El terremoto: un diálogo de sordos

No, no hubo un colapso. No, no hubo un plan de contingencia. No, no hay culpables porque en realidad no hubo irresponsabilidad criminal. No, el estado no hizo lo que debía hacer.

Ciertamente, las telecomunicaciones colapsaron, como todo, en las zonas más afectadas por el terremoto. En Lima, lo que ocurrió fue una saturación producida por la reacción casi automática del público de llamar inmediatamente después del terremoto. Si a eso se le añade algunas caídas, por cortes eléctricos, desconexiones por el sacudón, y la inevitable congestión en los enlaces entre móviles y fijos, es más o menos evidente que el sistema no resistió.

Pero la Internet siguió funcionando, algunos operadores siguieron sin problemas (como Nextel, me dicen) y en general las cosas funcionaron en el contexto concreto de la realidad nacional. Esta encantadora realidad nacional, con todos los elementos culturales que implica, es la que ha hecho que el meme del "colapso" no salga de la discusión, sin importar que sea o no pertinente. Como sabemos, Telefónica es mala; entonces tiene que tener la culpa.

La ausencia de un plan de contingencia se revela en la imposibilidad de prorizar teléfonos oficiales, la falta de información precisa y la inexistencia de fuentes oficiales en el momento más crítico. El presidente terminó diciendo lo que parecía un buen mensaje en un contexto de ignorancia de la escala del sismo, lo que era fácil de saber visitando un sitio como el USGS. Eso es imprevisión, y ahorro mal hecho, puesto que el despacho presidencial, reducido a su mínima expresión en este gobierno, no tuvo capacidad de recuperar la información adecuada para evitar el papelón. En general, la noción de ahorro que el presidente propugna aparece tan relacionada con su megalomanía que con una estrategia de austeridad estatal.

Ciertamente, la deshabilitación al menos hace seis años de la red privada del estado es una negligencia pero no parece ser un crimen. Telefónica, empresa por la que no siento la menor simpatía, reaccionó bien, hizo lo que debía hacer, y ha sido discreta pero firme en su estrategia de comunicación, lo que merece destaque. Lo hicieron bien.

Esto no niega que hay responsables políticos. La más seria responsabilidad recae en la viceministra Aljovín, cuyos reflejos pro-empresariales debieron haber sido atontados químicamente por sus asesores antes de su lamentable performance al día siguiente del terremoto, donde no dijo nada incorrecto pero tuvo una actitud contemplativa frente a lo sucedido que, de haberse evitado, podría habernos ahorrado mucho tiempo. No es posible que una representante del estado proponga básicamente que nadie tiene la culpa y que no tiene más opinión que la que las empresas le iban a dar. Debió haber prometido un informe oficial con sanciones duras, y no haber eximido automáticamente de responsabilidad a los operadores, porque ese no es su rol cuando la ciudadanía está ávida de información pero sobre todo de respuesta del estado en favor de los ciudadanos, no de las empresas.

La auditoría internacional, tras los informes de los operadores, tiene a su vez supervisores locales. No sé qué decir sobre dos de sus miembros, pero la presencia de Roxana Barrantes tranquiliza, porque es una investigadora seria y que no tiene una actitud automática a favor de la mano invisible. Ojalá que se termine esta polémica inútil pronto.