¿Para qué tenemos una Biblioteca Nacional?

Hace unos 25 años, cuando todavía era bibliotecario, se planteó de manera informal que la Biblioteca Nacional, que sufría las carencias post-ochentas, fuera desactivada. Los materiales históricos, como las colecciones especiales, pasarían a universidades según propuestas; la parte de servicio público, simplemente sería encargada a la Municipalidad. El resto, bueno, nadie lo discutió mucho. El mínimo alboroto que se armó garantizó que no pasara de una idea.

Pero lo que no se llegó a discutir, en esos tiempos ore-digitales, es para qué teníamos una biblioteca nacional. Hoy, que nadie pensaría que hay que desactivarla, igual viene al caso la pregunta, dada la aparente falta de interés, o cuando menos de claridad, que el ministerio de Cultura muestra con esa institución. Más allá de las discusiones sobre las razones que tuvo el ministro anterior para aburrir hasta la renuncia al director anterior, Ramón Mujica, la ausencia de decisiones sigue apuntando a la falta de una idea clara de para qué hemos de mantener una Biblioteca Nacional.

Ni siquiera cuando era bibliotecario en ejercicio fue especialista en bibliotecas nacionales; no pretendo saber al dedillo el trabajo que realiza el personal actual, salvo para acotar que tienen enormes limitaciones dada no solo la falta de dinero, sino de claridad política. Los directores suelen ser personas que, más allá de su buen, mal o indiferente trabajo, no logran articular una visión clara de para qué invertir en la institución; la profesión bibliotecaria, que no es precisamente enorme ni muy presente en el mundo político, tampoco ha logrado crear esa visión, más allá de la mirada tradicional que ve en la Biblioteca Nacional un apostolado y una cuna de la profesión.

Lo interesante es que las bibliotecas nacionales más activas no han cambiado mucho durante los años del desarrollo digital. Sus tres tareas principales se han transformado, pero no han dejado de ser importantes ni han perdido relevancia cuando las hayan tenido: las bibliotecas nacionales siguen preocupándose del patrimonio documental de un país; siguen promoviendo, articulando o respaldando el trabajo de las bibliotecas públicas, de acuerdo a las costumbres de cada país; y siguen siendo el centro nervioso de ciertas políticas, como el derecho de autor y el deposito legal, que pueden ser críticos para un país dependiendo de las circunstancias.

El problema es que en el Perú pensamos solo en lo primero, y los dos otros aspectos son o ignorados o minimizados. Ni la importancia que puede tener la BN para temas de derecho de autor, propiedad intelectual y deposito legal está reconocida ni siquiera implícitamente en la legislación, salvo obligar el deposito legal para ciertos materiales en ciertos circunstancias. La promoción de la lectura, que tiene más formas que la hora del cuento para niños, y la articulación de las bibliotecas públicas casi inexistentes en el país, no aparece para nada.

Pero incluso en patrimonio no tenemos muy presente a la BN, a pesar que debería ser crítica, y no por lo que ya tiene. El punto es que solemos pensar en la BN como una suerte de glorioso deposito de obras del pasado, como un custodio de lo que debemos conservar, porque es importante aunque no esté muy claro por qué. Pero las bibliotecas nacionales han optado hace un buen rato por ser más que custodias de patrimonio (de nuevo, con diferencias específicas de historia de cada país); son las que capturan, promueven y protegen el patrimonio que estamos creando ahora.

Solo un ejemplo, puntualisimo: la Biblioteca del Congreso de los EEUU, que es la biblioteca nacional de ese país, tiene una colección llamada El Registro Nacional de Películas, en el que está incorporadas las películas que se consideran cultural, histórica o estéticamente significativos, para ser preservados por encargo de la Nación. No reemplazan las colecciones privadas o la explotación comercial, sino que estas copias garantizan que el patrimonio de la Nación será cuidado más allá de los intereses individuales. Si tiene  más de 10 años de realizado, el film puede ser uno de los 25 que se incorporan cada año. Duck Amuck acompaña a Duck Soup y a Newark Athlete, de 1891. El patrimonio de una nación, en otras palabras.

Una Biblioteca Nacional es un espacio para crear el patrimonio, no a través de colecciones sino de visiones del país. Un programa activo de rescate de la cultura expresada en distintos formatos y lenguajes serviría para que nuestro país tenga una manera más amplia y diversa de verse a sí mismo. Una institución capaz de construir esa visión sin presiones políticas y sin apuros comerciales sería fundamental para construir nuestra memoria colectiva, que tiene que alimentarse de los productos culturales que hemos ido creando, dispersa y confusamente, por casi 200 años.

Para eso necesitamos una Biblioteca Nacional. Ojalá quien sea finalmente el director o directora tenga el coraje de ir más allá de lo habitual y proponerse mirar el Perú desde todos los ángulos, voces y medios, e intente liderar esa construcción colectiva de nuestra cultura registrada. Ojalá.

Neutralidad de red (ya viene, ya viene...)

Hoy, el día que el Perú estará dedicado a la televisión basura para no sé exactamente qué, opto por ignorar el tema y escribir sobre neutralidad de red. Ayer la agencia regulatoria de las telecomunicaciones de EEUU, la FCC, aprobó convertir la Internet en un servicio público, es decir en un servicio que debe ser brindado igual para todos, sin preferencias o prioridades, como sí se podría si se le consideraba un servicio de valor agregado, que no tiene regulación significativa.

Estoy traduciendo de manera algo tosca "common carrier" y "information service" en los términos que se usan en el Perú. Aquí la Internet sigue siendo un servicio de valor agregado, en donde sería posible ofrecer transparentemente priorización de servicios (más barato si solo ves televisión de Movistar, por ejemplo). La idea de la neutralidad de red es lograr que no exista ningún acuerdo de integración vertical entre un operador de telecomunicaciones y un proveedor de contenidos, impidiendo que nuevos proveedores tengan oportunidad de ofrecer sus opciones en los mismos términos que otros.

Es una buena cosa, es una necesidad en tiempos de cada vez mayor conglomeración e integración vertical. No es todo lo que se debe hacer para lograr que la internet sea efectivamente un servicio público, pero es un buen primer paso, en EEUU.

Aquí en el Perú OSIPTEL está trabajando un reglamento de neutralidad de red, y habrá que conversarlo en su momento; hay cierta acumulación confusa de normas que requiere que se despeje los distintos artículos, pero en principio las telecomunicaciones peruanas son neutrales y la Internet debe ser tratada como tal, aunque falte ordenar la cuestión de servicio de valor agregado / servicio público para que no quede espacio para idas o venidas.

Este tema es crítico.  No es un asunto "técnico", sino político: definirá qué tan acogedor a la iniciativa de entrantes nacionales e internacionales, que tan competitivo pueda ser la oferta de acceso a la Internet, y que tan parecida al resto del mundo será la Internet peruana. Por eso en 2010 un grupo de semi activistas propusimos, sin mayor éxito, principios digitales para el Perú, entre los que se destaca la neutralidad de red. Por eso es que la tendencia del activismo digital es lograr que se cuente con neutralidad; por eso es que los operadores de telecomunicaciones han intentando dejar en claro que sería fatal para el desarrollo de la red hacerlo, porque al final de cuentas, las tuberías son de ellos, como dijo el presidente de Telefónica.

Claro, no basta con Neutralidad. Ella misma no significa mucho más que el placer de saber que mis correos electrónicos, mis actualizaciones de Facebook, mis torrents y mis streams de Netflix son tratados igual por mi proveedor de acceso, sin throttling ni bloqueos. La neutralidad no crea una industria de contenidos más de lo que buenos estándares televisivos o canal claros en radio. En realidad, la neutralidad de red permite que algunos proveedores de servicio cuenten con más opciones para lograr alcance global, con lo que la globalización de doble candado seguirá agarrando viada (pero eso es tema para otro día, con mucho más para decir). Pero al menos la Neutralidad garantiza un entorno en donde las telcos no dominen la Internet; en el fondo, algo mucho más justo que el mamarracho de regulación de la televisión digital creado por el gobierno aprista, que regaló el espectro a los que ya tenían canales y les aumentó el capital sin considerar nada más que favores políticos. El negocio no les ha funcionado, y la televisión digital terrestre en el Perú no despega.

Que sirva de lección: al final la diversidad de opciones en un lado se lleva de encuentro a los que solo tratan de proteger sus modelos de negocio. Pasó con la música, pasa con la televisión, pasa con las telecomunicaciones.

El problema real tras una falsa sopa

Marco Sifuentes llama la atención hoy sobre el proceso iniciado por el MINCETUR para completar las armonizaciones legislativas pendientes desde la época del TLC con EEUU en temas de propiedad intelectual. Aunque el nombrecito "sopa criolla" me parece triste, no por ello deja de ser importante considerar lo que es posible hacer o no hacer en estos temas.

El Perú está obligado a armonizar su legislación en un montón de temas, cortesía de los tratados de libre comercio; tenemos que proteger con la misma exageración aquellas industrias que han logrado, a punta de cabildeos, que los estados las traten como si fueran fundamentales para el desarrollo de sus economías. En el caso de las industrias culturales, el problema principal es que varios estados han optado por tragarse una narrativa falaz sobre protección de los creadores intelectuales a cambio de garantizar modelos de negocios obsoletos. Es un tema recurrente en este blog.

Sin embargo, hay una transacción de por medio. Si el estado contemporáneo, que Sandra Braman llama estado informacional, tiene una característica, es ceder la gestión de los temas económicos a un sector concreto de la economía, sea el financiero o en este caso el de las industrias culturales, a cambio de obtener cada vez más control sobre los aspectos que nadie le cuestiona: la vigilancia de la acción política. Efectivamente, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos pueden ser protegidas de distintas maneras a cambio de ser agentes privados de la vigilancia estatal.

Así pues, la falta de transparencia en el proceso legislativo peruano, que Sifuentes denuncia, es una parte del problema. Al encargársele a un consultor externo la consulta y elaboración del anteproyecto, todo parecía indicar que al menos se haría algo más público, si bien no muy original (consultas a los stakeholders de la industria sin opiniones de la sociedad civil ni pedidos de información abiertas es como lo mismo de siempre, que no es particularmente efectivo para formular políticas originales). Ahora todo parece inclinarse al modelo de siempre: opacidad y al final, una norma con facilidades para ciertos sectores y sin debate sobre los efectos sobre otros sectores. No es una cuestión de personas, sino de procesos.

Pero esto es, si me permiten el giro algo mareado, la punta del iceberg. El estado peruano debería ir más allá de declaraciones vagas y establecer cómo va a proteger a los ciudadanos antes que nada, y esto incluye promover alternativas de política pública que no se queden en la narrativa fallida de la protección de los derechohabientes, y garantías de protección ante la vigilancia digital. Mucho pedir quizá, pero por lo menos es importante que pidamos.

Wikileaks sucumbe a las reglas del juego

El tejido de acciones que ha llevado a un conflicto diplomático entre Ecuador y el Reino Unido por un acusado de violación requerido en Suecia nos obliga a varias reflexiones. Sin asumir tantas certezas morales como las que exhiben Mario Vargas Llosa o Rafael Correa, es saludable trascender al personaje -en muchos sentidos fallido-, que encarna Julian Assange, y ponernos a pensar en lo que significa el problema de fondo.

El proyecto original de Wikileaks plantea una idea poderosa pero sin duda cuestionable. ¿Es de interés global permitir que los ciudadanos puedan ir más allá de su propia ciudadanía y actúen políticamente en un ámbito extranacional? La intención original del sitio era precisamente  facilitar que los ciudadanos de un país cualquiera pudieran diseminar información que ayudara a la transparencia de lo público, mediante la revelación de aquello que sus gobiernos o Estados no querían que fuera difundido. Esto trasciende la realidad política sin por ello apostar a la irrelevancia de los estados mismos, puesto que se trata de usar la tecnología para compensar las limitaciones a la transparencia que una supuesta "razón de estado" justificaría.

La razón de estado no es un desarrollo reciente; ni siquiera se trata ahora de algo más serio que en el pasado, puesto que las democracias han aceptado en las últimas décadas que no es posible ocultarlo todo, todo el tiempo, siquiera de la boca para afuera. En muchos países, incluido el Perú, el principio político es que la transparencia manda, y que el secreto es la excepción, justificada por razones específicas y no por el interés de funcionarios o políticos.

Claro está, existen circunstancias en donde el secreto es dañino. Sea porque se oculta más de lo que se debe por razones políticas o porque se oculta por interés de poderes fácticos. Entonces, la ausencia de transparencia resulta peligrosa. Un Estado puede engañar, incluso de buena fe, para lograr objetivos que considera positivos; un Estado puede estar cooptado por terceros que lo usan para sus propios fines. El resultado es debilitante para la sociedad y peligroso para los ciudadanos.

Usar la Internet, que puede ser anónima y casi deslocalizada, para facilitar la transparencia no es  mala idea, y como vimos en el caso peruano, con los "petroaudios", los beneficios de una plataforma de alcance global, fuera del control del Estado en cuestión, pueden ser importantes. Los ciudadanos, al acceder a información, dejan de estar a merced siquiera en parte, de lo que los gobernantes intentan lograr. Se puede impedir o minimizar el abuso y quizá cambiar las prácticas para evitar repeticiones.
Ese verbo no muy grato, "empoderar", es la clave. La Internet ha cambiado muchas relaciones de poder en el mundo contemporáneo: eventos tan disímiles como los Occupy, la Primavera Árabe y el colapso del modelo económico de la industria discográfica son ejemplos perfectos. Wikileaks creaba la oportunidad de cambiar relaciones de poder, dándole a ciertos grupos de individuos la posibilidad de actuar de maneras disruptivas que romperían el control estatal sobre información de interés público. Al mismo tiempo, se fortalecía un discurso parcialmente cierto: los ciudadanos no sólo lo son de un Estado, sino que una emergente sociedad civil global podía enfrentar colectivamente los pleitos que, en expresiones concretas locales, afectan a todos en el mundo, no sólo a aquellos que viven en un Estado nación específico.

Ciertamente, la suma de acciones individuales acometida por ciudadanos en distintos países ha creado en varios casos, un movimiento que altera global y nacionalmente, relaciones de poder y económicas. El consumo irregular de música por los peruanos creó condiciones para que la industria local colapsara casi totalmente, pero también fue parte del ataque global que ha llevado a la crisis industrial generalizada y que permite, a la larga, que se pueda comprar música con servicios de nube, como los que ofrece Apple. En el caso de Wikileaks, la vocación global es más intención que realidad.

Aunque el movimiento puede ser global, lo concreto es que las acciones afectan a Estados concretos, y pueden ser peligrosas para ciudadanos concretos, precisamente por ser ciudadanos de Estados nación. El caso más serio, Bradley Manning, es un buen ejemplo. Un soldado raso homosexual obligado a ocultar su identidad sexual, de familia pobre y con ambiciones intelectuales que no podía realizar por falta de recursos, Manning parece haber actuado sin intención política si no más bien por una mezcla de búsqueda de reconocimiento con ganas de fastidiar a sus superiores y al sistema. Es decir, lo que habitualmente sería llamado entre los "nativos digitales" como un troll: un personaje interesado en el efecto de sus acciones sobre sus interlocutores, pero desinteresado en las consecuencias reales más allá del acto mismo. Manning está siendo tratado de manera medieval por los Estados Unidos y tiene ante suyo la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión.
Si bien es cierto que ningún Estado nación toleraría que un militar revele secretos de Estado, lo que Manning puso a disposición de Wikileaks fue más bien intrascendente, a excepción del video del ataque en helicóptero que produjo  en la muerte de dos fotógrafos en Iraq, donde lo más impactante no era el acto mismo sino la actitud de la tripulación, más cercana a adolescentes jugando Call of Duty que a personas conscientes de estar matando seres humanos. Sin duda de interés global, el video sirvió para poner a Wikileaks en el primer plano. Pero lo importante es ponderar no el interés, sino el efecto. Las consecuencias políticas fueron bastante tenues, dado que la guerra en Iraq estaba en su fase final, tras haber insensibilizado a muchos en el mundo entero sobre la violencia y las muertes ocurridas en ese conflicto confuso, fundamentalmente inmoral pero sobre todo desastroso en tantos planos para los EE.UU. Fuera de los EE.UU, el impacto fue más el ruido periodístico, seguido del olvido pronto, que otra cosa.

Todo lo demás que ha hecho Wikileaks, incluyendo los cables diplomáticos, ha sido relativamente menor y de poca o nula importancia real. No es que los Estados Unidos. sean un ejemplo perfecto de "sunshine", pero ciertamente en un país con prensa cuestionadora, oposición política activa y al mismo tiempo consensos políticos básicos sobre la defensa y las relaciones exteriores, no es mucho el daño que se puede hacer con cuentos como estos; por otro lado, los países como el Perú no son tan fácilmente vulnerables, porque las disfuncionalidad que permite situaciones como los petroaudios no se soluciona con hacerla pública.

Donde Wikileaks podría ser fantástica sería en países autoritarios; precisamente en aquellos en donde el modelo de ciudadano activista tiene más riesgo, y donde el impacto ha sido mínimo. Una explicación posible es que la información está mucho más cuidada; otra es que los activistas tienen que medir qué hacen, bajo riesgo severo (pensemos en Anna Politovskaya). Otra es simplemente que el grado de impacto del revelar información confidencial es proporcional al impacto político posible: Putin no dejará de ser el zar de la nueva Rusia porque alguien publique sus cables diplomáticos, mientras que Obama por lo menos tendrá que responder. El entusiasmo periodístico en el Perú no hará que sea más fácil revelar secretos y quebrar la vocación autoritaria de un Hugo Chávez.
Ahí reside el problema de Wikileaks, extrapolando el daño que le hizo Assange y su narcisismo: sin importar las intenciones, el alcance depende de cada ˝polity", de cada realidad política concreta. Habrá la posibilidad de revelarlo todo pero "todo" se define de maneras distintas por el contexto político que crea secretos, que los hace más o menos accesibles, o que les da un contexto en el que impactar. Más allá del sueño hacker de la transparencia global; más allá de la exageración fundamentalista que llevó a creer que revelar es bueno por sí mismo, sin importar las consecuencias sobre individuos concretos; la política sigue siendo nacional, y la transparencia tiene que ser considerada localmente.

Por eso, Wikileaks solo será una nota a pie de página, que sirve para demostrar que más allá de las intenciones de los activistas y los entusiasmos tecnológicos, el Estado nación sigue siendo el rey, y el individuo empoderado por la vida digital será más libre en cuanto el poder estatal esté moderado por fuerzas políticas mayores, no por hackers lejanos.

Publicado el 29/08/2012 en Noticias Ser. 

La ley y el orden.pe

Las leyes existen para protegernos, o al menos eso nos dicen en el colegio. La edad nos lleva a darnos cuenta que el dicho “hecha la ley hecha la trampa” es más bien “hago la ley para que sea tu trampa”. Esto ocurre a todo nivel, y está sucediendo, hasta cierto punto, con un proyecto de ley aceleradamente llamado “ley Beingolea” que, en realidad es la consolidación de un conjunto de proyectos de varias bancadas que podríamos resumir en el nombre de Ley de Delitos Informáticos.

¿Cuál es el propósito de esta ley? Codificar los delitos informáticos más serios, incluyendo el robo de identidad y la suplantación de identidad por una ficticia, como forma de eludir la acción de la justicia. No son, a priori, malas ideas, pero la ejecución lo es y la crítica también, aunque por razones completamente distintas. El resultado nos muestra lo disfuncional del proceso legislativo, la ausencia de la política en estos temas, y la urgencia de un debate nacional más articulado y menos puntillista.
Hay varias críticas puntuales sobre artículos innecesarios o excesivamente represivos, como el 23 que decide que los números telefónicos e IP no están protegidos por el secreto de las comunicaciones, lo que parece una invitación a la transgresión de esos datos por terceros, que es exactamente lo que la ley busca evitar. Hay también muy bien razonadas y escritas críticas al conjunto, provenientes de activistas internacionales, que vale la pena revisar. Pero lo importante no me parece que resida ahí, sino en lo que podríamos llamar el impulso de “ley y orden” que lleva a crear una propuesta como esta.

El congresista Beingolea ha dicho que la ley no es de su hechura, pero la defiende como responsable de la Comisión de Justicia del Congreso, cosa que hace con convicción, fluidez y autoridad, pero no por ello deja de mostrar una clara tendencia conservadora, ya que para él,en el Perú vivimos en el reino de la impunidad, lo que con la modernidad y las nuevas tecnologías se ha extendido a toda la ciudadanía, con lo que cualquiera tiene el derecho de hacer lo que quiera protegido por el anonimato. Suena tremendo y es completamente desproporcionado. El reino de la impunidad que señala Beingolea se refiere no tanto a crímenes sino a excesos de la libertad de expresión, a lo que hace referencia al decir que es periodista. Si es así, entonces la ley de delitos informáticos está metiéndose en mares procelosos, porque parece preocuparse tanto de las mafias que hacen skimming de tarjetas de crédito con los trolls que difaman a la alcaldesa en los comentarios de las notas de La República.
En otras palabras: la noción que todas las formas de transgresión que usan dispositivos digitales deben estar incluidas en una misma norma produce un resultado que podemos resumir con un viejo refrán: “Si solo tienes un martillo, todo te parece un clavo”. La escala de represión aplicable a la mafia rusa o alguien que se baja un “torrent” de la inauguración de las Olimpiadas resulta siendo comparable: todos son delincuentes informáticos.

Esto hace que la norma, tal como está siendo planteada, no resulte saludable y merecería una conversación con dos propósitos: para qué la necesitamos y para qué tendríamos que optar por estas miradas que tratan de abarcarlo todo en una sola norma sin reconocer la diversidad. Puedo entender que el número IP no esté bajo el secreto a las comunicaciones, como no lo está mi número de teléfono: este secreto protege lo que dices, no el common carrier, el medio a través del cual se dice lo que está protegido. Esto no es óbice para que me den una explicación a partir de mis derechos como ciudadano que puede sufrir una transgresión, antes que en las necesidades de la policía para hacer una investigación cuando se supone necesario contar con ese dato.

El problema es que la oposición a la norma no ha sido muy buena. Inspirados en campañas internacionales más bien formalistas y propias de realidades políticas distintas, el conjunto de los opositores proviene del bando que podríamos llamar “hackactivistas”, gente que usa intensivamente la Internet y que considera que proteger su libertad, entendida esta de la forma que sea, es primordial antes que cualquier posible bien social que podría resultar de alguna forma de represión. No necesariamente comparto este punto de vista, pero creo que el principal problema ha sido centrarse en la narrativa interna del “hackactivismo” y no en el problema político más amplio: la protección simultánea de la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Principios como el de la neutralidad regulatoria no son rescatados tanto como se debería, a pesar que este proyecto es desproporcionado en penalizar lo que ocurre en el ciberespacio con mucho más énfasis que aquello similar que ocurre en la vida “real”.

El proyecto de ley es represivo en exceso, lo que quiere decir que en la realidad peruana será mal usado por una policía y un Poder Judicial que no investiga lo que debe sino lo que quiere, y que podrá usar las herramientas de la norma según las presiones del poder político o de poderes fácticos. En ese sentido, no es una norma saludable aunque no diga realmente nada nuevo. Tampoco es saludable seguir con la esquizofrenia legal del Estado peruano, que saca leyes que se contradicen en intenciones: banda ancha para todos, pero cuidado con usarla mal porque te metemos preso.
Finalmente, cuando le pusieron #leybeingolea a este proyecto, los opositores cometieron un error táctico impresionante: Alberto Beingolea será conservador, y será callado objeto de burla por su pasado televisivo, pero es un congresista articulado, con convicciones y con mucho manejo mediático, que sabe sacarse de encima a entrevistadores de todo calibre. El resultado es que el proyecto parece mucho mejor y más coherente de lo que es, porque el mensajero es bueno. En un escenario político en donde poco o nada permite discutir temas de fondo, las batallas tienen que plantearse bien, y el error de poner al frente de los adversarios a uno de los pocos congresistas que no parece estar ahí por accidente tiene grandes consecuencias.

Este dictamen muestra bastante bien lo mal que está nuestra política, y por eso debería ser aireado, discutido de nuevo y sobre todo, reorientado a servir a todos los ciudadanos, no sólo a los que se sienten -con razón o sin ella- amenazados por potenciales males informáticos. Para el grueso de los peruanos, los beneficios de un entorno de baja represión como la Internet son mucho más importantes que sus potenciales peligros. ¿Qué tal si comenzamos por ese principio antes de ponernos alarmistas, señores congresistas?

Publicado el 16/08/2012 en Noticias Ser.

Detesto la SOPA

El proyecto de ley ante la cámara de representantes de los EEUU, Stop Online Piracy Act (SOPA), es parte de una andanada jurídica que, para variar, puede terminar botando al niño con el agua de la bañera... y todo porque las industrias de contenidos no son capaces de aceptar que no hay forma de volver al pasado.

La premisa es esta: desde mediados de los noventa, las leyes de EEUU y del mundo entero aceptan que el intermediario no es responsable por las trasgresiones en línea. La DMCA, por ejemplo, creaba excepciones claras para los ISP en caso que alguien fuera culpable de "piratear" contenidos, con lo que aparecen los takedown, comunes en Google: si una búsqueda daba un resultado indebido, Google no era responsable que alguien se bajara contenidos siempre y cuando, a pedido de los derechohabientes, se retirara el enlace.

Como todos sabemos, desde esa época hasta ahora, la cosa ha cambiado, y sitios como YouTube basan buena parte de su popularidad en la cantidad de contenidos no autorizados disponibles. Entonces, la idea es cambiar las reglas del juego: ergo, SOPA.

Me levanto parte de una explicación de la EFF sobre el tema:

"En la actual redacción, la norma dará tanto al gobierno como a actores privados poder sin precedentes para interferir con el sistema de nombres de dominio (DNS). El gobierno podría forzar tanto a ISPs como a los motores de búsqueda a redirigir o descartar los intentos de llegar a ciertos sitios web. Una consecuencia posible es que terceros inviten a los usuarios promedio a servidores alternativos que ofrezcan acceso a toda la Internet por fuera del DNS, evadiendo la nueva versión, censurada, de la Internet en los EEUU; esto crearía nuevas vulnerabilidades a todo nivel mientras la confiabilidad y universalidad del DNS se evapora.

Y se pone peor: bajo las disposiciones de SOPA, los proveedores de servicios (incluidos los proveedores de hosting) estarán bajos nuevas presiones para monitorear y controlar policialmente las actividades de sus usuarios, puesto que SOPA se centra en sitios web que no hace lo suficiente para evitar las infracciones, sin dejar en claro qué sería "lo suficiente". Además crea nuevos poderes para cerrar a todos los servicios que ofrecen alternativas de acceso por fuera de las normas dispuestas por la norma".

En el camino, si alguien pone un video como este , alguien podría reclamar que es una trasgresión y bajárselo. Pero sobre todo: la privatización del control de los contenidos de la Internet básicamente nos vuelva vulnerables a todos, porque bastaría que una empresa con recursos diga que algo es ilegal, para que tengamos que bajar la cabeza. Encima, este problema es estrictamente de los EEUU: no se trata de tratados internacionales o acuerdos bilaterales, pero las consecuencias serían globales.

Por eso, en vez de SOPA, EFF propone que se le conozca como "Proyecto de Ley de Listas Negras en Internet", que nos remite al macartismo, y en general a todos los intentos de poner ciertos valores privados por encima de los valores sociales. Finalmente, lo que esta norma plantea es que la protección de intereses privados es más importante que los derechos ciudadanos, que es preferible algo de censura antes que pérdidas económicas. Un desastre total, que no por recurrente deja de ser desagradable.

El consenso en contra es grande: solo las industrias de contenidos, desesperadas por proteger su modelo de negocios, apoyan esto.

La opinión de los grandes de la InternetLa opinión de la Asociación de Electrónica de ConsumoLa opinión de la Unión de Libertades Civiles de los EEUULa opinión de especialistas en propiedad intelectual

El avance de la censura en Internet

Mientras Anonymous capta nuestra atención con acciones de poca monta, lo verdaderamente serio está ocurriendo en otras partes. Desde el G8 y la OECD, Francia, o más bien su presidente Sarkozy, se ha convertido en el principal promotor de la censura y el control de la Internet.

En la cumbre digital, llamada e-G8, el tema de cómo garantizar que la Internet sea un espacio bajo control para la propiedad intelectual y la "moral" fue muy destacado. Francia ha promovido leyes francamente retrógradas en este tema, como la HADOPI y la LOPSSI, que buscan entregar la decisión de controlar el acceso a la Internet a instancias administrativas, bajo el criterio expresado públicamente por Sarkozy de "civilizar a la Internet", y la no muy sutil intención de favorecer a las industrias culturales. Este año, en la cumbre promovida por Francia, se ha insistido en esto, en medio de conclusiones francamente contradictorias.

Hoy, la EFF ha declinado firmar, como parte de un grupo consultivo de la sociedad civil, un comunicado sobre política pública para Internet que la OECD ha terminado, fundamentalmente porque recoge la insistencia francesa en censura y sanciones desproporcionadas contra el consumo irregular de contenidos protegidos. En el trabajo han participado muchas empresas de contenidos y pocos representantes de los intereses ciudadanos.

Como dicen los franceses de La Quadrature du Net, una de las ONG/Think Tank sobre estos temas más interesantes del mundo, "the list of panel participants suggests that the OECD may have already taken the side of big corporations seeking to control the Net. The OECD's legitimacy can only come if its member countries stand up to protect our rights and a free, universal internet infrastructure over private interests".

Así pues, dejen en paz a Anonymous y dedíquenle algo de tiempo a estos temas, que a la larga son mucho más críticos que los tenues ataques a la aun más tenue ciberinfraestructura del estado peruano.
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Para los próximos cinco años 4: TIC para el desarrollo

No es una responsabilidad sectorial, y es por eso que no suele aparecer como un tema en las discusiones sobre la acción gubernamental. Pero el uso de TIC para el desarrollo es un asunto crítico.

Ciertamente es una combinación de cosas: infraestructura (tema del MTC), aplicaciones, gobierno electrónico, usos sectoriales, desde salud hasta interior o defensa. Pero sobre todo es cosa de actitud, de tenerlo presente. Muchas cosas se hacen pero pocas se coordina desde una perspectiva de desarrollo, es decir como noción integrada de a dónde se quiere llevar el país y cómo usar la TIC para lograrlo.

La falta de esta visión trans-sectorial es un problema, que solo se puede solucionar integrando esta preocupación en la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales. Es difícil saber cuánto tiene presente el tema esta comisión en la actualidad, porque su sitio web es lo primero en donde un especialista en comunicación debería trabajar: es apenas un folleto volcado en la web.

Asumiendo que habrá un ejercicio de replanteamiento de lo que se entiende por estrategia de desarrollo social, la integración de los temas de TIC para el desarrollo sería interesante, y sin duda un paso para darle más coherencia a los múltiples programas que existen en el Estado peruano, en sus distintos niveles.

Eso es lo que nos falta, de nuevo: más que programas específicos, que los hay, visión sistémica, para saber si lo que estamos haciendo empuja en la misma dirección. Una visión de derechos y libertades, integrada con las amplias posibilidades que ofrece la TIC, sería un gran aporte.
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Naciones Unidas y el derecho a la Internet: ¡lean el reporte, por favor!

Tormenta absurda en una taza de café, es la que se ha armado con el "Reporte del rapporteur especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión", que se ha convertido en algunas versiones delirantes en que "la ONU declara el acceso a Internet como derecho humano".

En primer lugar, se trata de un reporte ante el consejo de derechos humanos de la ONU, no ante la Asamblea General, firmado por el reportero especial, Frank La Rue. En segundo lugar, es un conjunto de recomendaciones que analizan la situación de utilización de la Internet y que bajo premisas muy similares a las que aparecen en la fallida propuesta de Declaración de Derechos Digitales que hicimos el año pasado, establece que limitar el acceso a Internet trae consigo una serie de problemas, entre los cuales aparece el punto 21, que dice

"By explicitly providing that everyone has the right to express him or herself through
any media, the Special Rapporteur underscores that article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant was drafted with foresight to include and to accommodate future technological developments through which individuals can exercise their right to freedom of expression. Hence, the framework of international human rights law remains relevant today and equally applicable to new communication technologies such as the Internet. "

En otras palabras: que las provisiones sobre libertad de opinión y expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos son aplicables a la Internet. Completamente distinto.

El documento es muy interesante, y debería ser revisado con cuidado. Lástima que no lo esté siendo, y que muchos se apresuren a sacar conclusiones sesgadas.

Protección de derechos de autor y de los consumidores: un informe

El tema sigue estando en primer plano: el departamento de medios y comunicación de la London School of Economics and Political Science ha publicado un informe de título sugerente, Creative Destruction and Copyright Protection: Regulatory Responses to File-sharing, el que explora la cuestión de cómo proteger los intereses de los derechohabientes de una manera sensata en estos tiempos de acceso digital.

El contexto es la ley de Economía Digital, una norma creada por el anterior gobierno laborista que aplacaba las demandas de las industrias culturales, sobre todo de la música, pero que realmente es difícil de implementar y poco realista en sus intenciones. La crítica es fuerte, no por razones legales sino por su irrealidad económica. Como dice una de las principales conclusiones del informe, "la provisión de soluciones simples y amigables que permitan bajar música legalmente a un precio razonable es una estrategia mucho más efectiva para proteger el derecho patrimonial de autor que un excesivamente represivo régimen legislativo y regulatorio", y lo demuestran como lo hacen los economistas, con modelos, estadísticas y demás.

Las otras dos conclusiones principales son también interesantes, y se parecen a ideas que han sido promovidas por este servidor y colegas, por ejemplo en la Declaración de Derechos Digitales. Por ejemplo, se sostiene que la Ley de Economía Digital establece un balance equivocado entre el enforcement de los derechos de autor y la innovación, porque el uso para aplicaciones innovadoras de tecnologías P2P debería ser promovido, mientras que enfocarse en esfuerzos para suprimir el uso de avances tecnológicos, protegiendo además modelos de negocios obsoletos, solo creará barreras a la innovación.

La otra conclusión fundamental es también importante, porque va a la yugular de los argumentos ridículos de la industria musical sobre el tamaño de las pérdidas causadas por las bajadas ilegales: el declive en las ventas de copias físicas de música grabada no puede ser atribuido únicamente a la compartición de archivos, sino que debería explicarse por una combinación de factores como por ejemplo patrones cambiantes de consumo musical, el decrecimiento de los ingresos familiares disponibles para productos de entretenimiento (añado yo, considerando la enorme competencia de otras formas de entretenimiento) y el incremento de las ventas de contenidos digitales a través de plataformas en línea.

Así pues, a leer. Siquiera este resumen...
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Piratería mediática: una mirada nueva y renovadora

Ha salido hace poco uno de los primeros estudios realmente útiles sobre piratería mediática que se hayan realizado en el mundo entero. Concentrando su atención en economías emergentes, una forma contemporánea de decir "países no tan pobres", Media Piracy in Emerging Economies es un trabajo encargado al Social Sciences Research Council, y ejecutado por especialistas en seis países (India, Brasil, Rusia, México, Sudáfrica y Bolivia, en orden de población).

Este estudio llega a varias conclusiones valiosas, pero quiero destacar dos:

Primero, que el problema fundamental es que la concentración y transnacionalización de las industrias mediáticas ha creado un terreno en que no hay adaptación a las condiciones locales, mientras que se promueve agresivamente el consumo de los productos culturales globales. En otras palabras, se impone un modelo de negocio tanto mediante la promoción de productos como a nivel de precios, ambos basados en los intereses de estos conglomerados globales que además, como resulta lógico, tienen como primer interés vender en sus mercados nacionales, o culturalmente inmediatos. Dicho de otro modo: una empresa global pero con raíces en Estados Unidos no solo quiere vender los productos creados en los Estados Unidos sino que quiere mantener el modelo de negocios de los EEUU en el resto del mundo, lo que es inviable y simplemente insostenible económicamente fuera de los mercados de origen.

Segundo, la consecuencia conocida: los consumidores no pueden acceder a los bienes en los términos oficiales, y gracias a la tecnología digital, aparecen "emprendedores" que cubren el vacío dejado en el mercado local por la desaparición de empresas locales como por la necedad de las empresas globales. La piratería (el uso de este nombre tan genérico no me gusta, pero estoy siguiendo el documento) resulta entonces de una falla del mercado, y se convierte en la solución de la demanda latente.

Hay varias conclusiones más, pero queda claro que la realidad de un negocio que promueve incesantemente sus productos pero que no cubre la demanda realistamente está condenada a continuar teniendo a la piratería como protagonista, salvo en los espacios en donde no es posible abastecerse mediante piratería, como el cine en sala, los conciertos en vivo, y la televisión de pago. En otras palabras, el énfasis en represión y enforcement es pura evasión: lo importante es reconocer que el modelo de negocios está agotado, y debe renovarse. Y esto incluye el marco legal, que dejó hace bastante rato de beneficiar a la sociedad para proteger a los gremios (en un sentido cuasi medieval) que viven de regalías.

Vean también la opinión de Michael Geist al respecto, que va por otro lado. Lean el informe, que además está disponible con su rollo sobre el "dilema de consumidor" para ejemplificar los problemas comerciales tras la piratería.
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2010, cuando comenzó el cambio

El año comenzó con un intento, poco exitoso, de motivar la discusión sobre los derechos digitales; el año termina con los derechos digitales en primer plano.

La declaración que promovimos no logró despegar, más allá del interés de una cantidad respetable de personas, creo por falta de conexión entre el discurso propuesto, de derechos y demandas, con la percepción de la realidad digital, en donde predomina el caos, el individualismo y cierto sensacionalismo. Se asume que el sistema no funciona, como asumimos en general los peruanos que ningún sistema funciona; por eso no es necesario, para afirmar nuestra posibilidad de consumo digital o de calidad de servicio, proponer derechos, que finalmente implican aceptar un sistema de defensa de los mismos. Es mejor que todo siga igual, más bien desordenado.

No digo que sea la única razón, pero creo que sí aflora cuando se reivindica el derecho a "consumir todo lo que quiera", es decir a bajarme contenidos protegidos sin límite alguno, como se notó en algunas protestas contra la nueva estrategia comercial de Telefónica sobre el uso de la banda ancha domiciliaria. Lo que hizo Telefónica no fue, per se, atentatorio contra la neutralidad de red, porque el principio fundamental es que la discriminación es por volumen y no por contenido, precisamente lo que implicaban estas nuevas tarifas.

Dicho de otro modo: proponer neutralidad de red no significa que podamos contratar un servicio y que no haya límites; tampoco significa que no existan restricciones por derechos de autor, ni que los derechos de autor sean inherentemente malo o irrelevantes. Significa que debemos garantizar que no haya abusos de parte de ninguno de los actores.

Algo parecido ocurre con Wikileaks, donde el valor de la transparencia se ha convertido en lo único que importa, más allá de la relevancia o de la pertinencia de ciertas revelaciones. ¿Es posible realizar acciones diplomáticas en la total transparencia? No. La premisa que todo debe revelarse, que nace de una noción casi hobbesiana de un estado que solo puede ser opresor, contrastada con un anarco-individualismo para el que el ciudadano del "quinto estamento" es el único realmente libre, ha creado un entorno que, más allá de los excesos de canonización de Assange, reclama ignorar lo práctico y hasta lo conveniente en función de un principio, que además no afecta la vida cotidiana de los activistas.

Lo que yo reclamo, lo que creo la Declaración plantea, es equilibrio. Como creador, siquiera de libros académicos, reclamo control sobre mis creaciones y la posibilidad que, si no hacer plata yo con ellas, que nadie medre con mi trabajo; como consumidor, que pueda bajarme una canción o hasta una película, especialmente si como pasa con la música, ya la compré, incluso como 45, en el pasado lejano; pero reconozco que si varias partes de la ecuación hacen plata con mis bajadas (el operador de telecomunicaciones, que no me vendería banda ancha solo para ver mis correos; el sitio web que aloja los contenidos, que pone publicidad; el sitio en el que anuncio mis contenidos, que también pone publicidad), deberían portarse y darle parte de esa plata a aquellos creadores culturales que quieran pedirla, pero no ciegamente a conglomerados mediáticos que finalmente aplastan la creatividad para su beneficio inmediato.

Creo, finalmente, que la Internet es el mayor espacio de innovación cultural desde la imprenta, y que hay que cuidarla. Y esto implica asumir que es de todos, no solo de cierto grupo de consumidores, ni tampoco de los operadores, ni de los conglomerados mediáticos, ni de los activistas con agendas propias, ni de los anarquistas en red al estilo de Anonymous o 4chan. De todos. Considerar el beneficio de cada uno y las desventajas que uno le causa al otro, y tratar de balancearlas.

Este año no hemos hecho eso. Algunas batallas ganadas, como aquella contra la ley Sinde en España, pueden ser contraproducentes, porque son completamente unilaterales; otras, como las controversias de Wikileaks, no son realmente relevantes más allá del chisme y la novedad de ciertas minucias, pero pueden implicar respuestas agresivas, hasta peligrosas, de los poderes estatales y empresariales.

¿Qué pasará el 2011? No lo sé, ni siquiera tengo una idea clara. Sé que los periodistas, los marketeros y los publicistas seguirán obsesionados con Twitter y Facebook para las elecciones presidenciales, sin evidencia empírica o siquiera anecdótica que sustente que estos medios sean realmente importantes; sé que Assange seguirá actuando como mártir; sé que ACTA será aprobado, y con ello la noche caerá a pesar de éxitos como el fracaso de la ley Sinde; no sé que pasará en el Perú, donde seguimos sin discutir estos temas en serio.

En todo caso, aquí estaré. Seguiremos conversando.
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Derechos Digitales: a firmar

Aunque es altamente probable que ya hayan visto esto, se ha publicado formalmente la propuesta de Principios para una Declaración de Derechos Digitales en el Perú.

Los invito a adherirse con su nombre y DNI a derechosdigitalesperu@gmail.com.

Es importante.
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En el día del libro y el derecho de autor...

Pensaba escribir algo largo en el espíritu de mi post anterior sobre el tema, pero he tenido el placer de encontrar una editorial (leader) de The Economist, una revista insospechable de izquierdismo, que básicamente dice lo mismo que trato de decir. Vale la pena leerlo, pero cito una partecita (con traducción):

The value society places on creativity means that fair use needs to be expanded and inadvertent infringement should be minimally penalised. None of this should get in the way of the enforcement of copyright, which remains a vital tool in the encouragement of learning. But tools are not ends in themselves.

(El valor que la sociedad le da a la creatividad nos dice que el uso legítimo necesita ser expandido, y que las trasgresiones inadvertidas debe ser penalizadas lo mínimamente posible. Nada de esto debería impedir hacer cumplir la protección patrimonial de los derechos de autor, que sigue siendo una herramienta vital en la promoción del aprendizaje. Pero las herramientas no son fines en sí mismos.)

¿Más claro?
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ACTA: el texto completo ha sido filtrado

Recordemos: el ACTA es una propuesta de tratado contra la falsificación de bienes que está siendo negociado hace un buen tiempo, y que ha creado zozobra en muchos círculos interneteros, por variedad de razones. Desde hace unos meses, partes del texto en discusión han sido filtradas, pero finalmente el texto completo ha salido al fresco, cortesía de la Comisión Europea. Falta información precisa sobre qué país propone qué cosas, pero no está mal, porque se supone que al fin, habrá debate público.

El texto tiene algunas mejoras con respecto a versiones anteriores, como apunta bien este excelente análisis de Ars Technica. El tono represor se ha bajado algo, pero sigue siendo muy agresivo. Lo más crítico, sin embargo, es la lógica tras esta propuesta.

Básicamente, estamos ante la lista de lavandería de las industrias de contenidos, que han llevado la legislación global de derechos de autor de la protección en equilibrio con el bienestar público, a la completa sumisión a los intereses de Big Content. En primer lugar, se pasa de la falsificación a la protección de derechos de autor, asumiendo que cualquier acto de copiado de contenidos es una falsificación. Esto es por lo menos, conceptualmente endeble.

¿Por qué hacer algo así? Porque de esa manera se logra que ACTA enfrente problemas que están regidos por leyes y tratados ya existentes, evitando tener que abrir la puerta para que, eventualmente, aparezcan actores con otros intereses. Tras ACTA está el interés de las industrias de contenidos de los EEUU de trasladar el marco altamente restrictivo de la DMCA al mundo entero, mediante el contrabando conceptual de utilizar a los países de la OCDE como palanca para forzar a los países de la siguiente etapa (incluyendo a aquellos donde hay más falsificación, como China, pero que no participan de la negociación de ACTA) a aceptar el marco jurídico de los EEUU.

Lo malo, es que el marco jurídico de los EEUU incluye cosas muy buenas, como el uso legítimo (fair use), que no está siendo exportado. Solo lo que le conviene a las grandes industrias lo está.

Ciertamente, nuestro colorido país no está participando, pero no me cabe duda de dos cosas: cuando el tratado se firme, el ansia de globalización de nuestros gobernantes los llevara a ponerse primeros en la fila para la firma, a cambio de algún tratado de libre comercio. Y más crítico: nadie debatirá esto cuando llegue el momento.

Ojalá me equivoque...
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Derechos digitales: principios

Están invitados a revisar los principios que estamos proponiendo Marco Sifuentes, Jorge Bossio y yo. Hay una página en Facebook para adherirse al hacerse fans; un sitio en Google Sites para revisar los principios, y también el viejo blog si quieren discutir las ideas.

Gracias por el interés.

¿Para qué existe el copyright?

En el contexto local, la discusión no siempre se fija en los grandes principios. Además, en la tradición legal peruana / latina, no existe el copyright tanto como la parte patrimonial de los derechos de autor. Pero para todo efecto, la matriz conceptual es similar.

El punto de fondo, desde la primera ley sobre el tema hasta la actualidad, es si el derecho de autor genera propiedad, o si es una concesión social a los autores. Los defensores del incremento de la protección patrimonial insisten que las obras son propiedad de sus autores, o de los derechohabientes (que suelen ser los capitalistas que financian las obras), y que por lo tanto la protección es el principio rector.

Los activistas de la renovación digital, que suelen agruparse bajo varios apelativos, pero que llamaré por comodidad los A2K, tratan de ir al fundamento del copyright, que aparece en 1709 con la ley de la Reina Ana, y es recogido en un famoso discurso de 1841 de Thomas Macaulay, donde se considera que el beneficio público requiere entregar a los autores un monopolio de explotación de sus obras, porque así tendrán incentivos para producir; pero que como todo monopolio, es incorrecto y dañino, y por eso debe ser temporal. Bajo esta óptica, el copyright no crea propiedad, sino que brinda un estímulo, y crea restricciones de explotación para que el estímulo sea más efectivo.

La diferencia es inmensa, y el debate actual reside precisamente ahí, porque si aceptamos la premisa que el copyright es un reconocimiento de propiedad, entonces la explotación de esa propiedad debe ser el principio de partida, y lo demás, incluyendo el uso legítimo y el eventual pase de las obras al dominio público, deben estar subordinadas al principio de la propiedad.

Lo que reivindican los A2K, es lo contrario: la cesión temporal nunca debe dejar de ser eso, porque el principio es el beneficio social; por ello, el estado natural de los contenidos es el dominio público, y el copyright es una excepción. La existencia del copyright busca garantizar el aumento del stock de obras, lo que se logra creando un estímulo para los autores (de ahí la protección) pero también ofreciendo posibilidades de creación a partir del stock, para lo que necesitamos que el dominio público sea rico y creciente, y que haya frente a él un agujero negro de obras sobreprotegidas a pesar de estar en condición de huérfanas.

En la exquisita prosa de Macaulay:

The principle of copyright is this. It is a tax on readers for the purpose of giving a bounty to writers. The tax is an exceedingly bad one; it is a tax on one of the most innocent and most salutary of human pleasures; and never let us forget, that a tax on innocent pleasures is a premium on vicious pleasures.

Entonces resulta importante reiniciar el debate desde los principios, como se ha dicho en un post anterior, pero también tomar en cuenta que este debate es muy intenso y podría tener buenos resultados en otros sitios.

En el Perú, donde la base del derecho de autor no está tan bien establecida conceptualmente, y donde no tenemos realmente un concepto de uso legítimo, sino apenas excepciones y limitaciones muy excepcionales y limitadas, el tema requiere mucha más discusión. No se trata, como se ha dicho, de poner todos los huevos en la canasta tecnológica y simplemente asumir que el copyright desaparecerá cortesía de la Internet. Se trata de fundamentar los cambios necesarios para llevar el barco a buen puerto y poder crear un entorno que sin dejar de retribuir a los autores, y sobre todo, revirtiendo el control sobre la explotación a los autores, logre establecer el dominio público y el uso legítimo como la base misma de la legislación de derechos de autor.

Finalmente, algo más ligero: la mejor explicación sobre qué es el copyright también sirve para entender qué es el uso legítimo...

Derechos de autor: cambiar la mirada

Indudablemente, la gran crisis de los derechos de autor tiene como momento de inflexión la aparición de Napster. Si bien la percepción de los derechohabientes, de una amenaza creciente, se plasmó en la muy agresiva Digital Millenium Copyright Act de 1998 (a su vez, reflejo de los tratados globales en el marco de la OMPI para la prevención de la "piratería" de contenidos. Pero fue Napster el fenómeno preciso que permitió la masificación del consumo irregular.

Aquí aparece un evento importante, separado de la piratería. Mientras que esta última es una actividad comercial, hecha con el propósito de ganar dinero, el uso de servicios como Napster y los que han heredado su función no busca beneficios para aquellos que ponen contenidos a disposición de terceros (hay beneficios colaterales para otros, como los proveedores de acceso a Internet). No es una diferencia banal, puesto que en el acto de llamar piratería a todas las formas de consumo no sancionado por los derechohabientes, estamos criminalizando todo, desde lo más trivial (y hasta cierto punto legal, como ripear un CD para ponerlo en tu iPod) hasta lo más delincuencial (como el copiado masivo de contenidos para ser vendidos en las calles).

Para algunos, sin embargo, es conveniente usar piratería para todos los casos porque en realidad busca la abolición completa de la protección patrimonial. Estas perspectivas me parecen exageradas y basadas en una noción anarquista de la propiedad en general, que además ignora la realidad del consumo cultural masivo, proveido por industrias con gran acceso a capital y con mecanismos de distribución global.

Entonces: se puede postular que la protección patrimonial no es por ella misma mala, sino que su sobredimensionamiento como justificación para la reforma de la legislación es el problema. El exceso de protección solo beneficia a los derechohabientes, por lo general empresas o conglomerados, antes que a los creadores e intérpretes mismos; pero no es tan mala idea que los creadores e intérpretes reciban beneficios monetarios por su trabajo.

¿Es la tecnología el problema? No. El sistema tecnológico específico que es la Internet ha creado condiciones para que sea muy fácil circular copias de contenidos, pero esto no hace que la protección sea una mala idea. Incluso si se acepta la premisa que no hay manera técnica para detener la circulación de contenidos digitalizados, esto no cancela la relevancia de la protección, así como tampoco desbarata el argumento a favor del aprovechamiento de esta facilidad tecnológica para hacer más viable el acceso al conocimiento, en todas sus formas.

De hecho, las debilidades de la protección tecnológica están siendo el motivo para promover el ACTA, un acuerdo de comercio que pondría la obligación de impedir la trasgresión de los derechos patrimoniales no solo en manos de estados y proveedores de contenidos, sino de proveedores de acceso a Internet e incluso en los productores de dispositivos que podrían ser usados para acceder a contenidos no permitidos. Esto crearía condiciones legales para que los proveedores de tecnología tengan que alterar sus servicios y productos, de manera de favorecer el control sobre la trasgresión, lo que cambiaría por completo la ecuación. Finalmente, los sistemas tecnológicos no solo solo tecnología, sino también los marcos legales e institucionales que le dan sentido.

Ergo: no se trata de debatir si la protección patrimonial debe o no ser defendida, o si es inevitable o no que la protección desaparezca. El debate está en cómo aprovechar la capacidad tecnológica para aumentar el stock de obras a disposición de todos, sean o no obras protegidas patrimonialmente.

Esto es importante, porque en la discusión maximalista los gobiernos se han aliado, y muy probablemente seguirán aliándose, con las industrias de contenido. Estos conglomerados controlan los medios y por lo tanto tienen poder para enmarcar la discusión pública sobre estos temas. Pero la defensa de los derechos ciudadanos al acceso a la información y el conocimiento deberían compensar el exceso de poder adquirido por estos conglomerados, obligándolos a discutir mejor el tema de las compensaciones proporcionales, de las reducciones de los plazos de protección patrimonial, del aumento de las excepciones y limitaciones (uso legítimo, importante para colegios, universidades y creadores individuales), el fomento de mecanismos alternativos de protección patrimonial y de producción cultural, y también la protección y engrandecimiento del dominio público.

No debatir sobre falsos opuestos, sino sobre principios que beneficien a todas las partes. Ese debería ser el norte en esta discusión.
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¿Es propio hablar de propiedad intelectual?

Cuando comprarmos una película pirata en la calle, estamos trasgrediendo los derechos de autor de un grupo más o menos indeterminable de gente. Cuando nos compramos al toque unos lentes "Ray-Ban", el problema es la marca. Por ahí, esos lentes han sido tan bien copiados que alguna patente ha sido trasgredida para poder fabricarlos.

Estas tres categorías se agrupan, por comodidad conceptual, como propiedad intelectual, pero son en realidad cosas completamente distintas. El derecho de autor, que tiene una variedad muy amplia de protecciones, beneficiarios y demás, se dedica a las obras, es decir a las creaciones del espíritu, por usar un término antiguo. Las patentes protegen las invenciones, es decir creaciones únicas que tienen existencia material concreta y que sirven para algo. Finalmente, el derecho de marcas protege aquellas maneras distintivas que identifican un producto o servicio, y que podrían hacer que un consumidor confunda y compre mal si se las usa mal.

Es por eso conveniente usar lo menos posible el término propiedad intelectual, porque cubre dimensiones económicas y culturales importantísimas pero distintas y claramente diferenciables. Al Perú le interesa una política pública de patentes lo más estricta y coherente posible porque sino es fácil sacar principios activos de plantas oriundas, y patentarlas como medicamentos que nos costarían un ojo de la cara sin mayor retribución ni al estado ni a las comunidades que han identificado y usado la planta por siglos sino milenios. Pero el regimen de derecho de autor debe ser visto distinto, porque nos interesa que sea barato acceder y reproducir obras necesarias para el trabajo intelectual, educación y trabajo cultural en general.

Esta separación trae consigo otros rollos: mientras que la protección de derechos de autor para un un libro beneficia al autor y por ahí al editor (pero no siempre) en una película bien puede tratarse del guionista, el director, los actores, los técnicos y el productor. En el software, donde es necesario cada vez más capital para contratar la cantidad necesaria de programadores, el beneficio individual es casi imposible, lo que crea un entorno perfecto para el movimiento del software libre; en la música, donde la canción es una cosa y la interpretación otra, hay juegos distintos de derechos.

No olvidemos que los derechos de autor son además distintos porque tienen una dimensión permanente, los derechos morales, y una temporal, la patrimonial.

A todo esto, hay que sumar la piratería, que afecta más a ciertos conjuntos de productos culturales que a otros, y todavía más, a la Darknet, que facilita que todos nos consigamos lo que queremos and damn the consequences.

Consideremos qué pasa cuando los derechos de autor patrimoniales, las patentes y las marcas dejan de estar protegidas: van a un lugar maravilloso que se llama el dominio público, de donde las podemos sacar a pasear para hacer con ellas cosas lindas, como por ejemplo esto.

La necesidad de separar estas dimensiones y dejar de hablar de propiedad intelectual reside pues, en que sin entender que estamos ante dilemas distintos, no podremos proponer soluciones adecuadas. ¿Qué soluciones? Algunas se esbozarán en un próximo post.
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El debate de los derechos de autor: un ejercicio de redireccionamiento

El tema aparece, de cuando en vez, y ahora entre los esfuerzos para mover el tema de derechos digitales, junto con otras iniciativas y discusiones, se trata de ponerlo a la vista, desde perspectivas distintas a las estrictamente interesadas en proteger el status quo.

Me permite proponer dos grandes rutas para la discusión, a partir de ideas que vengo difundiendo desde hace algún tiempo ya. La primera, es no entramparnos en la pertinencia o no de la propiedad intelectual; la otra, la necesidad de dejar de lado el debate dualista. En el post siguiente, le dedicaré atención a lo primero; espero a más tardar el lunes proponer el otro grupo de ideas.

Addendum del 21/02/2010: buena parte de la discusión sobre derechos de autor en el Perú se fija demasiado en lo local, desde la insistencia de la APDAYC hasta los problemas con Indecopi. Está bien que sea así, y al mismo tiempo nos hace perder de vista la importancia de la situación internacional. Un tercer post sobre el tema será dedicado al panorama internacional, para contextualizar nuestros problemas en las grandes discusiones que deberíamos seguir con más cuidado.
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