El 15 de mayo el Congreso de la República ha dedicado tiempo a una banalidad más. Crear un colegio de politólogos es uno de esos actos de corrupción latente más terribles que podemos hacer a nuestra República, y una demostración, constante, de incapacidad intelectual o mala fe.
Como soy doctor en ciencia política, me siento aludido. Sin embargo quiero comentar la cuestión desde mi "profesión", es decir desde el titulo profesional con el que cuento, de licenciado en bibliotecología y ciencia de la información.
Obtenido en 1990, mi título supuestamente demuestra mi competencia profesional, mi capacidad de realizar una labor determinada. En los casi treinta años que median entre mi titulación y la actualidad, la profesión de bibliotecario (simplificando nombres) ha cambiado tanto que si siguiera trabajando en ese campo, tendría básicamente que haberme transformado por completo profesionalmente, si quisiera mantenerme vigente. El Colegio de Bibliotecólogos, pequeño pero digno y limpio, no es el mecanismo fundamental para mantener esa actualización: es la formación continua tanto en universidades como en espacios laborales, con el Colegio apoyando y fortaleciendo.
En otras profesiones, más grandes en número de practicantes, es posible pensar en un rol más activo del Colegio, pero sin duda no es lo que hacen de manera fundamental. El Colegio de Bibliotecologos es sobre todo una asociación profesional, con sanción legal, a la que se supone hay que pertenecer; pero donde caben paradojas singulares: yo no participo ni cotizo en ese colegio desde hace décadas, pero podría ser hasta decano si lo hiciera, a pesar que desde hace casi veinte años no me reconozco profesionalmente como bibliotecologo. Como académico, me siento parte de una disciplina genérica y difusa que se llamaría Estudios de Internet, pero sin renegar de lo que me dio la bibliotecología / ciencia de la información, lo que me permite hacer lo que hago tiene más que ver con mis estudios de magister (en comunicaciones), doctorado, y mi aprendizaje cotidiano de informática y sistemas.
Si bien es imposible negar que hay colegios profesionales que cumple una función deontológica, y que actúan como garantes de la probidad y capacidad profesional de sus miembros ante la sociedad. Que tengan encima un mandato oficial es una herencia de las tradiciones legales a las que pertenece el Perú, pues estas organizaciones son, en el mejor de los casos, semi oficiales en países bajo Common Law. Pero espacios como el Colegio de Bibliotecologos no tienen esa posibilidad: no hay riesgo social, no en la escala que justificaría imponer un control obligatorio, en la actividad de los especialistas en información / documentación.
Pero existe: el CBP existe como ahora existe el Colegio de Politologos, o como se intentó que exista un Colegio de Historiadores. La razón es simple: cartelización.
Queda claro que se busca crear cárteles profesionales en donde ciertas personas puedan impedir que puestos de trabajo sean competitivos. No importa que alguien tenga un grado de doctor en ciencia política, basta que tengas una licenciatura (inherentemente inferior como calificación académica) para que tengan que darte un trabajo. No importa que tengas la experiencia, si no tienes la licenciatura (que solo demuestra que terminaste lo básico de tus estudios) no puedes tener el trabajo. No importa la ridícula inconsistencia del marco legal de la formación universitaria peruana, que permite que los estudiantes obtengan la licenciatura con una tesis, y que ahora supuestamente promueve la "investigación" con demandas similares para bachillerato y licenciatura: no, basta esa demostración de competencia académica para conseguir un trabajo que otra persona, quizá con más experiencia y demostrada competencia profesional, no podrá obtener.
Los vicios complementarios, como entregar la organización del colegio de politólogos a una asociación casi fantasmal, son apenas cerezas en la torta. Lo más grave es este ejercicio descarado de imponer una noción ridícula de "profesionalización" que lo único que logrará será mantener otras ficciones, conocidas por cualquiera que haya visto los términos de referencia que se inventan para contratar a algunas personas en el Estado peruano. Habrá claro, decanos nacionales que pretenderán hablar por la profesión, y que exigirán estar presentes en la selección de jueces o similares, con lo que las consecuencias no serán para los individuos con capacidad profesional, serán para el país, que seguirá sufriendo a mediocres consagrando como capaces a otros mediocres.
No es pues solo este aberrante colegio de politologos u otras aberraciones sin padrinos y madrinas que esperan la ocasión para emerger: es la noción misma de colegio profesional que necesita ser discutida; no para abolir los que existen sino para definir claramente para qué sirven y convertir a los que no tienen realmente una tarea que merezca sanción pública, en asociaciones profesionales. Mientras tanto, confiemos en que esta barbaridad específica sea contenida, que el Presidente observe la ley, y que este cártel sea enviado al archivo.
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