La ley y el orden.pe

Las leyes existen para protegernos, o al menos eso nos dicen en el colegio. La edad nos lleva a darnos cuenta que el dicho “hecha la ley hecha la trampa” es más bien “hago la ley para que sea tu trampa”. Esto ocurre a todo nivel, y está sucediendo, hasta cierto punto, con un proyecto de ley aceleradamente llamado “ley Beingolea” que, en realidad es la consolidación de un conjunto de proyectos de varias bancadas que podríamos resumir en el nombre de Ley de Delitos Informáticos.

¿Cuál es el propósito de esta ley? Codificar los delitos informáticos más serios, incluyendo el robo de identidad y la suplantación de identidad por una ficticia, como forma de eludir la acción de la justicia. No son, a priori, malas ideas, pero la ejecución lo es y la crítica también, aunque por razones completamente distintas. El resultado nos muestra lo disfuncional del proceso legislativo, la ausencia de la política en estos temas, y la urgencia de un debate nacional más articulado y menos puntillista.
Hay varias críticas puntuales sobre artículos innecesarios o excesivamente represivos, como el 23 que decide que los números telefónicos e IP no están protegidos por el secreto de las comunicaciones, lo que parece una invitación a la transgresión de esos datos por terceros, que es exactamente lo que la ley busca evitar. Hay también muy bien razonadas y escritas críticas al conjunto, provenientes de activistas internacionales, que vale la pena revisar. Pero lo importante no me parece que resida ahí, sino en lo que podríamos llamar el impulso de “ley y orden” que lleva a crear una propuesta como esta.

El congresista Beingolea ha dicho que la ley no es de su hechura, pero la defiende como responsable de la Comisión de Justicia del Congreso, cosa que hace con convicción, fluidez y autoridad, pero no por ello deja de mostrar una clara tendencia conservadora, ya que para él,en el Perú vivimos en el reino de la impunidad, lo que con la modernidad y las nuevas tecnologías se ha extendido a toda la ciudadanía, con lo que cualquiera tiene el derecho de hacer lo que quiera protegido por el anonimato. Suena tremendo y es completamente desproporcionado. El reino de la impunidad que señala Beingolea se refiere no tanto a crímenes sino a excesos de la libertad de expresión, a lo que hace referencia al decir que es periodista. Si es así, entonces la ley de delitos informáticos está metiéndose en mares procelosos, porque parece preocuparse tanto de las mafias que hacen skimming de tarjetas de crédito con los trolls que difaman a la alcaldesa en los comentarios de las notas de La República.
En otras palabras: la noción que todas las formas de transgresión que usan dispositivos digitales deben estar incluidas en una misma norma produce un resultado que podemos resumir con un viejo refrán: “Si solo tienes un martillo, todo te parece un clavo”. La escala de represión aplicable a la mafia rusa o alguien que se baja un “torrent” de la inauguración de las Olimpiadas resulta siendo comparable: todos son delincuentes informáticos.

Esto hace que la norma, tal como está siendo planteada, no resulte saludable y merecería una conversación con dos propósitos: para qué la necesitamos y para qué tendríamos que optar por estas miradas que tratan de abarcarlo todo en una sola norma sin reconocer la diversidad. Puedo entender que el número IP no esté bajo el secreto a las comunicaciones, como no lo está mi número de teléfono: este secreto protege lo que dices, no el common carrier, el medio a través del cual se dice lo que está protegido. Esto no es óbice para que me den una explicación a partir de mis derechos como ciudadano que puede sufrir una transgresión, antes que en las necesidades de la policía para hacer una investigación cuando se supone necesario contar con ese dato.

El problema es que la oposición a la norma no ha sido muy buena. Inspirados en campañas internacionales más bien formalistas y propias de realidades políticas distintas, el conjunto de los opositores proviene del bando que podríamos llamar “hackactivistas”, gente que usa intensivamente la Internet y que considera que proteger su libertad, entendida esta de la forma que sea, es primordial antes que cualquier posible bien social que podría resultar de alguna forma de represión. No necesariamente comparto este punto de vista, pero creo que el principal problema ha sido centrarse en la narrativa interna del “hackactivismo” y no en el problema político más amplio: la protección simultánea de la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Principios como el de la neutralidad regulatoria no son rescatados tanto como se debería, a pesar que este proyecto es desproporcionado en penalizar lo que ocurre en el ciberespacio con mucho más énfasis que aquello similar que ocurre en la vida “real”.

El proyecto de ley es represivo en exceso, lo que quiere decir que en la realidad peruana será mal usado por una policía y un Poder Judicial que no investiga lo que debe sino lo que quiere, y que podrá usar las herramientas de la norma según las presiones del poder político o de poderes fácticos. En ese sentido, no es una norma saludable aunque no diga realmente nada nuevo. Tampoco es saludable seguir con la esquizofrenia legal del Estado peruano, que saca leyes que se contradicen en intenciones: banda ancha para todos, pero cuidado con usarla mal porque te metemos preso.
Finalmente, cuando le pusieron #leybeingolea a este proyecto, los opositores cometieron un error táctico impresionante: Alberto Beingolea será conservador, y será callado objeto de burla por su pasado televisivo, pero es un congresista articulado, con convicciones y con mucho manejo mediático, que sabe sacarse de encima a entrevistadores de todo calibre. El resultado es que el proyecto parece mucho mejor y más coherente de lo que es, porque el mensajero es bueno. En un escenario político en donde poco o nada permite discutir temas de fondo, las batallas tienen que plantearse bien, y el error de poner al frente de los adversarios a uno de los pocos congresistas que no parece estar ahí por accidente tiene grandes consecuencias.

Este dictamen muestra bastante bien lo mal que está nuestra política, y por eso debería ser aireado, discutido de nuevo y sobre todo, reorientado a servir a todos los ciudadanos, no sólo a los que se sienten -con razón o sin ella- amenazados por potenciales males informáticos. Para el grueso de los peruanos, los beneficios de un entorno de baja represión como la Internet son mucho más importantes que sus potenciales peligros. ¿Qué tal si comenzamos por ese principio antes de ponernos alarmistas, señores congresistas?

Publicado el 16/08/2012 en Noticias Ser.