Lo peor de ambos mundos

Finalmente, tras una inmensa demora, el Estado Peruano optó por renovar la concesión, vencida hace un buen rato, de tres bandas de telefonía móvil a Telefónica del Perú, a través de su marca comercial Movistar. Se trata de dos bandas en Lima, en diferente frecuencia, y una banda fuera de Lima. No es todo el negocio de móviles, y ciertamente no es el negocio completo de Telefónica en el Perú.

La renovación ha venido acompañada con una serie de nuevas obligaciones de servicio que configuran una nueva política pública de telecomunicaciones. Estas son de alguna manera formas de dorar la pildora ante la opinión pública, que se asumía iba a reaccionar mal ante cualquier continuidad de Telefónica, empresa que ha hecho mal muchas cosas y que sin duda, no ha logrado revertir la percepción de ser un asco de empresa, por atención, por precios y por calidad de servicio. Como en muchos otros casos, es discutible esto, y podríamos entretenernos un buen rato en determinar exactamente por qué esta renovación es ilegal y entreguista, como la define un congresista. Pero ese no es el punto de fondo.

Hay en realidad dos cuestiones que no se pueden ignorar. En 1994, en 1998 y en 2002, el Estado Peruano tuvo oportunidades para crear condiciones para un mercado competitivo en telecomunicaciones, y las desperdició. En el primer caso, al privatizar en paquete, lo que logró un buen precio pero demasiada concentración en el operador ganador, Telefónica. En 1998, cuando se cortó el plazo de competencia restringida que favorecía a Telefónica un año antes, y en los términos que Telefónica buscaba, con lo que se impidió el ingreso de capitales en el momento más expansivo de la industria desde su transformación por privatizaciones en la década de 1980. El 2003, por mal manejo del ministro de la época y presión del público, se implementó una serie de planes tarifarios baratos que impidieron la competencia en telefonía fija, junto cuando era previsible que en el mediano plazo iba a ser imposible dinamizar un sector que perdía importancia. Apenas cuando Telefónica adquirió las bandas de Bell South en 2004, se logró poner condiciones estrictas para favorecer a los consumidores ante la posibilidad que Telefónica aprovechara su incremento de presencia comercial.

Ahora, el gobierno demoró mucho tiempo la decisión frente a una situación que se conocía hacia rato: los contratos de concesión, firmados a 20 años, vencieron el 2011, con lo que se estuvo negociando por casi dos años algo que debió haber estado resuelto el 2010, y que Telefónica solicitó fuese resuelto en ese momento. Esta demora ha traido a su vez falta de inversiones, porque las inversiones se definen en los contratos y porque las obligaciones de servicio son más difíciles de hacer cumplir cuando un operador no sabe si continuará o no en el mercado. Pueden sonar a excusas, pero la demora del Estado Peruano es parte importante del problema.

Hay efectivamente un problema de tributación, sobre el cual asumo, pero no afirmo porque no tengo la información completa, que no se puede usar como palanca en la negociación por los términos de los contratos originales y los acuerdos comerciales que el Perú tiene con las partes. Es decir, la resolución de ese conflicto sigue un camino que no puede afectar la negociación comercial regular entre las partes.

El resultado, aunque falta revisar a fondo lo que se ha acordado, no pinta bien, por las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, responsable político de la negociación. Se ha acordado (cito a Jorge Bossio en La Mula):

1. Tarifa social para telefonía móvil para 1 millón de beneficiarios de los programas sociales y servidores públicos que trabajan en áreas rurales

2. Ampliar la cobertura en 409 capitales de distrito, con lo que se alcanzaría el 100% de las capitales distritales con cobertura móvil)

3. Acceso gratuito a Internet satelital en entidades públicas de localidades rurales

4. Acceso a 37 distritos fronterizos, ampliando la cobertura hasta el 100% de los distritos fronterizos

5. Acceso gratuito a Internet de banda ancha a  entidades estatales en aquellas capitales de provincia dónde actualmente hay fibra óptica de telefónica y en el futuro cuando haya fibra óptica como parte del proyecto de red dorsal.

6. Participación en el proyecto de comunicaciones para conectar la selva peruana

7. Transporte de imágenes de cámaras de videovigilancia.

Todas estas medidas son interesantes, pero tienen un gran defecto: son útiles para el Estado Peruano, no para los consumidores de telecomunicaciones. Al crear una tarifa social para los beneficiarios de programas sociales, se expanden estos pero se contrae el mercado, puesto que ahora los ciudadanos que se suscriban al servicio más barato son básicamente clientes cautivos del operador dominante en el Perú. Las entidades estatales, que ya podían estar pagando por su servicio incluso a operadores locales, ahora serán clientes cautivos de Telefónica. Y así sucesivamente. 

En vez de valorizar el contrato y entregar el monto que tendría que pagar Telefónica a un fondo como el FITEL, que lleva servicios a donde no se pueden pagar, o crear un mecanismo para subvencionar el servicio comercial en zonas en las que falta expansión, o en general promocionar mejores servicios para todos los peruanos, el gobierno ha convertido a Telefónica en un aliado estratégico de sus programas sociales. Sin duda un grupo de peruanos tendrá, potencialmente, muchos beneficios, pero el mercado de telecomunicaciones seguirá siendo abastecido por menos operadores con menos incentivos para ser competitivos y menos interés en ser innovadores, ahora que tienen más clientes cortesía del Estado Peruano. 

Es posible que habiendo asumido como inevitable que cualquier resolución favorable a Telefónica iba a ser mal recibida por la población, se haya optado por reforzar el carácter "social" del contrato. Sin embargo esta no es ni la mejor forma de ofrecer estos servicios, ni le hace ningún favor a todos los peruanos que no están entre los beneficiados potenciales o actuales de los programas sociales. En otras palabras, se discrimina "positivamente" con el costo de acotar la expansión del mercado de telecomunicaciones, de regularlo mejor y de posibilitar más oportunidades tanto en la oferta como la demanda. 

Hay que esperar para ver si hay una valorizar monetaria efectiva, y no solo contable que pone como aporte de Telefónica lo que le da al Estado para sus programas sociales. También hay que esperar a ver si nuevas condiciones de servicio hacen más fácil el control por parte de Osiptel e Indecopi de la calidad y amplitud de los servicios de Telefónica, para aquietar la demanda de mejoría en ese campo. Hay que ver también si alguna cuestión sobre tarifas aparece en el horizonte. La crítica de Carlos Huamán es demoledora y merece una buena lectura, especialmente porque enfatiza los aspectos más técnicos del acuerdo y sus defectos de fondo.

Lo cierto es que, incluso si se acepta que era muy difícil no renovar las concesiones, dada la realidad del mercado de telecomunicaciones tanto local como internacional, la manera como se ha decidido hacerlo es poco acertada. Ojalá el debate vaya por ahí, y ojalá que los peruanos podamos discutir sobre lo que necesitamos en telecomunicaciones más allá de prejuicios y miradas cortoplacistas de cualquier tipo, para evitar que algo como esto sea visto como la única o la mejor forma de negociar concesiones. Porque no lo es.

(Disclosure: no trabajo, ni he trabajado para Telefónica ni para ningún otro operador de telecomunicaciones. Soy consultor de Fundación Telefónica en temas de educación y TIC, pero no tengo contacto con temas regulatorios, de mercado o incluso, estrictamente hablando, de telecomunicaciones, que son manejados por la empresa y no por la Fundación. Mi contacto con la empresa es mínimo y de carácter informativo. La opinión aquí expresada es mía).

Planes de apagón

En el tema del apagón analógico, tratado con cierta jocundia en una entrada anterior de este blog, hay varias confusiones, no sé cuán intencionalmente alentadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La parte más crítica de este apagón no es el comienzo sino el final, y el lugar más crítico no es la parte más grande del mercado (Lima) sino las zonas de cobertura más débil, en especial todos esos pequeños pueblos del interior del país en donde se recibe televisión gracias a la intervención del mismo estado, donde hay receptores satelitales instalados por el MTC.

Colocar transmisores en Lima y lanzar señales paralelas no es complicado, aunque sí posiblemente caro y no necesariamente lucrativo para las empresas de radiodifusión. Obviamente, no porque estas empresas tengan que pagar por el uso del espectro (estoy seguro que negociaran estatus de prueba por todo el tiempo necesario) sino porque mientras el público no compre televisores con capacidad de recibir la señal digital, y comience a ver la TDT prefiriéndola a la señal de pago, no se podrá vender la publicidad a tarifas especiales. El simulcasting, la estrategia usada en todos los países en donde hay televisión digital terrestre para un período de transición, permite un crecimiento ordenado y seguro de la base de equipos de recepción; lo que no garantiza es un público interesado en comprar esos equipos.

Desplegar la señal en los lugares lejanos solo será posible cuando los lugares cercanos financien el negocio. Para ello, los clientes deberán estar dispuestos a cambiar de televisores o a comprar decodificadores, que según recientes declaraciones del ministro Cornejo, no estarán subvencionados (aunque los precios que menciona siguen existiendo en la imaginación de los proveedores, no en el mercado). La única razón por la cual se puede optar por comprar decodificadores es para tener acceso a una programación de particular calidad o con contenidos que no estarán en otro sitio, lo que es casi la definición de la televisión de pago.

Por eso, la pelota estará en la cancha de los radiodifusores. La oferta que propongan deberá ser convincente, y además deberá incluir otra dimensión: ser competitiva con el cable, que ya exige pagos y que existe por todo el país. Los beneficios de la televisión digital terrestre para el consumidor final no son tantos si no se incluye mejores contenidos o mejor imagen y sonido (alta definición); y si bien en el largo plazo todos tendremos que cambiar los televisores algún día, también es cierto que en el largo plazo todos estaremos muertos...

Entonces: la televisión digital terrestre en el Perú tiene que ofrecer algo realmente atractivo, codiciable y diferenciado de lo que actualmente ofrece la televisión de señal abierta, y que además sea competitivo con el cable, para que los consumidores de Lima, y en mucho menor medida de las demás ciudades grandes del Perú, estén dispuestos a gastar en equipos que garanticen ojos viendo publicidad. Sin eso, no existe camino viable alguno para que los radiodifusores se expandan fuera de Lima; sin esto, no hay manera que el apagón analógico ocurra.

¿Son las actuales empresas de radiodifusión las más indicadas para innovar, inyectar capitales y ofrecer una experiencia atractiva al consumidor? En un mercado sin competencia desde los costados (el cable) o desde afuera (la Internet) sería discutible. En la realidad actual de la comunicación, es completamente inviable.

Tendremos pruebas de televisión digital pronto, y tendremos planes también. Pero sin una reimaginación de lo que la televisión debe ser en el Perú y para el Perú, no vale la pena ir corriendo a comprar un receptor de ISDB-T.
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Cambios en el viceministerio de Comunicaciones

Cayetana Aljovín deja el viceministerio de Comunicaciones, y será reemplazada por Gonzalo Ruíz, un economista con formación y experiencia de tecnócrata muy sólida e impecable. Gonzalo ha sido director del FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, donde ha tratado de ser sistemático y cuidadoso en la gestión, sin ser necesariamente innovador.

Digamos que mientras que el pasado de la Aljovín respecto a las comunicaciones tenía mucho que ver con su trabajo en el sector privado, Ruiz tiene poca experiencia en temas de comunicaciones: como economista ha sido funcionario de Indecopi en cuestiones de competencia, y su primer contacto con las telecomunicaciones, específicamente con la promoción de acceso, fue en FITEL. Sí ha tenido que ver con servicios postales, y como especialista en competencia puede ser interesante verlo buscando cómo aumentar inversiones y también como regular mejor el sector.

Siendo un tecnócrata, me imagino tenderá a cierto conservadurismo. Esperemos que esto no afecte su desempeño en el tema de televisión digital, que es crítico y que caerá redondo en sus manos. Si de Cayetana Aljovín no esperaba mucha creatividad, de Gonzalo al menos espero ganas de escuchar a todos los stakeholders, no solo a los empresarios limeños de la radiodifusión. Ojalá.

Nota ochentera: por si alguien que pueda hacerla, no ha hecho la conexión, Gonzalo Ruiz es el Che, el cantante y guitarrista líder del grupo que en la PUCP se llamó Sexo y que, cuando lograron sacar su LP (tiempos aquellos) recibió el anodino nombre de Anexo 3.

Televisión Digital: 90 días (o más) más

Otra vez, postergación. El estándar no será recomendado por ahora. Por lo menos 90 días, pero probablemente más.

¿Razones? Varias, algunas válidas, otras no tanto. Que quede claro: lo que sigue es fundamentalmente especulación, en menor medida reconstrucción a partir de varias fuentes que mejor serán anónimas.

Aparte de carencias en las pruebas, lentitud en las mismas, y presiones varias, hay un nuevo actor, que quiere ser evaluado: el estándar chino, DMB-T/H, Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld. Una derivación del ATSC, pero sobre todo una adaptación que al parecer es presentada como "no tan buena" como los demás estándares pero sí más barata, y con el peso de la posible cooperación china. Venezuela, Cuba y Nicaragua lo están probando (¿qué raro, no?)

No estoy en condiciones de opinar sobre los detalles, salvo que, según información provista por los promotores del estándar japonés, el DMB usa canales de ocho MHz, en vez de los seis MHz habituales, en la televisión analógica y las varias formas de televisión digital.

¿Qué otros elementos entran en juego? Muchos. Los operadores de televisión asumen, probablemente con razón dada la consabida genuflexión de la clase política a los medios, que sea cual sea el estándar, recibirán los canales para su explotación sin que nada cambie en la repartición del espectro, salvo el hecho de moverlos de VHF a UHF; posiblemente quieran incluso quedarse con los canales de VHF que ya tienen para aprovecharlos en otros negocios, aunque esto no se ha hecho en ningún otro sitio. Un gerente de América mostró este punto de vista cuando en el seminario de televisión que hicimos en la PUCP hace dos semanas digo que el estándar europeo era problemático porque si ya daba problemas llenar un canal, "cómo iban a hacer para llenar más canales"... lo que fue contestado con un sonoro "¿y de dónde sacan que tendrían que operar esos canales extra uds.?" de parte de un comentarista.

Todos los estándares vienen con regalitos: conociendo a la gente que está en el MTC, no estamos hablando de corrupción, sino de capacitación, subsidios, equipos a precios bajos y muchas píldoras para aminorar el gasto y simplificar el proceso de cambio. Hay consideraciones geopolíticas, como la relación con Brasil (detrás del estándar japonés modificado que han adoptado) o con China, y en menor medida con Europa y Estados Unidos, que no tienen tanto que ganar con la elección de equipos, al no ser grandes fabricantes de equipos.

Ergo, hay pa'rato. Lo único que se puede recomendar: no se apuren en comprar un televisor pensando en televisión digital; piensen en el BluRay del 2010 más bien y esperen un poquito, porque ver televisión, de señal abierta o por cable, con un televisor de alta definición solo garantiza una peor imagen, no una mejor. Hoy vi un televisor inmenso de alta definición en Hiraoka, con imagenes de los Juegos Olímpicos en la señal de supuesta alta definición en prueba de ATV, y se veía peor que en mi modesto Trinitron de hace cinco años... ni siquiera Michael Phelps compone malas señales.

Enlace: buen mapita en la Wikipedia.
Gracias Ocram por el enlace.

Repartición de culpas: Movistar y Nextel son y no son

La auditoría encargada por el MTC sobre la saturación de las redes el día del terremoto está terminada, aunque no disponible en el sitio del MTC (que como buen sitio web del estado peruano, es un desastre; pero eso es tema para otro día).

Como lo dijo la Ministra, el problema el 15 no tuvo mucho que ver con el estado de las redes. Pero esta auditoría sirvió para hacer notar otro problema, o por lo menos para que se ponga a la luz una de esas cuestiones que están en la mente de todos pero que no se pueden afirmar sin pruebas: la expansión de la venta de servicios finales en telefonía móvil no ha estado acompañada por una similar expansión en facilidades técnicas.

En cristiano: las empresas venden muchos aparatos pero no hacen crecer al mismo ritmo sus redes. Específicamente, Telefónica Móviles / Movistar y Nextel son culpables de esta situación. Ni Claro ni la telefonía fija en general tiene estos problemas, así que por ahí no hay mucho que discutir. Salvo el tema de interconexión, en unos párrafos.

Hay varias explicaciones para esto, incluyendo algunas banales y otras no tanto: el aumento de ventas está dirigido por la demanda mientras que la expansión de facilidades depende de seguridades de demanda, lo que siempre ocurre después; los usuarios que compran teléfonos móviles siguen un patrón predecible de bajo consumo que solo afecta la red cuando deciden que comunicarse es más urgente que ahorrar; el contrato no exige lo mismo que los estándares internacionales... incluso se mencionado el siempre útil mantra de "se espantan las inversiones" que es francamente estúpido, especialmente si se dice al día siguiente de la confirmación de la multa de 497 millones de euros a Microsoft, que demuestran claramente que los inversionistas tienen la obligación de jugar limpio o atenerse a las consecuencias.

Dicho esto: no me queda claro si hay mucho sustento legal para poner la sanción que el MTC ha prácticamente ordenado a OSIPTEL. Veremos qué pasa.

La Ministra tuvo la pertinencia de mencionar con bastante claridad otro tema pendiente: la interconexión. Es altamente probable que los cuellos de botella más severos del día del sismo hayan estado en la interconexión entre los distintos servicios, no en los mismos servicios. Asumo que un escenario común ese día haya sido llamar de un móvil a un fijo para averiguar cómo estaban, y ahí el problema estaba en la interconexión, no en la capacidad de la red móvil o fija.

En todo caso, un corolario interesante, que demuestra algo más de sensibilidad política de parte de la Ministra Zavala, así como la buena tarea de sus supervisores de auditoría. Sigamos viendo el escenario pero por ahora el resultado es útil para los usuarios y saludable para la ciudadanía.

Actualización del 19 de setiembre: con titulares confusos y destacando la poco confiable actitud de Guillermo Thornberry, varios diarios indican que también Claro y Telefónica (fijos) serán sancionados. Aclaremos: TdP por no dar información. La impresión que da es de subirse al carro, pero hay que esperar unos días para entender mejor lo que se está diciendo. Regresaré al tema pronto.

Actualización: Buen levantamiento de citas de parte del Morsa.
Corrección: Gracias Roberto por la acotación, ahora en el título dice Movistar donde decía Telefónica.

Elefante en cristalería

Las respuestas que el gobierno ha dado a los casos mediáticos más recientes motivan preocupación sino indignación. Por razones distintas, sin duda, pero de todas formas queda la sensación de una urgencia autoritaria ante la oposición de cualquier cuño.

El caso de Radio Cutivalú es el más serio. La respuesta del primer ministro ha sido altisonante y francamente preocupante. Por un lado, la decisión de abrir otro frente en la batalla complicada y ya polarizada sobre minería y agricultura parece incomprensible. ¿Era necesario actuar cómo lo hizo? No solo metió en el mismo saco a Radio Cutivalú con los informales, los campesinos ignorantes y hasta los narcotraficantes; tácticamente desvió el debate a espacios ciertamente peligrosos al desplazar el tema de la minería a la libertad de expresión.

¿Puede una radio, al negarse a pasar publicidad política, atentar contra la libertad de expresión? No lo creo. En primer lugar, la protección de la libertad de expresión es más para los individuos frente al poder del estado que para el estado ante los particulares, puesto que además el estado no tiene derechos fundamentales; por otro, no estamos ante información, sino persuasión. El gobierno quiere que la gente opine lo contrario, y para eso usa publicidad. El principio de equidad indicaría que se debe permitir que el debate público incluya a todas las voces, pero la publicidad es un elemento que distorsiona dicho debate, al tratar de producir respuestas emocionales o simplificadoras frente a asuntos complejos.

Un ejemplo concreto: ¿tiene el estado derecho a exigir el principio de equidad en la difusión de las ideas cuando una política de estado no es compartida por un particular? si a Radio María le piden pasar publicidad en favor de la anticoncepción oral de emergencia (política pública de salud), ¿está cometiendo un delito contra la libertad de expresión al negarse? O acaso, ¿no es el estado quién está cometiendo delito de coerción al obligar, más allá del pago, a una radio a difundir ideas con las que no concuerda?

La actitud frente a este caso resulta por lo menos debatible, pero no ayuda el tono y estilo del mensaje. Sería saludable para los debates políticos bajar el tono, que hace días está francamente fuera de la escala: ¿realmente este discurso de los "comunistas" del presidente ayuda a que las cosas se resuelvan? Tal vez alguien debería decirle que los empresarios del cuño de Julio Favre o Gonzalo Prialé ya están de su lado, y que no necesita seguir robándoles sus líneas para que lo quieran.

Si unimos a esta situación la respuesta ante el caso Orión, la cosa se pone más dura. No cabe duda que el dueño de Orión es un individuo de baja estofa, que no merece tener una radio. Lástima que no exista, ni vaya a existir, marco legal alguno que permita sancionar a los que emiten mentiras. También es totalmente cierto que esta radio estaba en situación ilegal. Pero la oportunidad del cierre es lamentable, porque muestra impotencia ante la situación. Carente de capacidad de maniobra política, el gobierno opta por la respuesta policial. Señal de falta de cuadros, de habilidades de comunicación, de gente en el terreno que sirva para comprarse el pleito de la reconstrucción. Reflejo de la vocación por ganar destruyendo, no convenciendo, como el debate lamentable sobre las ONG y el intento controlista ha demostrado.

Muchos han hablado sobre las carencias inmensas de este gobierno, que ha optado por hacer política mediática confiado en que la retórica presidencial tiene cómo mover o detener al Perú, según sea el caso. El fracaso es evidente, puesto que el que no puede moverse es el gobierno, incapaz de hacer algo con el país más allá de confiar en burócratas nacionales e internacionales, y sin caer en discursos altisonantes que encierran al presidente en un círculo cada vez más estrecho de personas con poca creatividad y sin una imagen aggiornada de lo que es el Perú de hoy. La respuesta policial tiene límites, y siendo como son las cosas en la radiodifusión de provincias, el enemigo ganado en Eloy Yong regresar a fregar con una estación pirata "comme il faut" muy pronto, con quién sabe qué atrocidades.

¿Cuándo comenzará a hacer política, señor presidente, más allá de élites sin conexión con el país o el discurso sin fin y sin norte? Porque si no lo hace, el autoritarismo histérico mostrado en estos casos se trasladará a otros temas, para mal de todos.