¿Qué somos los peruanos? Muchas veces nos encontramos con la necesidad de hacernos esa pregunta, en sus múltiples variantes, desde la existencial hasta la pesimista. No es tanto tema de análisis académico como de una cuestión personal-colectiva: muchos, incluido yo, nos sabemos peruanos, pero no tenemos muy claro que significa, en abstracto y colectivamente, ser peruano.
Javier Corcuera no nos propone una respuesta sino otra ruta de búsqueda, y eso es el acierto, el poder y la riqueza de Sigo Siendo, su hermoso documental sobre algo de la música del Perú. La película tiene momentos muy potentes, está muy bien hecha y merece ser vista en todo su esplendor cinematográfico, pues se luce en una enorme pantalla, con excelente sonido además. Me permito opinar sobre ella, no en plan de crítica cinematográfica sino de mirada sobre lo peruano; y me permito recomendar que vayan a verla, porque es realmente una experiencia hermosa y provocativa.
Corcuera logra hacer una película sobre música, no una película de música: elude la tentación de la colección de videoclips para proponernos más bien la música como el resultado de la vida de la gente; no solo de los músicos sino de lo que estos músicos son y de dónde es que son, de dónde viven, con quién viven y cómo viven. La selección musical no pretende ser completa ni cosa por el estilo: salvo la mínima pero preciosa presencia de lo selvático en la voz de Doña Amelia Panduro, cantante shipibo-coniba, tenemos a Ayacucho, y luego a Chincha y partes de lo limeño como el foco de la película; esta arbitrariedad es tan válida como hacer una lectura desde lo puñeno, por ejemplo, pero sirve para conectar y enlazar experiencias que tienen mucho en común a pesar que desde lejos puedan parecernos extrañas.
Como documental es de una honestidad francamente saludable: el Perú aparece como es, duro, áspero, árido, pobre y a pedazos rico, con rincones de marginalidad, con partes que se están agotando o yendo, con partes que no se conocen entre sí. No es una película para turistas, pero puede ser muy seductora para un viajero, para alguien que quiere conocer lo que pasa más allá de los circuitos habituales, mirando los rincones algo perdidos donde las personas se expresan y viven y disfrutan de lo que son, más allá de si lo que son es algo tradicional, algo anclado en la pobreza. Es sobre músicos profesionales o casi profesionales, que sin embargo existen en una comunidad, a veces a dos tiempos entre su vida original y su vida efectiva: el violinista ayacuchano que vive en Lima, y es heladero de playa pero que se transforma en un maravilloso músico entre su gente, que es un referente de lo que sienten sus paisanos, es un gran ejemplo.
La mirada que no es miserabilista pero tampoco se avergüenza de mostrar la vida como es; nos hace preguntarnos por lo que nos une, por lo que hace que todos los que convivimos en este Estado Peruano tenemos en común. Hace décadas nos preguntamos por qué no somos una nación, y quizá esta película nos muestra una posible respuesta: no es la diversidad sino nuestra colectiva duplicidad, nuestra capacidad de contemplar sin convivir en la experiencia de los demás, es lo que hace tan difícil entendernos. No es la pobreza de aquellos que tocan música maravillosa tanto como la ignorancia de esas otras sensibilidades, presentadas de manera maravillosa como experiencias colectivas, vivas, sobre todo fuera de Lima.
Al mismo tiempo, Lima aparece como una colección casi inconexa de esas sensibilidades. Todo está aquí, todo llega, pero no converge; como paralelas que no se unen jamás, la música refleja lo que no tenemos en común a pesar que está ahí, delante nuestro.
Kachkaniraqmi muestra eso a través de un bache narrativo: la historia de buena parte de la película gira alrededor de la experiencia del maestro Don Máximo Damián, violinista ayacuchano que vive en Lima pero que enrumba a su tierra para participar en fiestas locales, pasando por Chincha para tocar en una romería maravillosa con los Ballumbrosio, donde rinden un homenaje conmovedor a Don Amador; luego se conversa y se vive la fiesta local, la música ayacuchana, esa deliciosa mezcla de instrumentos occidentales con ritmos andinos, incluida la participación de Palomita, una espectacular Danzaq que se enfrenta a Florían Cesario Ramos de igual a igual; donde Don Jaime Guardia, Don Raúl García Zárate y Magaly Solier cantan y tocan bellamente; para luego regresar a Lima, donde Don Andrés Lares nos lleva a la escena quizá más emocionante de la película: el heladero que vende sus productos en el verano limeño para al final, tocarle al océano, con la misma emoción que le tocó a sus paisanos, a su tierra, a su agua.
En medio, luego que termina el periplo andino, se conecta con la música limeña, desde el callejón hasta las versiones más estilizadas y personales de SaraVan y Susana Baca, con Félix Casaverde y otros tocando. La desconexión entre estas dos secciones es como una metáfora de la desconexión entre la cultura popular, de donde vienen los músicos anteriores, y la cultura popular limeña, si no en extinción en franco debilitamiento, ahora convertida en expresión más profesional, más urbana, no por ello menos honesta y sincera pero sí alejada de un terruño y una gente concreta. El atosigante ambiente de Lima es representado con la misma honestidad que los brutalmente hermosos paisajes del Ande; la belleza está en la gente que vive su cultura sin más premio que el placer que se dan y que dan.
La relativa falta de ritmo en ciertas partes, la ausencia de explicaciones y de nombres, la referencia a cuestiones quizá muy locales, la abundancia de músicos que aparecen y desaparecen, hace que Sigo Siendo sea tal vez menos asequible de lo que podría ser una película más expositiva, más ágil y menos dispuesta a explorar a las personas, más inclinada a la emoción inmediata. Pero es también una de sus virtudes: no sucumbe a la simplificación, no buscar exotizar. Es una mirada personal, honesta y cariñosa de lo peruano.
¿Y qué es lo peruano? Difícil de saberlo. ¿Somos una yuxtaposición, una mezcolanza, una agregación? La sensación es que lo que nos queda es seguir buscando. Sea a través de la música, o de la belleza natural, Kachkaniraqmi nos invita a hacernos preguntas tanto como a dejarnos llevar. ¿Qué más pedirle a un documental que salir con más preguntas que las que teníamos antes?
Soy Eduardo Villanueva Mansilla, y este blog contiene temas de interés profesional y personal, y lo uso para hablar sobre tecnología de la información, medios masivos y nuevos medios de comunicación, cultura y sociedad, y otras cosas que se me pasan por la cabeza.
sábado, 17 de agosto de 2013
martes, 6 de agosto de 2013
Leyes, leyes por todas partes
A veces ocurre esto: andanadas de propuestas legislativas destinadas a enfrentar los temores varios sobre la informática y las telecomunicaciones. Omar Chehade ha propuesto una ley sobre pornografía que es simplemente aberrante, y el Ejecutivo ha enviado una propuesta para modificar el Código Penal incorporando una serie de acápites y artículos sobre cibercriminalidad. Esta última propuesta es de esas que uno a veces asume a priori que pueden ser desastrosas y puro ciberpánico, pero una vez leida, no es tan terrible, aunque igual deja puertas abiertas que deberían estar mejor aseguradas, con una en particular que me preocupa un montón.
Conste que no soy abogado ni pretende serlo, así que no puedo realmente opinar sobre la pertinencia de este ejercicio: es posible que la propuesta sea redundante o que la falta de tipificación sea grave e impida que se condene a muchos ciberdelincuentes; espero comentarios más educados en estos aspectos para hacerme una opinión. Pero en la parte más general, libre afortunadamente de las declaraciones iniciales que muchas veces hacen ilegibles estas propuestas, lo que hay es una serie de artículos precisos que dicen cosas pertinentes.
A saber: la propuesta de artículo 162-A plantea cárcel de entre tres y seis años para el que intercepte intercambios informáticos no público, con agravantes si es información clasificada, secreta o militar. El 197-A propone la misma pena para el que altere bases de datos; el 208-C, para el que atente contra la integridad de los sistemas informáticos.
¿Dónde está el problema con esto? Difícil verlo, salvo que se asuma que estos artículos van a ser usados contra aquellos que no deberían ser castigados, como por ejemplo algunos hackers libertarios tipo Anonymous; la pregunta obvia es por qué no tendría que castigarse ese tipo de intervención de la misma manera como se castigaría una intervención con fines de lucro. La ignorancia de las partes en el proceso podría equiparar un reemplazo simplón de la página principal de un sitio web del Estado (un defacement) por el acto de alguien que "introduce, borre, deteriore, altere, suprime o hace inaccesibles datos informáticos", es cierto, pero imagino que la ignorancia de las partes no es ni justificación para no tipificar otros delitos, ni óbice para que los abusos ocurran.
Ahora, la propuesta tiene un componente algo más delicado al meter en medio de todo esto la pornografía infantil, que es un tema delicado pero que también se presta para excesos; también lo que se suele llamar grooming, o "trabajar" a menores para lograr que acepten tener actividad sexual con adultos, tema que en la Argentina ha sido considerablemente discutido, aunque siempre a partir de casos muy llamativos más que de información precisa sobre la escala del problema.
Pero esto no es el problema principal, sino uno conceptual que puede manejarse sin mayores complicaciones si se hace con cuidado; solo implica una ligera modificación en el lenguaje usado. En varios artículos se habla de "el que, a través de las tecnologías de información o de las tecnologías de comunicación...", cosa que deja una duda: ¿a qué tecnologías se refieren los autores del proyecto? Si dijeran "tecnologías de información y comunicación" podríamos entrar a un debate finalmente académico sobre si se debe hablar en plural o singular, pero es precisamente académico porque el contexto general está claro: sabemos que son la(s) TIC. Pero las tecnologías de información y las tecnologías de comunicación son otra historia, y en artículos como el 183-B podría entenderse que el que le pasa una revista porno (una tecnología de comunicación) a un menor de edad estaría proponiéndole sexo en los términos del delito de grooming. Ya sé que la primera impresión es que es ridículo ponerlo así pero de ridiculeces así se han construido procesos judiciales, y un chico de 19 que trata de impresionar a otro de 17 podría ser acusado por un padre histérico y terminaríamos con varias vidas bien jodidas. Similarmente podría pasar con el 438-A, donde el uso de una fotocopiadora para copiar un DNI podría ser entendido como transgresión tipificada en el artículo que busca castigar la suplantación de datos.
Hay dos soluciones: evitar la ambigüedad de "estas tecnologías y estas otras", y hablar de "TIC" o simplemente de sistemas informáticos, tal como aparece en la Disposición Complementaria Final no.2, y como se la usa ampliamente en la Exposición de Motivos (por qué se la ignoró en la redacción de los artículos, es uno de esos misterios propios de nuestra actividad legislativa); y por otro lado, sacar lo relacionado a pornografía infantil y peligros para la infancia y ordenar la conversa en otros términos para evitar caer en excesos. Si es así, no estaríamos ante una propuesta descabellada.
Conste que no soy abogado ni pretende serlo, así que no puedo realmente opinar sobre la pertinencia de este ejercicio: es posible que la propuesta sea redundante o que la falta de tipificación sea grave e impida que se condene a muchos ciberdelincuentes; espero comentarios más educados en estos aspectos para hacerme una opinión. Pero en la parte más general, libre afortunadamente de las declaraciones iniciales que muchas veces hacen ilegibles estas propuestas, lo que hay es una serie de artículos precisos que dicen cosas pertinentes.
A saber: la propuesta de artículo 162-A plantea cárcel de entre tres y seis años para el que intercepte intercambios informáticos no público, con agravantes si es información clasificada, secreta o militar. El 197-A propone la misma pena para el que altere bases de datos; el 208-C, para el que atente contra la integridad de los sistemas informáticos.
¿Dónde está el problema con esto? Difícil verlo, salvo que se asuma que estos artículos van a ser usados contra aquellos que no deberían ser castigados, como por ejemplo algunos hackers libertarios tipo Anonymous; la pregunta obvia es por qué no tendría que castigarse ese tipo de intervención de la misma manera como se castigaría una intervención con fines de lucro. La ignorancia de las partes en el proceso podría equiparar un reemplazo simplón de la página principal de un sitio web del Estado (un defacement) por el acto de alguien que "introduce, borre, deteriore, altere, suprime o hace inaccesibles datos informáticos", es cierto, pero imagino que la ignorancia de las partes no es ni justificación para no tipificar otros delitos, ni óbice para que los abusos ocurran.
Ahora, la propuesta tiene un componente algo más delicado al meter en medio de todo esto la pornografía infantil, que es un tema delicado pero que también se presta para excesos; también lo que se suele llamar grooming, o "trabajar" a menores para lograr que acepten tener actividad sexual con adultos, tema que en la Argentina ha sido considerablemente discutido, aunque siempre a partir de casos muy llamativos más que de información precisa sobre la escala del problema.
Pero esto no es el problema principal, sino uno conceptual que puede manejarse sin mayores complicaciones si se hace con cuidado; solo implica una ligera modificación en el lenguaje usado. En varios artículos se habla de "el que, a través de las tecnologías de información o de las tecnologías de comunicación...", cosa que deja una duda: ¿a qué tecnologías se refieren los autores del proyecto? Si dijeran "tecnologías de información y comunicación" podríamos entrar a un debate finalmente académico sobre si se debe hablar en plural o singular, pero es precisamente académico porque el contexto general está claro: sabemos que son la(s) TIC. Pero las tecnologías de información y las tecnologías de comunicación son otra historia, y en artículos como el 183-B podría entenderse que el que le pasa una revista porno (una tecnología de comunicación) a un menor de edad estaría proponiéndole sexo en los términos del delito de grooming. Ya sé que la primera impresión es que es ridículo ponerlo así pero de ridiculeces así se han construido procesos judiciales, y un chico de 19 que trata de impresionar a otro de 17 podría ser acusado por un padre histérico y terminaríamos con varias vidas bien jodidas. Similarmente podría pasar con el 438-A, donde el uso de una fotocopiadora para copiar un DNI podría ser entendido como transgresión tipificada en el artículo que busca castigar la suplantación de datos.
Hay dos soluciones: evitar la ambigüedad de "estas tecnologías y estas otras", y hablar de "TIC" o simplemente de sistemas informáticos, tal como aparece en la Disposición Complementaria Final no.2, y como se la usa ampliamente en la Exposición de Motivos (por qué se la ignoró en la redacción de los artículos, es uno de esos misterios propios de nuestra actividad legislativa); y por otro lado, sacar lo relacionado a pornografía infantil y peligros para la infancia y ordenar la conversa en otros términos para evitar caer en excesos. Si es así, no estaríamos ante una propuesta descabellada.
sábado, 6 de julio de 2013
Homenaje involuntario a Breton, también conocido como el dictamen de la ley universitaria
He leído por completo el último dictamen sobre la ley universitaria, disponible aquí. Mi opinión, que podría cambiar parcialmente en caso que algunas cosas sean modificadas y mejoradas, es que tiene tantas contradicciones y superposiciones que es un desastre en potencia.
Los detalles los dejo en el texto comentado y apostillados que estoy colgando aquí. La crítica más general es que el dictamen es por partes demasiado genérico y por otras demasiado detallista. Pone condiciones en exceso reglamentaristas para la organización de las universidades, que no han demostrado ser mejores o peores que las actuales; al mismo tiempo esas enormes precisiones se prestan para enormes vaguedades: todas las universidades tienen que tener vicerrectorado de investigación, pero la acreditación no incluye la investigación, sino solo las carreras. A su vez, las carreras no figuran en la estructura organizativa de la universidad y ni siquiera se definen con claridad. Esto como un ejemplo de la impresión más fuerte que queda: el dictamen está mal redactado, pero el problema principal es el desorden conceptual.
Otro problema, muy serio: en un enorme enredo, omite cualquier responsabilidad de organizar a las universidades privadas con fines de lucro bajo un modelo nacional, pero introduce suficientes artículos que indicarían lo contrario para armar el caos más completo. Es decir: no hay manera de compatibilizar la ambiguedad presentada en varios artículos con el mandato claro al inicio del capítulo sobre gobierno universitario en el que se dice claramente que las privadas con fines de lucro se organizan como les da la gana. No es que me oponga, simplemente me parece aberrante no decir de frente que queda fuera de la ley salvo cuando opten por aceptarla en aspectos como la acreditación, cosa que sí se menciona.
Lo único positivo: realmente no hay una amenaza significativa a la autonomía universitaria, con una superintendencia que no parece particularmente mala ni como idea ni como implementación básica. Lo malo es la falta de consistencia en las normas sobre lo que haría y cómo lo haría, y eso es problema del legislador, no de la SUNAU.
Al final, lo que se puede decir es que el texto no está en condiciones de ser aprobado, por un buen margen. Las contradicciones, los vacíos y los errores son muy grandes, y luego de arreglarlos, todavía habría que discutir si lo que se plantea permitirá crear un gran sector universitario peruano, o si apenas intenta evitar que ciertos desastres sigan ocurriendo. Creo que intenta lo segundo, y que ni siquiera lo va a lograr.
El texto comentado está aquí.
Los detalles los dejo en el texto comentado y apostillados que estoy colgando aquí. La crítica más general es que el dictamen es por partes demasiado genérico y por otras demasiado detallista. Pone condiciones en exceso reglamentaristas para la organización de las universidades, que no han demostrado ser mejores o peores que las actuales; al mismo tiempo esas enormes precisiones se prestan para enormes vaguedades: todas las universidades tienen que tener vicerrectorado de investigación, pero la acreditación no incluye la investigación, sino solo las carreras. A su vez, las carreras no figuran en la estructura organizativa de la universidad y ni siquiera se definen con claridad. Esto como un ejemplo de la impresión más fuerte que queda: el dictamen está mal redactado, pero el problema principal es el desorden conceptual.
Otro problema, muy serio: en un enorme enredo, omite cualquier responsabilidad de organizar a las universidades privadas con fines de lucro bajo un modelo nacional, pero introduce suficientes artículos que indicarían lo contrario para armar el caos más completo. Es decir: no hay manera de compatibilizar la ambiguedad presentada en varios artículos con el mandato claro al inicio del capítulo sobre gobierno universitario en el que se dice claramente que las privadas con fines de lucro se organizan como les da la gana. No es que me oponga, simplemente me parece aberrante no decir de frente que queda fuera de la ley salvo cuando opten por aceptarla en aspectos como la acreditación, cosa que sí se menciona.
Lo único positivo: realmente no hay una amenaza significativa a la autonomía universitaria, con una superintendencia que no parece particularmente mala ni como idea ni como implementación básica. Lo malo es la falta de consistencia en las normas sobre lo que haría y cómo lo haría, y eso es problema del legislador, no de la SUNAU.
Al final, lo que se puede decir es que el texto no está en condiciones de ser aprobado, por un buen margen. Las contradicciones, los vacíos y los errores son muy grandes, y luego de arreglarlos, todavía habría que discutir si lo que se plantea permitirá crear un gran sector universitario peruano, o si apenas intenta evitar que ciertos desastres sigan ocurriendo. Creo que intenta lo segundo, y que ni siquiera lo va a lograr.
El texto comentado está aquí.
viernes, 5 de julio de 2013
Derechos y Libertades, o dónde está la izquierda en estos tiempos...
A finales de los ochenta, cuando "Libertad" el movimiento político se adueñó del concepto de libertad, la izquierda peruana se definía por la lucha por los derechos. El Estado, como agente de los intereses capitalistas, era el enemigo, y los coqueteos con Sendero o el MRTA se debían a discusiones sobre quién era realmente el enemigo principal.
Luego vino el descalabro del socialismo realmente existente, y con él el fin de la noción que la libertad podía someterse a los derechos, es decir que podíamos esperar que los habitantes del mundo capitalista prefirieran tener derechos a ser libres. Parece una dualidad incomprensible a la distancia, pero era real, sazonada además por la coyuntura local de la década pérdida.
Entonces caímos en la actualidad dualidad: la derecha solo habla de libertades, y los pedacitos de la izquierda, de derechos. A pesar de Amartya Sen, entre otros, la izquierda no ha reivindicado su lucha como una de ampliación de libertades; es más, se ha anclado a los "derechos adquiridos", es decir a lo que ya algunos ganaron. Comprensiblemente, luego de los traumas de décadas pasadas, aquellos que todavía tienen algunos derechos no quieren perderlos, pero el resultado es un conservadurismo económico que no tiene sentido en un mundo en el que realmente las alternativas económicas yacen entre un desarrollo capitalista globalmente articulado y un cierto pastoralismo utópico de origen verde, que no tiene realmente expresión concreta en el mundo actual, como sistema, no como prácticas comunitarias pre-capitalistas o de grupos de menor cuantía.
Las discusiones de estos días en el Perú apuntan en esa dirección: la izquierda no cree en la libertad sino en los derechos, y defiende los derechos de los que ya los tienen, especialmente si son económicos, o aquellos que ya están en el repertorio; pero no ha creado una narrativa que acepte que la ampliación de derechos no es un logro de clase sino una reivindicación del individuo, ciertamente en su colectividad, pero primero que nada, del individuo. La historia de colectivismo brutal que tiñe a todos los proyectos de izquierda, desde la Guerra Civil rusa de 1919 hasta las actuales agresiones a los pequeños propietarios que el Partido Comunista Chino hace ante el altar del desarrollo capitalista, muestran la entraña de desprecio al individuo que lamentablemente, caracteriza a la izquierda marxista.
Las divisiones entre izquierda y derecha parecen entonces confusas sino imposibles: ¿es la izquierda el colectivismo extractivista de Chávez, que usa lo popular como justificación para gollerías, abusos, ineficiencia? ¿Proyectos caudillistas como el de Evo Morales, que usan una suerte de comunismo primitivo como discurso hasta que se trata de destrozar una reserva natural, merecen ser de izquierda porque se pelean con EEUU y reivindican lo aymara? ¿China es de izquierda? ¿El autócrata Putin?
Y claro, para complicarlo todo, aparece alguien como Obama, que es claramente de izquierda en la agenda social, pero claramente de derecha imperialista en seguridad nacional, y ambiguamente pro-gran capital financiero en su política económica. ¿Es posible hacer política de izquierda fuera de lo social en un país como EEUU, en la realidad partidaria en la que viven? La pregunta es válida en el Perú también: ¿el problema en el Perú es la política económica, o la corrupción, la infiltración de delincuentes en el Estado, la incapacidad congénita y el quiebre entre el gobierno y la sociedad? ¿Es un asunto de izquierdas o de derechas, o simplemente de construcción de un Estado moderno, liberal, que reconozca la libertad como valor y los derechos como su expresión?
Cuando la izquierda política peruana declara jornadas de lucha y termina apoyando el asambleísmo en las universidades para darle más poder a una federación estudiantil de papel, y luego está ausente de la defensa de ciudadanos en riesgo por el poder de un grupo de retrógados que aprueba la discriminación como parte de las leyes peruanas, estamos en problemas. No solo porque es reflejo de componendas y acomodos, sino porque el conflicto entre lo que genéricamente podríamos llamar la agenda progresista y la acción de los grupos que se llaman a sí mismos progresistas sigue sin sincronía alguna.
Solucionar este conflicto es muy complicado, porque es más fácil encontrar enemigos comunes que programas comunes: está claro que la derecha más retrógada quiere regresarnos al siglo XIX, sin derechos para ninguna minoría o mayoría que no sostenga su predominio, y por eso hay esta alianza de facto entre los grupos minotarios de distinto origen identitario, como la comunidad LGBT y las renacidas comunidades indígenas; pero la pregunta inevitable es si se trata de una alianza apenas táctica o si hay una coincidencia de fondo, ontológica, en que lo que cada uno busca es ampliación de la libertad, y por ello está y estarán juntos porque como decía Madiba, "mi libertad y la tuya no pueden separarse"...
Saber la respuesta es imposible: hay que construirla. La pregunta que atormenta un poquito es si hay materiales para esta construcción, porque la respuesta que asoma es negativa...
Luego vino el descalabro del socialismo realmente existente, y con él el fin de la noción que la libertad podía someterse a los derechos, es decir que podíamos esperar que los habitantes del mundo capitalista prefirieran tener derechos a ser libres. Parece una dualidad incomprensible a la distancia, pero era real, sazonada además por la coyuntura local de la década pérdida.
Entonces caímos en la actualidad dualidad: la derecha solo habla de libertades, y los pedacitos de la izquierda, de derechos. A pesar de Amartya Sen, entre otros, la izquierda no ha reivindicado su lucha como una de ampliación de libertades; es más, se ha anclado a los "derechos adquiridos", es decir a lo que ya algunos ganaron. Comprensiblemente, luego de los traumas de décadas pasadas, aquellos que todavía tienen algunos derechos no quieren perderlos, pero el resultado es un conservadurismo económico que no tiene sentido en un mundo en el que realmente las alternativas económicas yacen entre un desarrollo capitalista globalmente articulado y un cierto pastoralismo utópico de origen verde, que no tiene realmente expresión concreta en el mundo actual, como sistema, no como prácticas comunitarias pre-capitalistas o de grupos de menor cuantía.
Las discusiones de estos días en el Perú apuntan en esa dirección: la izquierda no cree en la libertad sino en los derechos, y defiende los derechos de los que ya los tienen, especialmente si son económicos, o aquellos que ya están en el repertorio; pero no ha creado una narrativa que acepte que la ampliación de derechos no es un logro de clase sino una reivindicación del individuo, ciertamente en su colectividad, pero primero que nada, del individuo. La historia de colectivismo brutal que tiñe a todos los proyectos de izquierda, desde la Guerra Civil rusa de 1919 hasta las actuales agresiones a los pequeños propietarios que el Partido Comunista Chino hace ante el altar del desarrollo capitalista, muestran la entraña de desprecio al individuo que lamentablemente, caracteriza a la izquierda marxista.
Las divisiones entre izquierda y derecha parecen entonces confusas sino imposibles: ¿es la izquierda el colectivismo extractivista de Chávez, que usa lo popular como justificación para gollerías, abusos, ineficiencia? ¿Proyectos caudillistas como el de Evo Morales, que usan una suerte de comunismo primitivo como discurso hasta que se trata de destrozar una reserva natural, merecen ser de izquierda porque se pelean con EEUU y reivindican lo aymara? ¿China es de izquierda? ¿El autócrata Putin?
Y claro, para complicarlo todo, aparece alguien como Obama, que es claramente de izquierda en la agenda social, pero claramente de derecha imperialista en seguridad nacional, y ambiguamente pro-gran capital financiero en su política económica. ¿Es posible hacer política de izquierda fuera de lo social en un país como EEUU, en la realidad partidaria en la que viven? La pregunta es válida en el Perú también: ¿el problema en el Perú es la política económica, o la corrupción, la infiltración de delincuentes en el Estado, la incapacidad congénita y el quiebre entre el gobierno y la sociedad? ¿Es un asunto de izquierdas o de derechas, o simplemente de construcción de un Estado moderno, liberal, que reconozca la libertad como valor y los derechos como su expresión?
Cuando la izquierda política peruana declara jornadas de lucha y termina apoyando el asambleísmo en las universidades para darle más poder a una federación estudiantil de papel, y luego está ausente de la defensa de ciudadanos en riesgo por el poder de un grupo de retrógados que aprueba la discriminación como parte de las leyes peruanas, estamos en problemas. No solo porque es reflejo de componendas y acomodos, sino porque el conflicto entre lo que genéricamente podríamos llamar la agenda progresista y la acción de los grupos que se llaman a sí mismos progresistas sigue sin sincronía alguna.
Solucionar este conflicto es muy complicado, porque es más fácil encontrar enemigos comunes que programas comunes: está claro que la derecha más retrógada quiere regresarnos al siglo XIX, sin derechos para ninguna minoría o mayoría que no sostenga su predominio, y por eso hay esta alianza de facto entre los grupos minotarios de distinto origen identitario, como la comunidad LGBT y las renacidas comunidades indígenas; pero la pregunta inevitable es si se trata de una alianza apenas táctica o si hay una coincidencia de fondo, ontológica, en que lo que cada uno busca es ampliación de la libertad, y por ello está y estarán juntos porque como decía Madiba, "mi libertad y la tuya no pueden separarse"...
Saber la respuesta es imposible: hay que construirla. La pregunta que atormenta un poquito es si hay materiales para esta construcción, porque la respuesta que asoma es negativa...
martes, 11 de junio de 2013
2013 = 1984, o el Ojo que todo lo mira ya está entre nosotros
El viernes 7 de junio fue un día singular en el Perú: una victoria de la selección de futbol acompañó la denegación del pedido de indulto a Alberto Fujimori y la condena a cadena perpetua a Artemio, el último líder senderista reconocible. Pero las alegrías locales tienen que ponderarse a la luz de los hechos globales. El 7 de junio se reveló la escala del espionaje que el gobierno de los EEUU comete cotidianamente, no contra agentes extranjeros o gobiernos enemigos, sino sobre ciudadanos comunes y corrientes del mundo entero, y de su propio país. Ese día PRISM fue puesto a la luz.
PRISM es un programa de recolección de datos ejecutado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), un organismo que depende del Departamento de Defensa de los EEUU, y que tiene como tarea recoger información de señales, o SIGINT, tanto como proteger los sistemas informáticos del gobierno. SIGINT es algo que todos los gobiernos hacen, y por lo general, las leyes de cada país establecen normas claras sobre cómo realizarla. En los EEUU, donde existen protecciones constitucionales para evitar las búsquedas policiales sin autorización judicial, siempre se entendió que era imposible que los ciudadanos fueran espiados por su gobierno, de no mediar causa probable, es decir una sospecha fundada, y mandato judicial explícito. La herramienta principal usada para ejecutar PRISM tiene el coqueto nombre de Boundless Informant, (informante sin límites), y se trata de minería de datos, es decir programas que revisan abundante colecciones de datos para encontrar patrones que se consideren significativos.
PRISM es parte de una larga tradición, iniciada en la Guerra Fría, de herramientas de SIGINT altamente sofisticadas. Una de las primeras fue ECHELON, un programa que desde al menos 2001 se conoce como la herramienta principal para extraer información de redes públicas de telefonía, enlaces de microondas y transmisiones satelitales. PRISM tiene la gracia, singular, que no se toma el trabajo de buscar información en las redes de telecomunicaciones, sino que se conecta directamente a los servidores de datos de las empresas más grandes de servicios de Internet, que son de los EEUU: Google, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo. AOL, y sus respectivos servicios como Skype, Gmail, Hotmail y YouTube.
¿Qué busca? Patrones de actividad que sean considerados indicativos de actividades terroristas o potencialmente terroristas. Exactamente qué es considerado como tal, es difícil saberlo porque como corresponde en los casos de inteligencia militar, nadie va a revelar qué es lo que apunta al enemigo.
PRISM afecta pues, a todo aquel que use alguno de los servicios más populares de la Internet. Lo hace sin autorización explícita de ningún gobierno que no sea el de los EEUU, y tampoco está claramente establecido el alcance y las capacidades en juego en las normas, por lo demás secretas, que sustentan el programa al interior de la legislación de los EEUU. Fue creado en el gobierno Bush II pero continuado y potenciado en el de Obama, y es simplemente la consagración del Estado de Vigilancia más sofisticado, pervasivo, dañino y potencialmente peligroso para cualquier ciudadano del mundo que ha sido imaginado. Y todo se hace bajo el principio de proteger a los EEUU de ataques terroristas.
La paranoia posterior al Once de Setiembre ha alcanzado escalas inimaginables. Como se reportado ampliamente, por ejemplo en el New Yorker, las agencias de seguridad de los EEUU tenían una serie de proyectos en carpeta que fueron aprobados sin mucha reflexión luego de aquellos atentados, bajo la égida de la llamada “presidencia imperial”, que considera que bajo estado de guerra, el presidente de los EEUU tiene autoridad para imponer cualquier medida que sea útil para defender al país. La definición de “estado de guerra” es entonces la clave más importante: aunque Obama ya no habla de “guerra contra el terrorismo”, la sigue asumiendo como un estado constante que amerita la vigilancia total sobre todo lo que podría ser útil, a pesar que bajo ninguna comprensión medianamente sensata, la “guerra contra el terrorismo” no es más que una extensión del trabajo detectivesco y policial que todos los Estados que alguna vez han tenido que enfrentar grupos terroristas han realizado. Dicho de otra forma: se vuelto un conflicto bélico aquello que es de origen político y de resolución policial.
Autores como Anthony Giddens o Michel Foucault, desde las ciencias sociales, o George Orwell desde la literatura, han llamado la atención sobre la vocación de poder absoluto que acompaña al Estado moderno. Encandilados por el potencial de la tecnología, no parece haber límites al interés por vigilar y monitorear cada acción, cada potencial amenaza, sin importar el grado de intrusión o violencia que implican la vigilancia y el monitoreo. La continuidad política que va desde las búsquedas ridiculamente intensas en los aeropuertos hasta PRISM es la señal de los tiempos que vivimos: el Estado como vigilante por encima de cualquier derecho, bajo variantes retóricas del viejo “el que no la debe, no la teme”. Si un ciudadano no hace nada malo, no tiene por qué preocuparse de la vigilancia, porque no lo afectará. Solo los “chicos malos” podrían ser afectados. Pero el Panopticon digital tiene consecuencias...
Incluso aceptando esa premisa, la idea que la vigilancia no es mala si uno no lo es, es una aberración profunda. En el fondo, el Estado contemporáneo en las democracias liberales occidentales se está pareciendo cada vez más al Estado totalitario o autoritario de la vieja y para nada llorada órbita soviética: aquellos que se portan bien no tienen nada que temer. Qué importa si el principio es que la vigilancia solo tiene razón de ser cuando existe justificación para hacerla, consagrado en cientos de constituciones, comenzando por la cuarta enmienda de la Constitución de los EEUU. Lo importante es la seguridad, en manos de aquellos que sí saben qué es lo bueno y qué es lo malo.
No estamos en un escenario de crimentales o de policía del pensamiento, quizá. Pero la actitud de fondo es muy parecida. El Estado puede y debe definir lo correcto y lo incorrecto, y vigilarnos para que estemos seguros, tranquilos y felices. Si nos desviamos, el castigo es inevitable; la garantía que ese desvío no será tolerado es la vigilancia. Ese es el Mundo Feliz que la tecnología en manos de poderes descontrolados nos ofrece.
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Si PRISM te parece indignante, aunque no creas que puedas algo, dilo: firma este petitorio para que al menos se sepa que para muchos, en todo el mundo, la idea de la vigilancia constante es repulsiva.
Iré añadiendo enlaces y más datos para enriquecer el artículo. Por favor, si te parece relevante, no dudes en copiarlo y difundirlo.
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domingo, 9 de junio de 2013
Universidades: las (malas) ideas en debate
Los últimos días han mostrado una pequeña guerrita de comunicados sobre el tema de la reforma universitaria, a raíz de la discusión que desde el Congreso se promueve para tener un dictamen antes que termine la legislatura. La intención de reformar la universidad peruana es sin duda valiosa y la necesidad, más o menos evidente. Las respuestas no siempre son interesantes o válidas.
¿Se investiga poco en el Perú? Sin duda. Pero eso es reflejo de varias cosas: falta de fondos, pero también una economía que no está orientada a la Innovación, sino que reproduce productos, servicios y técnicas hechas en otras realidades. La universidad no parece servir de mucho y por eso una cantidad respetable de innovaciones en el campo, por ejemplo, de la ingeniería civil, no son adoptadas por la industria local; mientras las universidades siguen investigando, a su propio ritmo y bajo sus propias premisas.
Más dinero cambiaría esto pero no haría que las universidades súbitamente se integren mejor al sistema económico / industrial del país: se requiere acciones multisectoriales para ello. Lo que menos va a servir es crear vicerrectorados de investigación como mandato legal, porque en realidad ni todas las universidades tienen que estar orientadas a la investigación, ni se requiere una estructura jurídicamente obligada para que esto ocurra. Tampoco se va a aumentar la investigación obligando que las licenciaturas se otorgen solo con tesis. Ambas banderas son enarboladas por la ANR en un comunicado publicado el domingo 9 de junio, y no tienen más basemento que la buena intención.
Lo que lleva al tema de garantizar la calidad de las universidades. La ANR reivindica ese rol para ella, pero si ven cómo "intitula" en su horrendo sitio web el comunicado que está enlazado arriba, y consideran eso como señal del profesionalismo que se puede esperar de ella, comprenderán que es como estar por lo menos desconfiados con que cuenten con la calidad para garantizar la calidad. El punto de fondo es cómo garantizar independencia, que la cuestión de la calidad sea vista ni por el poder político, que puede ser un desastre manipulativo, ni por las mismas universidades, que mucho no han hecho por el tema. Que la cosa es compleja, lo refleja claramente la indefinición de las universidades privadas del Consorcio, que incluyen a la PUCP, y que han sido capaces de preparar un comunicado en el que piden que no se cree un organismo en el poder ejecutivo, pero que no plantean entonces qué organismo, bajo qué régimen y con qué grado de independencia, debería ver el problema de la calidad.
Entonces, ¿qué buscar? Creo que mis ideas, en la medida que sean relevantes, son consistentes: ni pretender que no hay un problema, ni creer que todo se soluciona con una ley ni mucho menos con imposiciones que no reflejen la realidad. Se necesita más dinero, pero también más información. Se necesita estándares, pero sobre todo verificación que se los use. El mercado funciona, pero perversamente: la gente estudia en la universidad pero los empleadores ignoran títulos, e incluso grados avanzados, porque se sabe que no significan nada. Mejor sería que el mercado funciona al inicio del proceso, cuando se toma la primera decisión, pero eso no es fácil de lograr.
Un sistema nacional de acreditación, que no sea manejado solo por las universidades, podría ser un primer paso, y la ley podría darle la fuerza necesaria. Hay que tenerle paciencia porque sus efectos no van a ser inmediatos. Pero otra tarea sería informar: cosas tan simples como un inventario de recursos materiales y humanos, y tablas comparativas de precios formales y ocultos, serviría un montón. En el tema de investigación, más que soluciones al interior de cada universidad, un sistema nacional de investigadores que fomente la movilidad y que garantice que aquel que está calificado tenga acceso a recursos y que su status sea respetable por cualquier universidad, sería un avance, al obligar a cualquier universidad a darle las facilidades necesarias para hacer su trabajo de investigación.
¿Será posible? No lo creo. Por un lado es mover mucho el bote, y por el otro tenemos esta tradición lamentable de creer, contra lo que nos dice la historia, que la solución a todos los problemas es una ley que imponga sistemas que luego son ignorados por todos, salvo por los funcionarios que corren todo el tiempo para demostrar que el sistema existe. Soluciones más modestas a problemas concretos en vez de intentos sistémicos condenados a ser ignorados: ojalá se pudiera...
¿Se investiga poco en el Perú? Sin duda. Pero eso es reflejo de varias cosas: falta de fondos, pero también una economía que no está orientada a la Innovación, sino que reproduce productos, servicios y técnicas hechas en otras realidades. La universidad no parece servir de mucho y por eso una cantidad respetable de innovaciones en el campo, por ejemplo, de la ingeniería civil, no son adoptadas por la industria local; mientras las universidades siguen investigando, a su propio ritmo y bajo sus propias premisas.
Más dinero cambiaría esto pero no haría que las universidades súbitamente se integren mejor al sistema económico / industrial del país: se requiere acciones multisectoriales para ello. Lo que menos va a servir es crear vicerrectorados de investigación como mandato legal, porque en realidad ni todas las universidades tienen que estar orientadas a la investigación, ni se requiere una estructura jurídicamente obligada para que esto ocurra. Tampoco se va a aumentar la investigación obligando que las licenciaturas se otorgen solo con tesis. Ambas banderas son enarboladas por la ANR en un comunicado publicado el domingo 9 de junio, y no tienen más basemento que la buena intención.
Lo que lleva al tema de garantizar la calidad de las universidades. La ANR reivindica ese rol para ella, pero si ven cómo "intitula" en su horrendo sitio web el comunicado que está enlazado arriba, y consideran eso como señal del profesionalismo que se puede esperar de ella, comprenderán que es como estar por lo menos desconfiados con que cuenten con la calidad para garantizar la calidad. El punto de fondo es cómo garantizar independencia, que la cuestión de la calidad sea vista ni por el poder político, que puede ser un desastre manipulativo, ni por las mismas universidades, que mucho no han hecho por el tema. Que la cosa es compleja, lo refleja claramente la indefinición de las universidades privadas del Consorcio, que incluyen a la PUCP, y que han sido capaces de preparar un comunicado en el que piden que no se cree un organismo en el poder ejecutivo, pero que no plantean entonces qué organismo, bajo qué régimen y con qué grado de independencia, debería ver el problema de la calidad.
Entonces, ¿qué buscar? Creo que mis ideas, en la medida que sean relevantes, son consistentes: ni pretender que no hay un problema, ni creer que todo se soluciona con una ley ni mucho menos con imposiciones que no reflejen la realidad. Se necesita más dinero, pero también más información. Se necesita estándares, pero sobre todo verificación que se los use. El mercado funciona, pero perversamente: la gente estudia en la universidad pero los empleadores ignoran títulos, e incluso grados avanzados, porque se sabe que no significan nada. Mejor sería que el mercado funciona al inicio del proceso, cuando se toma la primera decisión, pero eso no es fácil de lograr.
Un sistema nacional de acreditación, que no sea manejado solo por las universidades, podría ser un primer paso, y la ley podría darle la fuerza necesaria. Hay que tenerle paciencia porque sus efectos no van a ser inmediatos. Pero otra tarea sería informar: cosas tan simples como un inventario de recursos materiales y humanos, y tablas comparativas de precios formales y ocultos, serviría un montón. En el tema de investigación, más que soluciones al interior de cada universidad, un sistema nacional de investigadores que fomente la movilidad y que garantice que aquel que está calificado tenga acceso a recursos y que su status sea respetable por cualquier universidad, sería un avance, al obligar a cualquier universidad a darle las facilidades necesarias para hacer su trabajo de investigación.
¿Será posible? No lo creo. Por un lado es mover mucho el bote, y por el otro tenemos esta tradición lamentable de creer, contra lo que nos dice la historia, que la solución a todos los problemas es una ley que imponga sistemas que luego son ignorados por todos, salvo por los funcionarios que corren todo el tiempo para demostrar que el sistema existe. Soluciones más modestas a problemas concretos en vez de intentos sistémicos condenados a ser ignorados: ojalá se pudiera...
jueves, 2 de mayo de 2013
Periodismo ciudadano, o algo así
Personalmente estoy algo cansado de la calidad de las discusiones públicas en el Perú, y particularmente de la mediocridad de la cobertura periodística. Por ello, he optado por hacer mi propio traductor. Asumo que la mayoría de reporteros quisiera preguntar algo relevante pero no puede porque los dueños del medio, o los editores que canalizan a los dueños del medio, no los dejan. Así que en homenaje a todos los reporteros serios que no pueden serlo, les pongo la versión 1.0 del traductor universal de medios peruanos. Lo que preguntan, versus lo que quisieran preguntar...
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Asunto
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Mirada irrelevante
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Mirada relevante
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Seguridad ciudadana
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¿Cuántos policías hay en la calle?
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¿Cuántos policías investigan crímenes?
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Seguridad en el transporte
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¿Se sancionará a la compañía del globo aerostático?
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¿Se controlará el transporte terrestre interprovincial?
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Política petrolera
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¿Debería PetroPerú comprar La Pampilla?
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¿Cuánto costaría habilitar otra refinería petrolera en el país y qué ganaríamos con ello?
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Política económica (desde la derecha)
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¡El estado no debe ser empresario!
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¿No tendríamos que estar reformando al estado para que funcione bien antes de afirmar nada?
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Política económica (desde la izquierda)
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¡El estado debe ser empresario!
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¿No tendríamos que estar reformando al estado para que funcione bien antes de afirmar nada?
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Política en general
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¿Qué ha dicho Nadine?
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¿Por qué diablos alguien sin cargo ni responsabilidad habla como si
tuviera cargo y responsabilidad?
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Política de defensa
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¿Por qué hay un regreso caleta del servicio militar obligatorio?
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¿Cuál es la política de defensa del Perú, y cómo se justifica que
necesitemos tantos reclutas al año?
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Cultura y espectáculos
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¿Ya probó el pisco sour?
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¿Qué se siente ser un has-been
que vive de dar conciertos en países que nunca pudieron pagarle para venir
cuando realmente era una estrella?
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Política comercial
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¿Cuánto pisco vendemos?
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¿El gobierno piensa explicar por qué firmará el TPP?
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Elecciones 2016
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¿Nadine postula?
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¿Algún candidato plantea algo nuevo?
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