Lo peor de ambos mundos

Finalmente, tras una inmensa demora, el Estado Peruano optó por renovar la concesión, vencida hace un buen rato, de tres bandas de telefonía móvil a Telefónica del Perú, a través de su marca comercial Movistar. Se trata de dos bandas en Lima, en diferente frecuencia, y una banda fuera de Lima. No es todo el negocio de móviles, y ciertamente no es el negocio completo de Telefónica en el Perú.

La renovación ha venido acompañada con una serie de nuevas obligaciones de servicio que configuran una nueva política pública de telecomunicaciones. Estas son de alguna manera formas de dorar la pildora ante la opinión pública, que se asumía iba a reaccionar mal ante cualquier continuidad de Telefónica, empresa que ha hecho mal muchas cosas y que sin duda, no ha logrado revertir la percepción de ser un asco de empresa, por atención, por precios y por calidad de servicio. Como en muchos otros casos, es discutible esto, y podríamos entretenernos un buen rato en determinar exactamente por qué esta renovación es ilegal y entreguista, como la define un congresista. Pero ese no es el punto de fondo.

Hay en realidad dos cuestiones que no se pueden ignorar. En 1994, en 1998 y en 2002, el Estado Peruano tuvo oportunidades para crear condiciones para un mercado competitivo en telecomunicaciones, y las desperdició. En el primer caso, al privatizar en paquete, lo que logró un buen precio pero demasiada concentración en el operador ganador, Telefónica. En 1998, cuando se cortó el plazo de competencia restringida que favorecía a Telefónica un año antes, y en los términos que Telefónica buscaba, con lo que se impidió el ingreso de capitales en el momento más expansivo de la industria desde su transformación por privatizaciones en la década de 1980. El 2003, por mal manejo del ministro de la época y presión del público, se implementó una serie de planes tarifarios baratos que impidieron la competencia en telefonía fija, junto cuando era previsible que en el mediano plazo iba a ser imposible dinamizar un sector que perdía importancia. Apenas cuando Telefónica adquirió las bandas de Bell South en 2004, se logró poner condiciones estrictas para favorecer a los consumidores ante la posibilidad que Telefónica aprovechara su incremento de presencia comercial.

Ahora, el gobierno demoró mucho tiempo la decisión frente a una situación que se conocía hacia rato: los contratos de concesión, firmados a 20 años, vencieron el 2011, con lo que se estuvo negociando por casi dos años algo que debió haber estado resuelto el 2010, y que Telefónica solicitó fuese resuelto en ese momento. Esta demora ha traido a su vez falta de inversiones, porque las inversiones se definen en los contratos y porque las obligaciones de servicio son más difíciles de hacer cumplir cuando un operador no sabe si continuará o no en el mercado. Pueden sonar a excusas, pero la demora del Estado Peruano es parte importante del problema.

Hay efectivamente un problema de tributación, sobre el cual asumo, pero no afirmo porque no tengo la información completa, que no se puede usar como palanca en la negociación por los términos de los contratos originales y los acuerdos comerciales que el Perú tiene con las partes. Es decir, la resolución de ese conflicto sigue un camino que no puede afectar la negociación comercial regular entre las partes.

El resultado, aunque falta revisar a fondo lo que se ha acordado, no pinta bien, por las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, responsable político de la negociación. Se ha acordado (cito a Jorge Bossio en La Mula):

1. Tarifa social para telefonía móvil para 1 millón de beneficiarios de los programas sociales y servidores públicos que trabajan en áreas rurales

2. Ampliar la cobertura en 409 capitales de distrito, con lo que se alcanzaría el 100% de las capitales distritales con cobertura móvil)

3. Acceso gratuito a Internet satelital en entidades públicas de localidades rurales

4. Acceso a 37 distritos fronterizos, ampliando la cobertura hasta el 100% de los distritos fronterizos

5. Acceso gratuito a Internet de banda ancha a  entidades estatales en aquellas capitales de provincia dónde actualmente hay fibra óptica de telefónica y en el futuro cuando haya fibra óptica como parte del proyecto de red dorsal.

6. Participación en el proyecto de comunicaciones para conectar la selva peruana

7. Transporte de imágenes de cámaras de videovigilancia.

Todas estas medidas son interesantes, pero tienen un gran defecto: son útiles para el Estado Peruano, no para los consumidores de telecomunicaciones. Al crear una tarifa social para los beneficiarios de programas sociales, se expanden estos pero se contrae el mercado, puesto que ahora los ciudadanos que se suscriban al servicio más barato son básicamente clientes cautivos del operador dominante en el Perú. Las entidades estatales, que ya podían estar pagando por su servicio incluso a operadores locales, ahora serán clientes cautivos de Telefónica. Y así sucesivamente. 

En vez de valorizar el contrato y entregar el monto que tendría que pagar Telefónica a un fondo como el FITEL, que lleva servicios a donde no se pueden pagar, o crear un mecanismo para subvencionar el servicio comercial en zonas en las que falta expansión, o en general promocionar mejores servicios para todos los peruanos, el gobierno ha convertido a Telefónica en un aliado estratégico de sus programas sociales. Sin duda un grupo de peruanos tendrá, potencialmente, muchos beneficios, pero el mercado de telecomunicaciones seguirá siendo abastecido por menos operadores con menos incentivos para ser competitivos y menos interés en ser innovadores, ahora que tienen más clientes cortesía del Estado Peruano. 

Es posible que habiendo asumido como inevitable que cualquier resolución favorable a Telefónica iba a ser mal recibida por la población, se haya optado por reforzar el carácter "social" del contrato. Sin embargo esta no es ni la mejor forma de ofrecer estos servicios, ni le hace ningún favor a todos los peruanos que no están entre los beneficiados potenciales o actuales de los programas sociales. En otras palabras, se discrimina "positivamente" con el costo de acotar la expansión del mercado de telecomunicaciones, de regularlo mejor y de posibilitar más oportunidades tanto en la oferta como la demanda. 

Hay que esperar para ver si hay una valorizar monetaria efectiva, y no solo contable que pone como aporte de Telefónica lo que le da al Estado para sus programas sociales. También hay que esperar a ver si nuevas condiciones de servicio hacen más fácil el control por parte de Osiptel e Indecopi de la calidad y amplitud de los servicios de Telefónica, para aquietar la demanda de mejoría en ese campo. Hay que ver también si alguna cuestión sobre tarifas aparece en el horizonte. La crítica de Carlos Huamán es demoledora y merece una buena lectura, especialmente porque enfatiza los aspectos más técnicos del acuerdo y sus defectos de fondo.

Lo cierto es que, incluso si se acepta que era muy difícil no renovar las concesiones, dada la realidad del mercado de telecomunicaciones tanto local como internacional, la manera como se ha decidido hacerlo es poco acertada. Ojalá el debate vaya por ahí, y ojalá que los peruanos podamos discutir sobre lo que necesitamos en telecomunicaciones más allá de prejuicios y miradas cortoplacistas de cualquier tipo, para evitar que algo como esto sea visto como la única o la mejor forma de negociar concesiones. Porque no lo es.

(Disclosure: no trabajo, ni he trabajado para Telefónica ni para ningún otro operador de telecomunicaciones. Soy consultor de Fundación Telefónica en temas de educación y TIC, pero no tengo contacto con temas regulatorios, de mercado o incluso, estrictamente hablando, de telecomunicaciones, que son manejados por la empresa y no por la Fundación. Mi contacto con la empresa es mínimo y de carácter informativo. La opinión aquí expresada es mía).

Mi regalo para Lima: yo, el supremo

La iniciativa ¿Qué le regalarías a Lima? me ha inspirado. Lo pensé un buen rato y me di cuenta que solo hay un regalo posible, que además no solo lo podría dar yo, sino que en realidad sería igual de viable para todos los limeños.

¿Cuál es? Yo.

El supremo, el déspota ilustrado, el dictador por la gracia de dios, el sátrapa aquemenido local, el imperium maius citadino. Cosa que un corto plazo, todos los problemas de Lima se terminarían, gracias a mi hábil mano y sabia conducción. Haría ocho cosas que harían a Lima la perla del Pacífico, la nueva Jerusalem, la Zhong Jing, la cuarta Roma, Asgaard, como quieran llamarla.

1. Declararía bajo dominio eminente toda el área cercana a La Parada y se la entregaría a un fondo soberano de los Emiratos Arabes, para que conviertan el cerro El Agustino en un parque forestal, aplanen los cerros El Pino y San Cosme y habiliten super lofts, construyan en la actual Parada el mayor centro de convenciones del mundo, y pongan un hotel de 60 pisos mínimo al costado. La zona sería el nuevo centro y quedaría fabulosa, con metro aéreo al lado.
2. En un arrebato Hamelinico, conseguiría suficientes grúas para sacar de Lima a todos los Ticos, ADs, Proboxes, combis asesinas y demás en una sola noche, y las pondría en una flotilla de barcos rumbo a China donde siempre están comprando chatarra.
3. Aboliría la independencia política del Callao y crearía una sola gran área metropolitana con suficientes fondos por habitante, más el canon del puerto y del aeropuerto. Esto de varias ciudades en una funcionará en Los Angeles o Londres, pero definitivamente no en Lima.
4. Convertiría al Serenazgo Unificado de Lima Metropolitana en una policia metropolitana con responsabilidad en Tránsito, Transporte, Seguridad Ciudadana Básica (tranquilidad, patrullaje y asuntos domésticos), Defensa del Consumidor y Prevención del Delito, dejando el resto a la Policía Nacional. Si el gobierno central se pone fastidioso cerraría el Serenazgo en una y le recordaría al Presidente de la República que si no va a ayudar, que se haga cargo de todo él solo, a ver cuánto se demora en reponer las atribuciones de mi Guardia de Corps, perdón, Serenazgo Metropolitano. 
5. Mis hoplitas, perdón, Serenos Metropolitanos, cercaría San Jacinto y similares; darían una advertencia de dos horas para que todos evacuen y procedería a echar Napalm en la zona. La chatarra resultante se vendería a los chinos como yapa de la masacre de combis y convertiría todas esas zonas en parque zonales. 
6. Cambiaría toda la zonificación urbana para que todo edificio nuevo se construya con retiros significativos y áreas verdes alrededor, y suficientes estacionamientos internos para cada vivienda. Además tendrían que tener jardines urbanos en los techos y un monumento al Basileo Metropolitano en la entrada. 
7. Entregaría la construcción y explotación de un metro a una empresa gigantesca a la que le pondría condiciones claras, metas de gestión bien definidas a cambio de estabilidad tributaria y derechos de explotación por cien años. De paso les pediría que pongan  buses de dos pisos como los de Londres, porque me encantan y no hay nada más divertido que ir en primera fila en el segundo piso cuando frenan. 
8. Organizaría un festival de fuegos artificiales por Año Nuevo en la Isla San Lorenzo, tan inmenso que se vea hasta Cañete, y que dure 20 minutos, y al final se prenderían láseres que iluminarían el humo con mi nombre, o el de cualquiera que se gane un concurso de panegíricos en mi nombre. 

De más estar decir que esto es una broma, ¿no? Pero ¿qué harías tú si el destino te convierte en Zar de todas las Limas?

El gran conflicto tras una tragedia personal: Aaron Swartz, 1986-2013

El suicidio de Aaron Swartz nos convoca alrededor de una situación confusa e injusta, pero que tiene raíces concretas en un conflicto político que puede definir nuestra vida digital.

Swartz, de apenas 26 años, era un hacker natural, del tipo que a los catorce años ya era un innovador de los estándares técnicos de la Web, y que además abrazaba radicalmente el imaginario hacker, que se puede resumir en la frase “la información quiere ser libre”. Su postura se enfrentaba con la legislación altamente represiva que los EEUU han montado en las últimas dos décadas, y por ello cuando Swartz decidió “liberar” contenidos de una popular base de datos académica, JSTOR, como una acción de “acceso abierto de guerrilla”, fue denunciado por robo bajo leyes federales con penas muy severas. El proceso judicial lo ponía en riesgo de una condena de 50 años, peor que las de narcotraficantes, por la manera como el fiscal valorizó el daño económico, y la manera como los jueces federales en EEUU están sometidos a restricciones sobre cómo determinar las penas en estos casos.

Aunque no se conocen los motivos del suicidio, la insinuación de muchos allegados a Swartz es que la perspectiva de arruinarse financieramente, y de perder el juicio, combinada con problemas de depresión, se unieron para llevarlo a actuar de esa manera. Una tragedia sin duda, pero que debería servirnos para iluminar el debate de fondo.

Swartz representaba una corriente radical en el movimiento del openness, que busca aprovechar las facilidades técnicas que brinda la Internet para facilitar al máximo a contenidos de todo tipo. Como todo movimiento hay tonalidades: desde Creative Commons, que propone que los creadores intelectuales liberen sus nuevas obras, pasando por proyectos como PLoS o Internet Archive, que facilitan la distribución de los contenidos, o por Wikimedia; y en el otro extremo Wikileaks y todos los que plantean que la información no solo quiere, sino que debe ser libre, y que no se debe crear restricciones legales o técnicas. Swartz llegó, como se mencionó, a proponer una guerrilla de acceso abierto, lo que es solo comparable a la actitud final de Wikileaks al liberar cables diplomáticos sin consideración a las consecuencias.

No hay duda alguna que las acciones sobre JSTOR fueron ilegales, desde el acto de intervenir físicamente un punto de acceso a la Intranet del MIT hasta la circulación de contenidos que se distribuye bajo suscripción. Del otro lado, el argumento que es un “crimen sin víctimas” niega la posibilidad de prejuicio económico para los productores de la base de datos, lo que es al menos discutible. La agresividad legal es, sin embargo, producto de la capacidad de las industrias de contenidos para promover legislación que sobre valora estos crímenes y su impacto económico, y que es parte de la lenta conversión del Estado contemporáneo de un campo de negociación entre multiplicidad de actores políticos en un ejecutor de intereses comerciales transnacionales.

El estado informacional, como lo llama Sandra Braman, dedica muchos recursos a garantizar el bienestar de las corporaciones transnacionales, no solo en el campo de la información y los contenidos, sino en general, porque estas empresas se han convertido tanto en financieros de los actores políticos, como en la base del crecimiento económico sobre el cual descansa el bienestar de los países. Ergo, las corporaciones obtienen más respaldo que los individuos, y en particular los ciudadanos deben respetar a las corporaciones con mucho más énfasis que lo opuesto. La situación de Swartz es pues resultado de esta desproporción.

Por su parte, la mirada libertaria de Swartz está fundamentada en una percepción casi anarquista de la relación entre sociedad e individuo, en la que es imposible que los individuos sean representados fielmente por instancias organizadas, y es necesario que cada individuo sea capaz de actuar por su cuenta en búsqueda de sus intereses y beneficios. El hacker, como ser libre que resuelve los problemas en asociaciones breves y precisas con otros individuos similares, busca tener acceso a todo lo que le interesa en sus propios términos.

Los hackers como Swartz plantean una equivalencia moral confusa: las posibilidades de la técnica deben determinar las opciones de circulación de la información, no los intereses que aquellos que hayan creado la información o los mecanismos para circularla. Es una idea que suena atractiva pero que es poco viable en el contexto general de una sociedad capitalista, a menos que se considere como la única forma de generación de ganancia aquella que se basa en la innovación tecnológica digital. Swartz, que se hizo millonario como uno de los fundadores de Reddit, es el resultado de una economía de especulación en donde el valor mercantil no es comparable al valor intrínseco de los bienes digitales, especialmente porque dichos bienes no tienen cómo ser valorizados objetivamente. La especulación bursatil sostuvo a personas como Swartz pero también les puso límites, puesto que es la búsqueda de retornos por las empresas de contenidos la que crea las restricciones a la circulación de contenidos.

A la larga, la opción de Swartz es tan valida como la de un Murdoch: cómo hacer dinero en el capitalismo depende de cómo se crea valor a través no solo de la innovación, sino de la consolidación de un régimen económico y legal en el que mi manera de hacer plata está protegida por el sistema. La propuesta de Swartz se dio contra las realidades del capitalismo global digital, y su entusiasmo activista lo llevó a acciones que lo pusieron en un enorme riesgo personal.

Su suicidio es una tragedia, pero el debate sigue en pie, quizá con más tonalidades que el blanco y negro que gente como él propone: ¿cuál es el equilibrio entre los intereses, egoístas o colectivos, económicos o culturales, de los individuos, y el accionar del capital? En el fondo, es una nueva versión de un debate que desde Adam Smith atormenta a los comentarios del capitalismo. Ojalá que su muerte ayude a mirarlo con más amplitud.

Publicado originalmente en Sophimania.pe, 14/01/2013

Siete deseos para el 2013

1. Que ciertos términos sean finalmente descartados. Que dejemos de hablar de "community managers" cuando nos referimos a administradores de medios sociales, o de Web 2.0 cuando hablamos de medios relativamente incoherentes y sin relación tecnológica o comunicativa entre sí. Que dejemos de usar "sociedad de la información" para referirnos a políticas de telecomunicaciones o de gobierno electrónico.
2. Que los medios peruanos maduren, no por el lado tecnológico o novomediático, sino como medios. La televisión local es un páramo, la radio otro mucho peor salvo mínimas excepciones (salve Doble Nueve); los diarios son sensacionalistas, acríticos y urgidos por llamar la atención, incluso en los casos buenos en que hay periodismo de investigación y alguna cobertura inteligente de áreas como economía, internacionales o culturales. No hay alternativas muy notorias en la Internet, a pesar del esfuerzo de Noticias Ser, o el intento algo desordenado todavía de La Mula. Estamos lejos...
3. Que no gane la revocatoria, no porque crea que la gestión Villarán sea extraordinaria, sino porque realmente es una tontería revocar con el pretexto de la ineficacia a quien en realidad afecta intereses políticos de corruptos, o porque me cae chinche, que creo sinceramente es la razón predominante en muchísima gente, que disimula su machismo o su "clasismo" tras la excusa de la ineficacia, que tampoco es tan grande o tan distinta a ineficacias anteriores. No es un ejercicio democrático revocar a una autoridad elegida correctamente usando tácticas llenas de falsedades y acomodos de ocasión.
4. Que la oferta tecnológica local se amplie: que haya más opciones para comprar, y no tener que escoger entre tiendas por departamentos con poca oferta y peor asesoría, y pequeñas tienditas que no dan crédito o que esperan pagos al contado para dar precios competitivos. No todo tiene que ser la iStore pero ni siquiera Hiraoka es ideal: un supermercado tecnológico quizá sea mucho pedir, pero algo mejor que lo que tenemos...
5. Que en la PUCP logremos desarrollar un consenso sobre cómo enfrentar el conflicto con la Iglesia Católica, con la que cualquier pretensión de convivencia hace rato dejó de ser ni siquiera una ilusión. Continuar el status quo, en donde la PUCP espera que la Iglesia se deje de agresiones para volver a conversar y la Iglesia solo piensa en agredir para producir arrepentimiento y una humillación de Canossa de parte de las autoridades, solo garantiza seguir metidos en una trampa de manufactura propia. 
6. Que el debate en comunicaciones sean más integrado y sistemático. Me sigue sorprendiendo la falta de diálogo ya no entre posturas teóricas sino entre temáticas que tenemos en el campo en América Latina en general y en el Perú en particular. Necesitamos integrar mejor las distintas perspectivas y lograr miradas de conjunto que superen paradigmas anclados en el viejo pensamiento crítico, que tuvo su tiempo y su lugar pero que ya no es relevante.
7. Que los intelectuales públicos dejen de conversar entre ellos y comiencen a conversar con la ciudadanía. Más allá de lo interesante que pueda ser, discutir si tenemos o no liberales en el Perú es esencialmente inside baseball, algo que le interesa a los que escriben pero que no afecta la marcha política del país. Los temas académicos merecen discusiones académicas, pero los temas públicos merecen ser tratados para todos y con la intención de encontrar consensos, no definir paradigmas interpretativos. Ojalá lo logremos para mejorar la marcha del país.