Tras una campaña conservadora, dedicada a asegurar el voto que ya tenía antes que buscar nuevas adhesiones, Keiko Fujimori ha comenzado una agresiva búsqueda de acuerdos sectoriales, con pequeños bolsones de votos que demuestran vocación por la fragmentación de la agenda propia y decisión de compromisos diversos, a veces contradictorios, desarticulados de una idea general sobre el país.
Por un lado, esta opción parece ser una estrategia electoral: divide y te elegirán, puesto que si logras que todos los pequeños grupos tengan lo que quieren, no tendrás que comprometerte a nada concreto sobre el manejo integral del Estado. Sin duda es una receta populista.
Pero también es una versión modernizada del método de gobierno de la década del noventa. En ella, Vladimiro Montesinos diseñó un sistema de prebendas y clientela donde era fácil manejar el país si se cooptaba a ciertos grupos y se atacaba a otros. Las protestas sociales se manejaban con dinero y se le permitía a otros que hicieran dinero protegiéndoles de la acción estatal, impidiendo regulaciones o represiones a cargo de otras instancias gubernamentales. Así, en Lima se podía atacar y disminuir la capacidad de acción de la Alcaldía a cambio de hacer negocios, mientras el poder ejecutivo se consolidaba y perdía un potencial rival.
Ahora Fujimori amarra las cosas antes del gobierno y a viva voz, preparándose para gobernar tranquila. Cualquier alternativa medianamente adecuada de remediación ambiental en Madre de Dios traería con los mineros informales un conflicto potencialmente muy severo, pero con la garantía de inacción que es el acuerdo firmado por Fujimori, ellos sabrán que no tendrán que incendiar Puerto Maldonado para continuar haciendo lo que les interesa, que es obtener dinero sin limitación alguna, tanto de la explotación indiscriminada de la Amazonía como de sus “servicios complementarios” (prostitución, trata y contrabando). El acuerdo firmado con Santiago Manuín podría ir en esa dirección: evitar conflictos a cambio de satisfacciones de distinto cuño o escala, aprovechando la cobertura de la política identitaria para lo que sería simple arreglo político. De modo similar, la oferta de volver al 24×24 para la policía satisface a los interesados sin hacer nada por profesionalizar la lucha contra la inseguridad.
En otras palabras, Fujimori en 2016 repite el patrón de cooptación y compra de adhesiones que operó durante el gobierno de su padre, aunque de manera menos agresiva, más opaca. Obtiene paz social como resultado de jugadas corruptas, no por solución real de conflictos, y contando con la complicidad abierta, parcial o completa, consciente o ingenua, de los que creen que antes que lograr soluciones a problemas estructurales, hay que satisfacer intereses.
Claro, lo mismo ocurrirá a otro nivel, con empresarios, banqueros y transnacionales. La confirmación que el gobierno de Fujimori no es la continuidad del modelo, sino la mera ambición de tener poder, para orgullo y reivindicación personal, o para distintos placeres, o para lo que sea. Ciertamente no para hacer al Perú un lugar mejor.
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