de gobernanza claro y que buscan solucionar problemas mal delimitados y sobre todo, vistos aisladamente. No hay estrategias, que es la chamba del Ejecutivo, y no hay capacidad analítica, que sería la chamba del Legislativo. Hay una práctica, eso que ha sido llamado el "muddling through", el hacer no más porque es lo que se hace y porque es lo que se espera, no porque se tenga claro qué se busca.

Tenemos leyes malas también porque no tenemos actores políticos dedicados a estos temas en serio. En cuestiones informáticas tenemos periodistas, algunos activistas y ya: los partidos políticos carecen de idea alguna, y los actores económicos, que deberían ser los más interesados, ni siquiera piensan en que deberían dedicarse a proponer cosas concretas, sino que buscan en la mayoría de los casos, salirse con la suya; esto no significa hacer plata por malas rutas, simplemente que el interés cerrado individualista prima sobre el beneficio colectivo potencial.

La LDI banaliza los problemas al mismo tiempo que pone bajo el reflector la mala calidad del Estado y la falta de capacidad que tenemos de influir sobre él. Muchos pendientes, y muchos riesgos, y la reafirmación de la urgencia de transformar el Estado si es que queremos que algo funcione lo suficienmente bien como para que podamos cambiar el país.