Como siempre, se está discutiendo una ley universitaria. Quizá la diferencia es que el presidente de la comisión respectiva, Daniel Mora, está interesado en que un proyecto llegue al pleno del congreso antes que termine su período, es decir en la legislatura actual. Poco tiempo quizá para un tema sobre el cual hay opiniones tan dispersas, cortesía de modelos de universidades tan distintos y sobre todo, tan autónomos, en el sentido más inadecuado de la idea de autonomía.
Basta ver el comunicado de la FEP publicado hoy en La República. Parecería que no ha pasado el tiempo y que podemos seguir planteándonos demandas de hace cinco décadas, con un barniz de modernidad. Pedir porcentajes fijos para la educación o la investigación, sin poner metas y logros para ese gasto; exigir la autonomía entendida como extraterritorialidad, y centrada en la imposibilidad de ingreso del Estado, tras la experiencia de captura que Sendero Luminoso logró incluso en San Marcos; el voto universal para la elección de autoridades, que es absurdo en una institución organizada bajo principios de claustros estamentales; es decir, los golden oldies de la política radical de izquierda frente a la universidad.
Lo que no está, y no está en las demandas de las universidades privadas o estatales tampoco, es mecanismos para la acreditación y certificación competitiva de las universidades, de manera que sepamos en qué estado se haya cada una, cómo funciona, qué personal tiene y cómo gasta su dinero. Control social del gasto, en donde no solo un grupo reducido y poco conectado con la realidad, como son los profesores universitarios, decida qué hacer con el dinero de todos, sino que se exija que haya mejoría o que la mala calidad sea constatable.
Esto es aplicable para todos, no solo para los públicos: la separación entre privadas y públicas es falaz en la universidad, porque debería haber competitividad por fondos públicos para investigación a todo nivel; la gratuidad de la enseñanza no se conecta con la calidad del staff de investigación, y una universidad debería poder competir con cualquier otra por dinero de todos los peruanos, si es que este dinero va a beneficiar a todos los peruanos. A su vez, debería haber certificación constante de los gastos en las universidades que no reportan ganancias ni tienen accionistas, para demostrar que lo son. En los casos de las universidades comerciales, los estándares de control de calidad deberían ser aún más estrictos, puesto que están haciendo dinero con una función de interés público (que se manifiesta en la titulación a nombre de la nación).
El fetiche de la gratuidad absoluta es otra cosa que debería discutirse en serio: muchas universidades públicas han creado cobros escondidos que finalmente demuestran que es necesario cobrar para funcionar bien; esto no quiere decir que haya que privatizar las universidades públicas, o que haya que abandonar el principio de la universidad pública, pero sí que hay que considerar que una universidad gratuita para todos es una forma bastante agresiva de beneficiar a algunos a costa del perjuicio de todos los peruanos, a los que la universidad les cuesta más de lo que les rinde. Una discusión en serio sobre el tema serviría para ver qué se busca realmente con posiciones extremistas: la gratuidad total de un lado, la privatización absoluta del otro.
En otras palabras: la universidad peruana necesita ser reintegrada, a un modelo coherente en lo académico, certificable y medible más allá de su modelo económico; necesita sincerarse y dejar de creer que autonomía significa independencia o irresponsabilidad financiera; necesita tener mecanismos transparentes de financiamiento que asocien plata con resultados; y necesita sobre todo ser más compacta, y demostrar su viabilidad en vez de seguir creciendo. El boom de creación de sucursales y pequeñas universidades en ciudades de provincia sin un plan ni un orden es una demostración salvaje de irresponsabilidad, y si eso no se enfrenta, es perder el tiempo preocuparse por otras cosas.
La universidad, como casi todo en el Perú, necesita modernizarse y sincerarse: ¿quiere ser refugio de prebendas, o espacio competitivo de creación de conocimiento relevante? Ese el debate que deberíamos estar teniendo.
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