De pronto, con las elecciones encima, el voto electrónico aparece como un factor. ; en un contexto bastante más movido que el de cualquier otra elección desde 2000.
Difícil interpretar la parsimonia de la ONPE en este caso. No es que el voto electrónico sea inherentemente más complejo que el voto en papel, todo lo contrario; salvo los que expresan su creatividad mediante dibujitos a la hora de votar viciado, todo es mejora: el sistema es mucho más flexible, el voto es potencialmente más rápido, las auditorías pueden hacerse en cualquier momento, y los resultados son incontrovertibles e inmediatos. Véase Brasil para comprender las ventajas de un método como este: las elecciones están resueltas en una y no hay mayor margen para reclamar fraude o cosa por el estilo.
Sin embargo, el contexto no ayuda. La decisión de no difundir con tiempo y masivamente el sistema puede ser causa de colas y confusiones que se pueden confundir con fraude si se tiene mala voluntad. La precariedad de nuestros partidos políticos hace avizorar reclamos absurdos en donde la falta de información sea interpretada jurídicamente como mala intención. La ciudadanía, enfrentada a un método distinto, bien puede reaccionar negativamente.
Todo cambio tecnológico trae complicaciones, pero al mismo tiempo implica nuevas posibilidades. Si los resultados del uso de este método de votación son óptimos y tenemos claridad sobre las preferencias electorales rápidamente, las incomodidades de una larga cola pueden ser perdonadas. Si las elecciones no tienen mayores controversias o si no se siembra la noción que hay una mano negra detrás de las decisiones de los organismos electorales, entonces no hay por qué asumir que esto no será confiable. Si se le explica a la gente que es un método fácil y veloz, y que si en Brasil y Venezuela las masas pueden, aquí también podremos (además el método local es más simple que el brasileño), entonces todos estaremos contentos.
Como está claro, nada es así esta vez: ni los organismos electorales, ni el proceso, ni los candidatos, ofrecen ese tipo de confianza. Añadamos la tradición de una ciudadanía despistada y que suele quejarse de todo y convertir todo en conspiración, y delante nuestro puede suceder un desastre más. La ONPE tiene la obligación de bombardear a la ciudadanía con información, más allá de conferencias de prensa y similares, para evitar que el proceso termine siendo menos confiable de lo que ya es. Ojalá lo hagan, porque es su deber no solo legal, sino moral.
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